Nuevos cuestionamientos de la Fiscalía de Estado al contrato de venta de gas de regalías

El Fiscal de Estado volvió a cuestionar en duros términos el contrato firmado por la Gobernadora. Considera inexacta la postura de los funcionarios públicos que aseveraron que la Provincia se comprometió a entregar a la empresa regalías en especie en lugar de gas, ya que afirma que el contrato estipula taxativamente que el Estado se obliga a suministrar gas natural hasta el año 2035.
Manteniendo inalterable su crítico criterio sobre las catastróficas consecuencias que el contrato de venta de gas firmado por la gobernadora Fabiana Ríos con Tierra del Fuego Energía y Química SA tendrá para la Provincia, el Fiscal de Estado remitió al Parlamento una nota en la que reitera sus ya conocidos cuestionamientos a la operación, a la vez que ataca la opinión de los técnicos de la Secretaría de Hidrocarburos que han asegurado que el "contrato es invulnerable y la Provincia nunca va a tener que pegar un peso de nada", en caso de que no pueda cumplir con la entrega de los volúmenes de gas comprometidos entre las partes.

Para el órgano de control resulta insostenible lo afirmado por el director de Asuntos jurídicos y Licitaciones de la Secretaría de Hidrocarburos, Omar Espósito, ante el plenario de legisladores del 11 de junio, cuando aseguró que el objeto del contrato es la venta de gas proveniente de regalías en especie, por lo que si la Provincia deja de percibir regalías gasíferas por agotamiento de los yacimientos fueguinos, el objeto del contrato desaparece y éste fenece sin generar ninguna obligación hacia el Estado.

La Fiscalía de Estado contrapone estos dichos con las obligaciones emergentes en el mencionado contrato para la Provincia. Precisa que en el artículo 3º se indica que la oferta de suministro de gas "iniciará su vigencia y con ella todas las obligaciones de pago y entrega del gas natural a partir de su aceptación permaneciendo en plena vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035".

Agrega que para que el criterio sustentado por Espósito tuviera algún tipo de respaldo legal válido, debería haber quedado debidamente establecido en el contrato que la vigencia del mismo estaría limitada a "mientras cobremos regalías en gas" en lugar de a una fecha concreta: 2035.

Es más, precisa que el presidente de TFEQ, Fernando Lin, aseguró en declaraciones públicas que "la Provincia garantizó la disponibilidad del recurso, en los volúmenes indicados en el contrato, lo que está totalmente acordado". Sostiene que estas divergencias interpretativas dejan expuesta a "la Provincia a controversias que me aventuro a anticipar serán de resultados catastróficamente millonarios", ya que entiende que "nadie seriamente, ni mucho menos un estado soberano, podrá alegar ante un Tribunal internacional que asumió un compromiso hasta 2035 sin haber efectuado estudios y análisis serios sobre sus reservas y existencia del bien objeto del contrato, cuando para ello contaba con toda una estructura estatal que debió haberlo verificado".

¿Administración infiel?

La falta de estudios que acrediten las reservas de gas de Tierra del Fuego es otro de los puntos que vuelven a ser objeto de cuestionamiento por parte de la Fiscalía de Estado, por cuanto precisa que resultaban "indispensables para poder comprobar que las obligaciones que se quería hacer asumir a la Provincia pudieran ser cumplimentadas debidamente, evitando de esta manera eventuales litigios en el futuro".

Se pregunta entonces el órgano de control si "puede entonces considerarse una administración fiel comprometer al Estado provincial hasta el año 2035, cuando no hay solo estudio agregado al expediente que así lo acredite", con el agravante de que la propia funcionaria que firmó el contrato el 28 de abril pasado –la gobernadora Fabiana Ríos– es la misma que siendo diputada nacional radicó en 2006 una denuncia penal contra REPSOL, en la que indicaba que las reservas de gas en la Argentina sólo alcanzaban para 12 años.

