Objetan el manejo de las cuentas públicas en el Gobierno de Barrionuevo

"El gobierno de la provincia no ha rendido desde 2002 la cuenta de inversión, evitando de este modo los controles de gastos que una gestión transparente debe realizar a la legislatura y al Tribunal de Cuentas", señaló el diputado radical Jorge Rizzotti, agregando que esta situación impide al pueblo jujeño conocer el destino de sus impuestos.
Remarcó que con ello, el Gobierno incurre en incumplimiento del mandato constitucional del Art. 137, que instituye el deber del gobernador de "dar cuenta de la ejecución del presupuesto" del año anterior.

También se viola la Ley de Administración Financiera, la cual ordena a la Contaduría de la provincia preparar la cuenta de inversión y presentarla anualmente a la Legislatura antes del 31 de mayo.

"Durante la gestión de Eduardo Fellner comenzó esta práctica inconstitucional que ha persistido desde que comenzó la administración de Barrionuevo", sostuvo el vicepresidente 2º del parlamento provincial.

Al control legislativo llegó sólo parcialmente la rendición de algunos gastos en los últimos cinco años, en tanto que al Tribunal de Cuentas se le retacearía la documentación para que lleve adelante su tarea de auditoría.

Para Rizzotti "el Estado necesita controles que garanticen a los ciudadanos un estándar mínimo de eficacia, eficiencia y efectividad en el gasto público", al tiempo que lo consideró una condición para cualquier planeamiento estratégico para el desarrollo económico y social.

El Ejecutivo regularizó la práctica de formular y someter a su aprobación el proyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, "pero al mismo tiempo instauró la práctica de evadir los controles de los gastos tanto en la dimensión política como jurídico-formal", subrayó el diputado.

Apuntó que de nada sirve que los representantes del pueblo aprueben cada año un presupuesto si después no es posible ejercer un contralor de lo efectivamente ejecutado con el dinero de los contribuyentes. "Esto cobra un matiz especial en una provincia con una historia de funcionarios sospechados por actos de corrupción".

El legislador enfatizó que "la situación de Jujuy es atípica respecto de otras provincias donde el control parlamentario sobre el gasto público es una práctica regular, y donde los responsables del gobierno contribuyen a la transparencia de sus gestiones informando a los órganos de control y a la opinión pública el destino de los recursos públicos".

"Esta es una situación grave desde el punto de vista institucional, ya que se están incumpliendo disposiciones constitucionales y legales específicas y desde el punto de vista político porque se impide el ejercicio de funciones propias de la Legislatura", remató Rizzotti.

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