El abogado y ex convicto Germán Fliess Maurer recalculaba su testimonio sobre la marcha ayer por la mañana en la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal N°1. Usaba términos como "seguramente" o "no recuerdo" ante preguntas precisas. Testigo en el juicio a Jonathan Aristimuño, presunto asesino del ex FARC y jefe de sicarios Jairo "Mojarro" Saldarriaga, Fliess Maurer fue convocado por la fiscal Mónica Cuñarro a causa de un reclamo al menos llamativo: cuatro meses después de que el "Mojarro" fue ejecutado de once disparos sobre la calle Marcelo T. de Alvear a plena luz del día en abril de 2012, el abogado se presentó ante la Justicia como letrado del colombiano para reclamar como propia y con documentación correspondiente la camioneta Honda CRV modelo 2009 del ex FARC que había sido incautada tras su muerte.

Esa camioneta, según documentos judiciales, contaba con cédula azul a nombre de Carlos Brausín García, el alias que Saldarriaga empleaba para moverse en el país y el que constaba en su pasaporte falso, con repetidos viajes al exterior, por ejemplo, a Uruguay. El de Saldarriaga era un rastro caliente: ligado al poderoso narco Daniel Barrera Barrera, habría huido de Colombia con una importante cantidad de efectivo y cocaína.

Cuñarro, especializada en narcotráfico y delitos complejos, fue al hueso: preguntó por qué Fliess Maurer reclamaba la camioneta del "Mojarro". El abogado entonces relató que la "familia" del ex FARC se la había dado en concepto de honorarios, por una consulta para trámites de radicación en la Argentina para el "Mojarro", su mujer, Viviana Alexandra, y el hijo que tuvieron ambos en el país. También, por diversas apariciones mediáticas tras la muerte del colombiano, en donde el abogado, según él mismo relató al tribunal "trató de sacar al narcotráfico de Saldarriaga" porque a su entender "no lo estaba cometiendo." Hubo otro ítem: la consulta de Vargas por "una cuestión de bienes", dijo Fliess Maurer: "un campo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos."

Los ojos de Cuñarro se encendieron al instante. Ese mismo campo, de 18 hectáreas y pagado en efectivo a 330 mil pesos, hoy es el centro de un juicio por lavado de activos en pleno desarrollo en el Tribunal Oral Penal Económico N°2 de Comodoro Py con el fiscal Marcelo Agüero Vera y con la Aduana como querellante. Gerardo Ruidíaz, principal acusado en el juicio, es señalado como responsable de la compra y la administración del campo con dinero de Saldarriaga, fruto del tráfico de drogas. También se suma una acusación de narcotráfico, con un intento de enviar 120 kilos de cocaína por barco a Europa, presuntamente a España en un barco de bandera liberiana desde la Terminal Portuaria Río de la Plata. A Ruidíaz ante Cuñarro y el TOC N°1, Fliess Maurer admitió conocerlo y haberlo entrevistado.

Así, con una declaración casual que Infobae presenció en la sala, el abogado conectó ambas causas -que paradójicamente se desarrollaron sin cruzar datos entre sí- y dio información detallada sobre cómo Saldarriaga se afincó en la Argentina y las vínculos que lo apoyaban. Fliess Maurer contó, por ejemplo, que Saldarriaga le había anotado en un pequeño papel rosa su verdadero nombre y su fecha de nacimiento, un papel hoy que consta en la causa. Cuñarro se sorprendió: ¿cómo podía ser que un ex jefe de sicarios con una supuesta sentencia de muerte sobre su cabeza se quisiera radicar en la Argentina con su nombre verdadero? "El nuestro le parecía un país seguro", dijo el abogado, mientras la fiscal torcía los labios al oírlo.

Hubo escenas de la vida de Saldarriaga. Contó cómo el gobierno colombiano aceptó un canje de prisioneros con las FARC; "Mojarro" estaba en esa lista. Al fallar ese canje, la guerrilla tomó el penal en donde estaba el Mojarro por asalto y lo liberó. También, se mencionó en repetidas ocasiones un intento sobre la vida del ex FARC en Villavicencio. Hubo también piezas faltantes. Fliess Maurer habló de "José", una suerte de secretario de Saldarriaga y presencia constante, "de confianza", "que le llevaba y le traía cosas." Vinculó a "José" con el pase de documentos para reclamar la camioneta y que le había dicho que vio a "tres colombianos en un auto rojo" poco antes del homicidio. Pero de "José" no pudo dar ni un apellido ni un teléfono celular. En su declaración a la Justicia en la instrucción de la causa, la mujer de Saldarriaga nunca mencionó al secretario.

Fliess Maurer también dijo que poco después del crimen llamó a Cristina Caamaño, entonces funcionaria de la cartera de Seguridad y hoy en el Ministerio Público Fiscal, nombrada nueva cabeza de las escuchas judiciales y que la funcionaria lo a los pocos días. Allí, le ofreció a Caamaño información del caso. Habló de una relación cercana, de cierta familiaridad. La funcionaria fue profesora de Fliess Maurer en el penal de Devoto, donde se recibió de abogado.

