Dos ONG objetan la falta de publicidad del incremento

Planteos de Poder Ciudadano y de Cippec.
“El secreto en la toma de decisiones públicas invita a la sospecha y va en contra de la legitimidad de los procesos políticos y de las decisiones tomadas”. La contundente reflexión corresponde a la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso.

La referente de la fundación, que nació en 1989 en procura de la defensa de los derechos cívicos en el país, no tiene dudas del negativo impacto de la decisión adoptada por el vicegobernador, Juan Manzur. “Fundamentar ante la ciudadanía las razones de un aumento salarial son formas esenciales de transparencia y de rendición de cuentas. Actuar en contrario atrasa, erosiona la confianza y sólo alimenta la desilusión ciudadana frente a los políticos, la política y la democracia, escenario que termina siendo pésimo para todos. Incluso para aquellos que, a puertas cerradas, se dan un aumento”, aseveró Alonso. Luego, reforzó sus planteos: “¿Para cuándo las paritarias de los políticos electos? Nadie pretende que ganen poco; no se trata de cuánto, sino de cómo se deciden estas cosas. Con este mismo hermetismo se cambian partidas presupuestarias o se adjudican obras públicas; sin transparencia y sin rendirle cuentas a nadie”.

También desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) se profundizaron las objeciones. Fernando Straface y Geraldine Oniszczuk, director y analista del Programa de Política y Gestión de Gobierno de Cippec, respectivamente, consideran que la marcha atrás del presidente de la Legislatura confirma la necesidad de que estas medidas tengan un previo consenso público. “Muestra que estas decisiones, cuando no tienen consenso público, deslegitiman la función pública y no resultan efectivas. Cuando el asunto toma relevancia no sólo se cuestiona el incremento de los salarios de los funcionarios sino que también se pone en duda la forma en la que se decide, aumentando el costo político de la decisión y el descontento social”, evaluaron en un documento.

Paralelamente, reclamaron un sinceramiento a la sociedad: “existe una posición contradictoria por parte de una ciudadanía que, por un lado demanda mérito e independencia en la función pública pero, por el otro, tiende a cuestionar fuertemente cualquier tipo de iniciativa que se refiera a la discusión respecto del costo de la política. ¿Qué hubiera pasado si la decisión se hubiese tomado en un marco de discusión pública? Es probable que el monto de la suba no hubiera sido el mismo, pero seguramente se hubiese logrado llegar a un acuerdo que garantizara la viabilidad de la medida y evitara el descreimiento social sobre la clase política”.

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