Un Gobierno que ayuda a eludir impuestos

La Fiscalía de Estado objeta también la modalidad contractual elegida entre las partes para concretar esta operación (contrato entre ausentes), ya que sostiene que es la que empezaron a utilizar las empresas multinacionales para eludir el impuesto de sellos, por lo que en este caso la Provincia está ayudando a que TFEQ eluda una obligación impositiva contemplada como tal en la legislación tributaria provincial. Indica que resulta, por demás, llamativo que en el informe elaborado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos sobre "el tratamiento que debe otorgar en materia de impuestos de sellos a las denominadas carta oferta con aceptación tácita o complejo instrumental" nada se diga sobre "la vigencia" del artículo 26 de la ley 290, que estableció que "será considerado acto o contrato sujeto al pago del impuesto que esta ley determina aquel que se verifique en forma epistolar, por carta, cable, telegrama o cualquier otro método similar de contratación entre ausentes, siempre que se verifique por hechos, actos o documentación el perfeccionamiento de los mismos", el que fue ratificado por ley 440.

Precisa que no menos llamativo resulta que el informe en cuestión haya sido emitido "15 días después de suscripta la oferta por la Gobernadora y no antes, como hubiera correspondido de haberse obrado con cuidado y previsión".

Agrega que tampoco resulta entendible por qué "sí pudo firmarse entre presentes la fe de erratas (del contrato original), que no lleva ni lugar de celebración ni fecha de suscripción, y no pudo hacerse lo mismo respecto de la oferta originaria del 28 de abril de 2009, máxime cuando sus firmantes no viven uno en cada extremo del planeta, sino que además viajan asiduamente al lugar de residencia del otro".

A esta irregularidad suma también que se hayan dictado un dictamen jurídico y otro técnico a mediados del mes de mayo, es decir una vez ya firmada por la Gobernadora y aceptada por la empresa la oferta de suministro de gas.

Además cuestiona que el expediente de "la más importante contratación en toda la historia" de la Provincia hay sido abierto "recién 7 días antes de suscribir una oferta de imposible cumplimento…" y archivado aún antes de haberse rubricado los instrumentos (oferta, aceptación de la misma y modificación de contrato) que ordena registrar.

¿Gas con mal olor?

La nariz de la Fiscalía de Estado parece detectar un "raro tufillo" en torno a esta operación que tendría como objetivo central la instalación de una planta de metanol en la Provincia.

Precisa que en el informe técnico emitido el 21 de mayo –33 días después de firmada la oferta– se indica que la planta de metanol en cuestión demandará un volumen diario de gas de 2,5 millones de metros cúbicos, de los cuales la Provincia sólo se compromete a suministrar 1,5 millones de metros cúbicos por día. Esto lleva al órgano de control a sostener que "es obvio que alguien ya les ha vendido o comprometido vender el millón faltante", pero señala que en esta potencial operación "sólo existe el obstáculo aún de que las concesiones fenecerán mucho antes de 2035, cuestión que impone entonces analizar varios aspectos que no escapan al elevado criterio de los señores legisladores y que obviamente forman parte de toda esta estrategia". Parodiando a Hamlet, parece que para la Fiscalía "algo está podrido en Dinamarca".

Entre el negocio brillante o la catástrofe

En el final de su escrito, la Fiscalía de Estado se pone a disposición de los legisladores para aclarar cualquier duda que se tenga sobre la postura sustentada por ese órgano de control, y precisa que "cuando uno va a efectuar una contratación, justamente en defensa de los intereses que le son confiados (mucho más aún si se trata del Estado), debe inexorablemente estudiar el tema con carácter previo, buscar y munirse de todos los elementos que acrediten la conveniencia del proyecto, su factibilidad, y fundamentalmente, su cumplimiento de manera incontrovertible y sin zozobras, angustias o improbabilidades. De lo contrario, lo que hoy parece "ser un negocio brillante" (cosa que no comparto en lo más mínimo), pasará a ser una catástrofe para la gestión gubernamental que se encuentre a cargo del Poder Ejecutivo cuando "las previsiones no tomadas" salgan a la luz".

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