Nuevos embates en Venezuela contra líderes opositores.

El gobierno realiza cambios legislativos y apela a investigaciones por corrupción para debilitarlos.
El alcalde opositor de la capital venezolana perdió mucha de su autoridad; el de Maracaibo, la segunda ciudad del país, se encuentra en la clandestinidad. Los soldados tomaron puertos y aeropuertos que eran controlados por los gobernadores opositores.

Los adversarios del presidente Hugo Chávez dicen que una serie de medidas tomadas por el líder socialista y sus aliados, que incluyen investigaciones por corrupción y cambios legislativos que socavan el poder de gobiernos opositores, los ha puesto a la defensiva.

Las medidas, dicen sus críticos, marcan la intención de Chávez de acumular más poder en un momento en que se siente alentado por su reciente triunfo en un referéndum que eliminó los limites de reelección.

"Es un gobierno que se está haciendo cada vez más fuerte alrededor de la figura del presidente y se hace más represivo", dijo Margarita López Maya, historiadora y académica de la Universidad Central de Venezuela.

El mandatario niega su participación en las denuncias de casos de corrupción contra sus adversarios e insiste en que muchos de ellos son "delincuentes" y "mafiosos" que deben responder ante la justicia.

La más reciente acción que limita el poder de un rival político fue el martes, cuando la oficialista Asamblea Nacional debilitó al recientemente electo alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, arrebatándole sus oficinas y eliminando la mayoría de sus responsabilidades en materia de servicios para la ciudad. La autoridad será transferida a un funcionario designado por Chávez.

Ledezma planea impugnar la nueva ley, que habría usurpado sus competencias en educación, salud y seguridad, con un referéndum. Por su parte, Chávez defendió el derecho de crear una nueva autoridad para la capital por ser "absolutamente necesaria?? y afirmó que los gobiernos municipales "van a permanecer intactos".

Previamente había entrado en vigencia una legislación que puso bajo control federal los puertos y aeropuertos. Esa ley afecta a todos los dirigentes locales, pero los más afectados son los principales líderes de la oposición, ya que dejarán de recibir ingresos por aranceles.

La Fiscalía también resucitó un caso por corrupción en contra del ex gobernador del estado de Zulia Manuel Rosales y encarceló al ex ministro de Defensa Raúl Baduel, acusado por una presunta sustracción de fondos durante su gestión. En cambio, hasta el momento, ni un solo aliado de Chávez ha sido acusado de corrupción, a pesar de muchas denuncias de sus críticos.

El mandatario concentra más poder desde que salió victorioso en febrero del referéndum que eliminó los límites a la reelección, indicó López Maya. "El Poder Judicial está bajo el control del presidente", comentó López Maya, que añadió que las acusaciones de corrupción se utilizan para intimidar y debilitar a los enemigos del gobernante.

Clandestinidad

La semana pasada, antes de entrar en la clandestinidad, Rosales dijo que los movimientos en contra de la oposición son una "cortina de humo" ordenada por Chávez para distraer a la opinión pública en vista de la adopción de medidas impopulares para reducir gastos, debido a un fuerte descenso en los ingresos petroleros.

"No tiene pudor para mover sus hilos judiciales, para perseguir y criminalizar la disidencia", agregó el alcalde de Maracaibo, que le arrebató el control de la ciudad a un aliado de Chávez en las últimas elecciones.

Los candidatos del presidente ganaron la mayoría de los cargos, pero la oposición se apuntó el triunfo en cinco de los seis municipios capitalinos, y ganaron la gobernación en tres de los estados más poblados y la alcaldía metropolitana de Caracas.

El ministro de Comunicación, Jesse Chacón, negó cualquier esfuerzo del gobierno para reprimir o intimidar a la oposición. Y en cuanto a Rosales, el ministro comentó que hay suficientes pruebas como para llevarlo a juicio. El dirigente rechaza los cargos y denuncia estar sometido a un "linchamiento político".

Rosales pasó a la clandestinidad la semana pasada, una decisión que sus partidarios atribuyen al hostigamiento y al temor por su seguridad. Un tribunal de Caracas fijó para el 20 de este mes una audiencia en la que decidirá si admite el cargo de corrupción y la petición de los fiscales de ordenar su detención preventiva.

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