El “Nunca Más”, como gérmen de la búsqueda de verdad y justicia

Capital Federal - El informe elaborado por Conadep, que recopiló denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, cumplirá este sábado 30 años desde que fue entregado al entonces presidente Raúl Alfonsín.

El trabajo de la Conadep, que probó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas puesto en práctica en la última en la Argentina desde marzo de 1976, se constituyó como documento clave para el Juicio a las Juntas Militares realizado en 1985 y como germen de los proceso de búsqueda de verdad y justicia impulsados luego desde la secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

“Fue una gran tarea de acercamiento a la verdad y a la justicia y, con el correr de los años, sus líneas de trabajo fueron el germen de las tareas desarrolladas desde entonces por la Secretaría”, sostuvo Silvia San Martín, quien está a cargo del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, sobre el documento que Alfonsín recibió el 20 de septiembre de 1984.

La Comisión que elaboró el Nunca Más estimó que fueron 8.960 las personas en situación de “desaparición forzosa”, aunque advirtió en sus “conclusiones” que el resultado de la recopilación de denuncias no podía considerarse como definitivo, dado que había sido “comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados” y que cabía que la nómina incluyera a personas que no hubieran comunicado el cese de su desaparición.

Además de las advertencias, la Comisión elaboró una serie de “recomendaciones”, plasmada en el capítulo 7 del documento, para el organismo que la reemplace. Algunos de los consejos eran que se remitiera a la Justicia la documentación recogida para su investigación y que se dictaran normas para que los familiares de las víctimas recibieran asistencia económica.

“La Subsecretaría de Derechos Humanos -y luego la Secretaría- tomó las recomendaciones de Conadep”, afirmó San Martín quien, a modo de ejemplo, detalló que “la Comisión realizó 81 elevaciones a la Justicia y la secretaría 246 elevaciones, hasta que se sancionaron las leyes que garantizaron la impunidad”.

“Con la reapertura de los juicios, luego de la derogación de la Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Secretaría trabajó en las querellas de los juicios de todo el país y aportó información para el desarrollo de los mismos”, sostuvo la funcionaria en diálogo con Télam.

“Se sancionaron leyes reparatorias (leyes 23.466; 24.321; 24.411; 24.043) y las personas que no habían denunciado hasta el momento, se acercaron a la entonces subsecretaría de Derechos Humanos, dando cuenta de nuevos casos. Se amplió la cantidad y calidad de los registros, logrando un cúmulo de información desconocida aún”, aseguró.

El Registro Unificado de Víctimas -que encabeza San Martín- es un programa de la Secretaría de Derechos Humanos, que se compone de un conjunto de aplicaciones (bases de datos relacionales) desarrolladas originalmente en el ámbito de la ley 24321, de desaparición forzada de personas, cuya historia está unida al archivo unificado de la Conadep y la secretaria de Derechos Humanos y en articulación con el Registro de Fallecidos (Ley 24411).

La funcionaria reconstruyó la historia de ese organismo: “Como hitos fundamentales podemos señalar una primera unificación de bases de datos que data de 1997, al integrarse las denuncias recibidas por CoNaDeP con las recibidas en la Secretaría. La segunda unificación se llevó a cabo en 2004, al sumarse la totalidad de las denuncias recibidas y probadas por el RedeFa y lograrse en conjunto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), el Registro de mujeres embarazadas”.

Uno de los puentes más evidentes entre el trabajo de la Conadep y el desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos tiene que ver con la continuidad en la recopilación de testimonios de víctimas directas e indirectas del terrorismo de Estado.

“La continuidad en la recepción de testimonios de personas que permanecieron detenidas y fueron liberadas, denunciantes de hechos vinculados al terrorismo de Estado, familiares que denuncian desapariciones o asesinatos o que amplían denuncias ya recibidas, nos permite conocer datos fundamentales para saber del cautiverio de muchas personas y en algunos casos dan las claves para hipotetizar sobre el destino final de las víctimas”, remarcó San Martín.

“En el año 2006, en ocasión de la reedición actualizada del Informe Nunca Más, se realizaron nuevos cotejos con los registros de las leyes reparatorias, relectura masiva de datos y carga, que aún hoy continúa en desarrollo”, explicó.

El Registro de Víctimas del Terrorismo de Estado se encuentra en proceso de articulación con las secretarías, direcciones y organismos de todo el país, con el fin de sistematizar la información y generar una herramienta federal que aporte a la construcción colectiva de la información.

La Conadep había sido creada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de haber asumido la Presidencia, para investigar "las gravísimas violaciones a los derechos humanos", recopilar "denuncias y pruebas" para remitirlas a la Justicia e intentar determinar "el destino de las personas desaparecidas".

La Conadep se reunió por primera vez el 22 de diciembre de 1983, en el segundo piso del Centro Cultural General San Martín, cuando comenzaron a recibir lo que se transformaría en una avalancha de denuncias.

La comisión presidida por Sabato estuvo integrada por el jurista Ricardo Colombres, el cardiocirujano René Favaloro, el ingeniero Hilario Fernández Long, el pastor metodista Carlos Gattinoni, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino norteamericano Marshall Meyer, el obispo Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.

También tomaron parte en la tarea, Graciela Fernández Meijide, a cargo de la recepción de denuncias, y Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte, en representación de la Cámara de Diputados de la Nación.

El equipo de trabajo que se abocó a la tarea se completó con los secretarios Daniel Salvador (documentación y procesamiento de datos); Raúl Aragón (procedimientos), Alberto Mansur (asuntos legales) y Leopoldo Silgueira (administrativo).

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