Objetan precios de la video vigilancia

La firma platense Adlater aseguró que, como es proveedora del Estado pampeano, tenía el cumplimiento fiscal al día. El Ministerio de Gobierno le adjudicó la prestación a Sutec en 467.000 dólares.
JUAN JOSE REYES

Después de dos licitaciones fallidas (números 03/07 y 26/07), el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad convocó a un pedido de precios (02/08) para proveer, instalar y poner en marcha bajo la modalidad llave en mano un sistema integral de video vigilancia urbana en Santa Rosa y General Pico. El gobernador Oscar Mario Jorge firmó el 27 de enero último el decreto N° 80, adjudicándoselo a la firma Sutec S.A. en 467.815 dólares, un monto muy inferior al propuesto por los otros oferentes, Telefónica y Eyse.

La empresa Adlater S.A., que no pudo participar de la compulsa por haber tenido vencido el cumplimiento fiscal -de acuerdo a la versión de la Dirección General de Rentas-, formuló fuertes objeciones ante el ministerio. ¿Qué hizo? Solicitó tomar vista de las actuaciones (se lo negaron), pidió la suspensión del acto administrativo y finalmente interpuso "un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio". La empresa bonaerense objetó a la D.G.R. haberla excluido por no presentar el certificado de cumplimiento fiscal cuando el organismo recaudador pampeano, por ley, puede emitirlo en forma automática a través de su página web (a esa fecha Adlater dijo estar al día con sus obligaciones fiscales).

El engorro jurídico y las dudas surgidas sobre ese pedido de precios, que se infiere podría tratarse de un grosero error administrativo, no se sabe cómo concluirá. ¿La demora en la adjudicación tiene que ver con las presentaciones de Adlater o se debe a un retraso de Sutec en la provisión del sistema de video vigilancia Programa de Protección Comunitaria o, como algunos lo llaman, El Gran Hermano de La Pampa? Las cámaras estarán ubicadas en lugares céntricos de las dos principales ciudades. Las actuaciones objetadas, el cercenamiento al derecho a tomar vista del oficio (decreto reglamentario 1684/79) y la revocación solicitada, preocupan en distintos ámbitos del Estado, pues se habría afectado la garantía del debido proceso legal.

Licitaciones desiertas.

Por el decreto 92 del 26 de enero de 2007 (expediente 13821/06) el gobernador Carlos Verna intentó implementar, en el marco del Programa de Protección Comunitaria, elaborado por el Ministerio de Gobierno para las áreas urbanas y suburbanas de Santa Rosa y Pico, el sistema de video vigilancia. El objeto del proyecto es la prevención y esclarecimiento de delitos penales mediante la captación de imágenes en espacios públicos o abiertos al uso público.

En la normativa se dice que las imágenes captadas por las cámaras se encontrarían visibles en un único centro de operación y control ubicado en la Jefatura de Policía, suscribiéndose un compromiso de confidencialidad, pues la filmación es ininterrumpida y se almacenará por 60 días.

Las imágenes captadas serán guardadas en soporte magnético en el Centro de Archivado y Procesamiento de Imágenes, bajo el contralor de la autoridad de aplicación, y después de dos meses se borrarán en forma automática, pudiendo ser utilizadas sólo por la autoridad policial a los efectos del ejercicio de su competencia legal y/o por autoridad judicial competente. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno.

La primera apertura de sobres se realizó el día 30 de marzo de 2007, con un presupuesto oficial de 1.850.000 pesos. La licitación fue declarada desierta. El 16 de octubre hubo otro llamado fallido. Por el decreto 212 del 11 de febrero de 2008 -ya con Jorge en el gobierno- se rechazaron las ofertas de Telecom Argentina, Soft Net, Telefónica Data Argentina, Damovo Argentina, Sutec y Equipos y Sistemas Electrónicos, por la inadmisibilidad de las ofertas en virtud de no haber cumplido con las especificaciones técnicas del pliego.

Pedido de precios.

Las dos licitaciones fallidas llevaron al gobierno a cambiar la estrategia, por lo que se autorizó a Gobierno a contratar una empresa en forma directa mediante un pedido de precios (decreto 2871/08 del 10 de octubre). El 27 de enero pasado, por el decreto N° 80, el gobernador aprobó el pedido de precios Nº 02/08 convocado por el MGJyS el 22 de diciembre para la instalación de las cámaras de video vigilancia urbana.

En la compulsa participaron cuatro empresas (Sutec, Adlater, Eyse y Telefónica). Como se explicó anteriormente, se dejó fuera del acto de apertura de sobres a Adlater. Telefónica y Eyse presentaron ofertas por valores superiores a los 600.000 dólares (627.548,17 Eyse y 610.459 Telefónica Data). Sólo Sutec cotizó por debajo del presupuesto oficial en "35 centavos de dólar". Por tal motivo se le adjudicó la prestación por 467.815,88 dólares, convertidos en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de efectivo pago; según lo establecido en el decreto Nº 2871/08 y normado por la Ley Nº 3 de Contabilidad. De esa suma 298.785 dólares serán para la instalación del sistema en Santa Rosa y 169.030 en General Pico.

Las compras estatales deben pasar, por regla, a través de una licitación pública; y por excepción, por concurso privado o en circunstancias muy especiales, como parece haber sido en este caso, por compra directa. Pero nunca puede renunciarse a la transparencia y regularidad del acto, como tampoco al control permanente del servicio contratado, cosa que según Adlater no se cumplimentó.

Dudas y objeciones.

Las objeciones presentadas por Adlater, por intermedio de su presidente, Hugo José Turcazo, abren dos grandes dudas. La primera está referida a que, según la empresa platense, "la instalación, del modo que era requerida, le mereció graves reparos técnicos en cuanto a su funcionamiento efectivo". En otras palabras, la firma no se presentó en las dos licitaciones fallidas porque lo solicitado por el gobierno no iba a tener un funcionamiento eficaz. La segunda, la más grave, pues hay dineros públicos en juego, es el porqué Adlater hizo un planteo administrativo.

La empresa adujo que "habiendo un sistema por el cual el cumplimiento fiscal de una firma se hace en forma automática, la Jefatura de la División de Impuestos sobre ingresos brutos le impidió participar estando el día (es proveedora de la provincia desde 2005)".

El certificado de cumplimiento fiscal se emite a solicitud del contribuyente, con renovación semestral y el de Adlater -según la empresa- poseía vigencia hasta el 30 de noviembre de 2008 por lo cual, si necesitaba renovarse, tendría que haberlo solicitado a la D.G.R. con una anticipación de 48 horas. Más aún, la apertura del concurso estaba prevista para el 1 de diciembre y fue postergada para el 4, por tanto su habilitación hasta el día 30 de noviembre estaba vigente. Siempre según la presunta damnificada, no hacerle lugar "implica una falta grave de los deberes de funcionario público y un incumplimiento de las obligaciones de la Dirección de Rentas de acuerdo al decreto N° 502/99".

En su página web Rentas informa que por aquel decreto "han sido reemplazados en forma automática con vigencia hasta el 30 de mayo de 2009 para aquellos contribuyentes que ya lo hubiesen obtenido en el corriente semestre (el segundo del 2008) y se encuentren en condiciones de ser renovados, según nuestro sistema informático".

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