Por Diego Lanese

Conocido en la jerga política como “la ley de leyes”, el presupuesto define, en teoría, la gestión de un gobierno. Es no sólo la proyección del uso de los recursos, sino la más fiel radiografía del pensamiento de un gobernante. Definir a dónde se destinarán más recursos, recortar otros, es una definición política más fuerte que cualquier discurso, que cualquier campaña. El presupuesto, de alguna manera, hace a los gobernantes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la proyección para el 2017 es la primera que tendrá la impronta completa de María Eugenia Vidal, cuyo primer año de gobierno giró en torno a sus quejas por la “pesada herencia” y las dificultades para articular cambios significativos en un escenario complejo, donde debió recurrir a la negociación constante con el resto de las fuerzas.

En los últimos días, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires llegó a la legislatura. Por su extensión y complejidad, se cree que pasarán varias semanas y sesiones hasta que logre el visto bueno, y esto incluye modificaciones lógicas de todo proceso de negociación. El actual bosquejo es, en ideal, cómo piensa Vidal a la hora de gestionar.

Los primeros números son, como el territorio bonaerense, bastos y susceptibles a discusión. La proyección de gastos asciende, en promedio, a los 520 mil millones de pesos, incluyendo un monumental endeudamiento de unos 60 mil millones de pesos. Estos fondos representan un 26 po ciento más de gastos que los que piensa ejecutar el gobierno este año, que según los cálculos estarán alrededor de los 413 mil millones de pesos.

Los arquitectos del “dibujo contable” son los principales colaboradores de la gobernadora, empezando por el Ministro de Gobierno, Federico Salvai, y su par de Economía, Hernán Lacunza. La presencia de algunos legisladores de la oposición en la última reunión que terminó de delinear los detalles del proyecto habla de un intento de primera mano de consensuar con el resto de las fuerzas, buscando los dos tercios necesarios (31 senadores y 61 diputados) para dar el visto bueno.

Con el presupuesto llega otra definición político-económica de peso: el proyecto de Ley Impositiva, que define la suba de impuestos que afectarán a los bonaerenses. Si bien la gobernadora ya anticipó que no aplicará el revalúo fiscal, sí habrá un ajuste sobre el impuesto Inmobiliario urbano y rural del orden del 36 por ciento, fundamentado en la necesidad de actualizar los valores en torno a la inflación.

Con los números sobre la mesa, comenzaron los análisis, y las controversias, en una discusión clave para el futuro de la gestión de Vidal. Política del Sur accedió a algunos úmeros para plantear un panorama de cómo se proyecta la Provincia para el año que se viene.

Endeudamiento polémico

Sin duda los 60 mil millones de pesos de endeudamiento son la columna vertebral del proyecto de Vidal, y el punto en que más harán hincapié los opositores. Desde el oficialismo aseguran que esos fondos son “absolutamente necesarios” para una Provincia que en muchos aspectos funciona como “en quiebra”. Son esos fondos se busca cubrir unos 35 mil millones de déficit que tendrá el futuro presupuesto, mientras el resto (unos 25 mil millones) se proyectan para amortizar la deuda histórica. Este año, Vidal logró la aprobación del mayor endeudamiento de la historia bonaerense, y por el momento parece no poder salir del círculo viciosos que genera este verdadero agujero negro.

“No estamos endeudándonos para pagar salarios, sino para obra. De hecho, si no hiciéramos obras o si mantuviéramos el nivel de obra del gobierno anterior no habría déficit”, remarcó Lacunza, cuando se lo consultó sobre el endeudamiento. En este sentido, remarcó que todos esos fondos irán “para gastos de infraestructura y para renovación de deuda anterior”. Además, desde Economía se informó que parte de esos fondos irán para programas sociales, aunque no se especificaron cuales.