Hoy, la Justicia conoce el estilo de vida del "Mojarro" en detalle, desprendido de información provista por su esposa: tenía ganado, varios empleados, la mayoría de ellos colombianos. Iba armado y solía cambiar de vehículo para moverse. En Concepción del Uruguay "hasta construyó un complejo de cabañas, los empleados y custodios también eran colombianos", asegura una fuente. Nadie sabe dónde está la viuda de Saldarriaga, por otra parte. Se le permitió salir del país, o nadie se lo impidió. Fliess Maurer también contó algo ya conocido: quién se encargó de presentarle a Saldarriaga. Fue otro de sus clientes, el colombiano Francisco Duque Salazar, que, casualmente, estuvo con Saldarriaga el día de su muerte.

En su libro Narcolandia, los periodistas Virginia Messi y Juan Manuel Bordón relatan: "Duque Salazar tenía algo de lo que el Mojarro carecía, un conocimiento bastante profundo de cómo moverse en Buenos Aires. Ya llevaba una década en la Argentina y había armado varios negocios... En 2002 había sido acusado por el Tribunal del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York de tráfico de drogas. La Justicia estadounidense incluso pidió a la Argentina su extradición en 2004", algo que la Corte Suprema denegó. En el juicio del TOPE N°2 por el presunto lavado de activos en la compra del terreno en Entre Ríos, se habla de tres prófugos, entre ellos colombianos. Uno de ellos, de acuerdo a fuentes judiciales, no sería otro que Duque Salazar. La elevación a juicio lo involucra tanto en el narcotráfico como en el lavado de activos. Asegura que se habría encargado de coordinar con Ruidíaz y otro sujeto "la recepción de la mercancía a sus propios depósitos y luego la salida hacia el puerto" y que "habría ejercido el rol de aportar o financiar los valores con los cuales se realizaban las operaciones." Fliess Maurer reconoció, efectivamente, que Duque Salazar está prófugo.

Inmediatamente después de la muerte de Saldarriaga, un sujeto apodado "El Maestro" contactó a Fabio Montañana, uno de los acusados del juicio en el TOPE N°2, para que venda el campo de Concepción del Uruguay. Por otra parte, 330 mil pesos argentinos parece poco para lavar dinero narco de Colombia, pero hay fuentes de la causa que hablan de "un comercio incipiente, con más terrenos en vista, que no llegó." Ruidíaz se vuelve un personaje enigmático, por otra parte. Una fuente directa de la causa comenta: "Es un papelero, un busca del interior. No tiene antecedentes ni perfil de narco. Recién comenzaba a relacionarse con los colombianos." Sin embargo, le encontraron una serie de precursores químicos para fabricar cocaína en un allanamiento en Loma Hermosa.

Hay otros dos acusados junto a Ruidíaz y Montañana. Ariel Lértora y Florencio Bogarín -responsable de containers vacíos y güinchero en la Terminal Portuaria Río de la la Plata al momento del intento de envío de cocaína- están presos en el penal de Devoto. Para Lértora, el fiscal Agüero Vera pidió siete años y siete meses: lo acusa de haberse encargado de elegir tanto el buque como la fecha maniobra desde su rol administrativo. Para Bogarín, diez años; habría colocado la droga en el container. El abogado Miguel Ángel Pierri los defiende. Los considera, virtualmente, unos "perejiles."

Pierri, que dará su alegato este jueves, argumenta: "Voy a decir precisamente eso: que traigan a los colombianos. En las causas de hoy, los colombianos casi siempre están afuera. Los tienen grabados, los tienen investigados, pero por A o por B zafan. Estoy convencido que la imputación de lavado se tiene que caer. Es un campo de 330 mil pesos." Y sigue: "El fiscal da por probado que este grupo ya había participado en una exportación en el mes de abril, un antecedente. El embarque de abril está ligado a escuchas que hablan de 'cumpleaños', como si fuese la palabra clave para activar un envío. Ese día era el cumpleaños de Bogarín precisamente."

Pierri agrega: "El container vacío está primero en una parte del playón del puerto llamada V1, ahí son revisados y clasificados. Ahí hay unas grúas, denominadas "pórtico" que los saca de ahí y los sube a un camión porta-containers. De ahí, van a un sector denominado "zona de emergencia." Por un sistema digitalizado de software que nadie puede manejar, se le pasa la información al güinchero para cargar los containers en el camión. Estos containers entraron a la zona portuaria y son revisados, estaban vacíos. Viene Bogarín, con un plan de trabajo y los levanta. A Lértola le da la orden el sistema digital, ya tiene su trabajo organizado, no puede cambiar nada. Los durmieron. Hubo 24 horas entre el tránsito de containers. Trabajan bajo órdenes técnicas de un software. Nunca tuvieron un problema de legajo, ganaban buenos sueldos. Hubo tres bolsos con droga que fueron incautados. Pero Bogarín no los carga encima del barco".