Desde el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el legislador Guillermo Castello llevó adelante la presentación de un proyecto de ley que pone límites a los funcionarios al momento de nombrar a un edificio público, o en el caso de los ya realizados adaptarse a ésta si llega a ser aprobada.

En diálogo con La Gazeta, Castello señaló que por intermedio de esta iniciativa se busca “establecer un marco conceptual de pautas y criterios que se deben aplicar para cuando en los bienes o espacios públicos de la Provincia de Buenos Aires tenga que ponerse un nombre o tenga que modificarse un nombre que ya existe”.

Si bien en algunas provincias y ciudades del país, como lo es Capital Federal, ya existe un documento que implica el mismo tipo de normas, mientras que a nivel nacional dejó de existir hace muchos años atrás luego de ser derogada, la provincia no cuenta con tal por lo que se trataría de un avance importante sobre el tema.

El proyecto al que acompaña el diputado desde su espacio político determina que “para utilizar el nombre de una persona tiene que haber fallecido y tienen que haber pasado más de 10 años, y para el caso de hechos históricos tienen que haber pasado 15 años desde el suceso que se pretende evocar”.

 “Los bienes públicos no son del kirchnerismo, ni de un partido político, ni de un funcionario; son de todos los bonaerenses, por eso hay que respetarlos”, sentenció Castello; mientras que haciendo referencia particularmente al Parque de Deportes Municipal de Coronel Vidal, dijo: “Esto lo ilustrábamos con la obra que tienen ahí que se llama Néstor Kirchner y que han proliferado por todo el país luego del fallecimiento del expresidente”.

Continuando en la línea de aquellos lugares que ya cuentan con su respectivo nombre pero que no se adaptan a este proyecto de ley, la idea es que para los bienes públicos de la Provincia de Buenos Aires se establezca “un plazo de 180 días para que el Poder Ejecutivo, que es el órgano de ejecución, readecue estos nombres”. Siendo que, en el caso de los municipios se va a convocar, “también por intermedio de la ley, a que adhieran o no. Si adhieren a esta ley también tienen el plazo de 180 días para readecuar estos nombres que no respeten los 10 años”.