También se pretende usar una parte para cubrir los 12.900 millones de pesos de déficit de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Obras públicas: más infraestructura

Sin duda, la gran apuesta de Vidal para este presupuesto es la obra pública, a través de un plan de infraestructura que le cambie la cara a su gobierno. En la presentación del proyecto, la gobernadora lo dejó en claro. “Superada la emergencia financiera que existía en la Provincia al iniciar esta gestión, y a partir de las mejores condiciones macroeconómicas que ofrecerá el país en el año entrante, el (año) 2017 se presenta fértil para consolidar el programa de desarrollo bonaerense iniciado en 2016, donde destaca el ambicioso plan de infraestructura que madurará con pleno impacto en el nivel de empleo, sin descuidar el acompañamiento a los más vulnerables en el camino hacia el desarrollo sostenido”, dijo Vidal.

En números, este programa contará con una buena cantidad de fondos. El presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos es de más de 20 mil millones de pesos, incluyendo áreas como agricultura o ciencia. En consonancia con Vidal, Lacunza adelantó que “el año que viene vamos a invertir en obra pública cuatro veces más que en 2015, sólo en la Provincia. El gasto respecto de esta cuestión en el presupuesto pasa del 3,5 por ciento en 2015, al 6,5 por ciento en 2016 y al 8,5 por ciento en 2017”. Voceros del gobierno creen que con estos fondos se crearán 70 mil  puestos de trabajo directos y algo más de 40 mil empleos indirectos.

El plan incluye 826 obras de las cuales 442 son nuevas por un total de 13 mil millones de pesos, entre las que se consignan inversiones en agua potable, saneamiento y control de inundaciones por más de 9.300 millones de pesos. También contempla 28 obras en materia de transporte y energía destinadas a mejorar la infraestructura productiva por un monto de 1.578 millones de pesos.

Con este plan, Vidal busca una movida clave: seducir a los intendentes. En las reuniones previas, los jefes comunales se mostraron preocupados por los fondos que no llegaron este año, y por la posibilidad de iniciar obras de dimensiones durante un año electoral. Los intendentes peronistas saben que esos recursos son claves, y que ahora deberán pelear con Cambiemos por esos fondos, que suelen ser “punta de lanza” de la campaña electoral.

También los intendentes radicales quieren ser parte de la discusión, y recientemente se reunieron con el vicegobernador Daniel Salvador y el senador Carlos Fernández para plantear sus reclamos. Con internas de por medio, los radicales no quieren que su peso “quede afuera de la balanza”, es decir, quieren recibir fondos –más allá de la coparticipación municipal –para dar su respaldo a la proyección de gastos.

Se achica salud

Uno de los datos polémicos del actual presupuesto es que por primera vez en mucho tiempo se achica una de las partidas claves: la de salud. Según la información recogida, la partida para el funcionamiento del sistema sanitario bonaerense se reduce un 0,72 por ciento respecto de este año, y se ubica en un piso bajo respecto a los últimos 10 años: un 5,65 por ciento del total. Con estos 29 mil millones de pesos se deberá dar respuesta a los 80 hospitales provinciales, que en su mayoría, según información propia del Ministerio de Salud provincial, tienen “serias deficiencias” en materia edilicia y de atención.

“Son malas noticias”, admitieron desde CICOP, el gremio médico de la provincia, que en medio de una disputa con el gobierno de Vidal por la paritaria del segundo semestre –todavía no se firmó, lo que generó que la semana pasada se hiciera un nuevi poaro de 48 horas –lanzó un documento crítico a la baja en salud que plantea el proyecto de presupuesto.

“En consonancia con el presupuesto nacional, además de ser inconsulto, (el presupuesto provincial) tiene una clara orientación de ajuste y mayor endeudamiento de la Provincia”, dice el texto elaborado por los médicos el último congreso de delegados. La nota de color, insólita, agregan, “es la rebaja de la partida de salud”. “El barniz publicitario de un supuesto shock de obras públicas no puede encubrir el perfil de ajuste del presupuesto que deberá ser rechazado”, afirmaron desde CICOP, que el jueves pasado marcharon a la legislatura para denunciar esta situación.

En tanto, el gobierno destacó en la materia que durante 2017 se incorporarán nuevos municipios al Servicio de Atención Médica de Emergencias, denominado SAME Provincia; que se actualizarán los valores de los principales planes sociales; y que se desarrollará el Programa Operadores de Calle para realizar un abordaje de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial.

Tope salarial: 17 por ciento

A diferencia de otros años, esta vez el presupuesto contiene una pauta salarial para los empleados del Estado: será del 17 por ciento. El número es, por ejemplo, el mismo que maneja el gobierno nacional para la inflación 2017, y que los gremios identificaron como el “techo salarial” pensado para el año que viene.

“Vidal miente cuando dice que ésta es una provincia quebrada. El 37 por ciento de la riqueza del país se produce aquí, 100 de los grupos económicos más fuertes están radicados acá. El problema es que esa inmensa riqueza está concentrada en pocas manos”, remarcó el titular de ATE Oscar de Isasi, en el acto donde rechazaron el presupuesto.

En tanto, desde CICOP se mostraron en sintonía con el dirigente estatal. “Considerando la inflación proyectada y el marco señalado por el propio presupuesto nacional, obra como un claro tope salarial a la hora de las futuras paritarias. La reducción presupuestaria y la pauta salarial a la baja indican claramente que la orientación oficialista es profundizar la crisis sanitaria y, por ende, garantizar el conflicto durante 2017”, afirmaron los médicos.

El tope salarial disminuye las posibilidades de incorporar personal temporario o precarizado a la planta permanente estatal, lo que pone en juego muchos puestos de trabajo. Además, en diciembre vencen muchos contratos prorrogados por la actual gestión, lo que alerta por una posible ola de despidos. “Hace un tiempo marchamos más de 30 mil trabajadores hacia la legislatura provincial a plantear que no es ley de dios el ajuste. Reclamamos un presupuesto redistributivo con mayor inversión en áreas sociales y que se creen los cargos para el pase a planta permanente de los trabajadores contratados y becarios”, sostuvo De Isasi en su discurso, y advirtió: “el Estado bonaerense es el que tiene menos estatales en relación con su población. Hay que nombrar trabajadores en todas las áreas”.

Perlitas de las cuentas “calientes”*¿Ni una menos?

Según denuncian organizaciones de lucha contra la violencia de género, en el proyecto de presupuesto no hay ni un punto concreto para trabajar en una política pública específica para erradicar. Así lo afirmó la diputada provincial Valeria Amendolara, quien denunció que “muchos de los ámbitos como monitoreo, recursos, justicia, protección a las víctimas, educación y justicia con perspectiva de género, no se están cumpliendo”.

Además, según los datos oficiales publicados por la Contaduría General bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ejecutó durante el primer semestre de 2016 sólo el 2,08 por ciento del total asignado al Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Así lo afirmó la senadora provincial del Frente para la Victoria Mónica Macha, que explicó que “aunque hoy tengamos una mujer como gobernadora eso no asegura que los intereses de las mujeres estén siendo representados, el gobierno de Cambiemos es claramente un gobierno patriarcal en sus políticas e intervenciones”.

*Poca ciencia

Como sucede a nivel nacional, la ciencia en la provincia de Buenos Aires proyecta un año 2017 con problemas. Lo que fue un emblema de la gestión de años anteriores perdió peso en la agenda actual, por lo menos desde los números. La baja a nivel tiene un dato anecdótico: en la única cartera en manos de un radical. Jorge Elustondo, al frente de Ciencia, Tecnología e Innovación, es uno de los que menos fondos recibirá: 124.901.400 de pesos.

*Gestión Pública

El área que mayor aumento recibirá para el año entrante es el Ministerio de Administración y Gestión Pública (153 por ciento más que en 2016), de acuerdo a lo establecido en el protecto presentado. Lo extraño es que en el mismo, no se detalla de qué manera se empleará el dinero, cuándo, ni tampoco está claro qué tareas realizarán desde allí.