Un nuevo mundo, ¿un nuevo país?.

Por: Claudio Lozano.

Cristina Fernández podría aprovechar su gira por Cuba y Venezuela para inspirarse y embarcarse en una nueva estrategia productiva. La crisis global funciona como una oportunidad. Pero, por ahora, ninguna de las iniciativas del Gobierno se orienta hacia ese rumbo. Interrogantes sobre el futuro

Sea por decisión política o por los avatares de la salud presidencial, el dato es que la asunción de Obama encontró a Cristina de gira por Cuba y Venezuela. Esto dio lugar a la crítica de una parte de la oposición que suele competir para ver cuán a la derecha se ubica con respecto al Gobierno. El argumento era elemental. Qué hace con Castro y Chávez cuando el mundo está expectante frente a la asunción de Obama en Estados Unidos. Para ser justos, cuando EE.UU. parece abrirse al multilateralismo, cuando se encuentra ocupado en su propia crisis y sus problemas internacionales principales se ubican en Irak, Afganistán y Medio Oriente, no está mal privilegiar y consolidar el proceso de integración latinoamericano para aprovechar la oportunidad que abre este nuevo tiempo. Oportunidad mayúscula si se observa el potencial didáctico que tiene la crisis mundial y se lo utiliza en la búsqueda de nuevas alternativas para nuestras sociedades.

La crisis es elocuente con respecto al daño que produce permitir que la lógica del capital (maximizar sin límites las ganancias) defina la organización de las sociedades, plantee un debate de fondo sobre el papel del Estado y la cuestión de lo público e incluso abra la puerta a la revisión de los problemas de la deuda.

En este sentido, no existe diferencia entre la burbuja inmobiliaria asociada con las hipotecas subprime y la burbuja del endeudamiento latinoamericano.

La corresponsabilidad de los actores del sistema financiero mundial y de los organismos multilaterales de crédito es hoy una evidencia incontrastable que ameritaría que América Latina como región siguiera el ejemplo de Ecuador (ha suspendido pagos y está investigando su deuda) y replanteara su actitud frente a la deuda subordinando el monto de los pagos a la atención de las urgencias que plantea su desarrollo. Es fácil entender que si los ingresos estatales y las divisas de nuestros países tienden a caer frente a las condiciones que plantea la recesión mundial, resulta absurdo que dicha caída sólo tenga efectos sobre las funciones sociales o productivas que el Estado cumple al tiempo que se mantienen o incluso se incrementan los ingresos estatales y las divisas destinadas a pagar deuda.

Una actitud soberana de defensa de nuestros pueblos requeriría otra respuesta y, para eso, la región latinoamericana es una prioridad. Esta visión sería compatible con políticas locales que, privilegiando la demanda de los sectores más empobrecidos, asociaran la recuperación del control sobre los recursos naturales con la puesta en marcha de una nueva estrategia productiva.

Sin embargo, lo peculiar del caso argentino es que el periplo regional de la Presidenta nada tiene que ver con un rumbo de este tipo. En simultáneo con su ausencia se suceden los datos de una coyuntura económica que se va complicando, mientras el Gobierno sigue intentando ponerle un respirador a un esquema económico que, habiendo funcionado entre 2002 y 2007, hoy carece de bases en las que asentarse.

Lejos de buscar nuevos horizontes, el Gobierno se aferra a estrategias que pretenden garantizar los pagos por la deuda pública a como dé lugar, que buscan sostener la actividad poniendo en el centro de su mirada el complejo automotor, y accionando contra los despidos en una franja de trabajadores ciertamente limitada. A la vez, sus expectativas para evitar el colapso de la actividad se centran en el efecto reactivante del plan de obra pública.

Ocurre que los datos sobre actividad económica, evolución futura de los recursos fiscales y de comercio exterior les plantean graves interrogantes a los objetivos oficiales.

LOS DATOS. Mas allá del impacto mediático producido por los tarifazos en la luz y la preocupación de quienes tomaron créditos hipotecarios por la suba de las tasas, los datos sobre la actividad económica y los recursos fiscales del último trimestre de 2008 son elocuentes. La información emitida por el Banco Central al comparar el cuarto trimestre de 2008 con el de 2007 muestra una brusca desaceleración. De crecer al 9,1% (2007-2006) se pasa a crecer sólo el 2 por ciento.

Es más, en el propio Gobierno se asume ya que el crecimiento de 2009 Oscilará entre una hipótesis optimista de 2,1% y una pesimista de 0,5 por ciento. Proyecciones compatibles con una evolución del comercio exterior donde el saldo comercial en divisas oscila desde la nada a no más de 5.000 millones de dólares.

Lo hasta aquí expuesto se expresa en términos fiscales del siguiente modo: si hasta octubre de 2008 la recaudación venía creciendo al 37,5%, en el último bimestre la suba fue sólo del 19%, y en lo que va de enero sólo asciende al 14 por ciento. En este escenario, el ya ajustado cierre fiscal de 2008 cede paso a una situación aun más complicada. Si la recaudación total para 2009 ascendía a los $324.449 millones según el propio Presupuesto, en el nuevo marco y siendo optimistas, la recaudación a esperar no superaría los $306.432 millones computando el flujo de aportes procedentes de la estatización de las AFJP y una caída de apenas el 6% en las retenciones.

Somos optimistas porque en la hipótesis de recursos que aquí formulamos no consideramos ninguna modificación en las retenciones pese al conflicto agropecuario en puerta. Y además porque no consideramos ningún efecto negativo sobre la recaudación de la seguridad social por los problemas de empleo que se están manifestando. Con esta nueva cifra de recaudación y suponiendo que en 2009 el oficialismo quiera garantizar un incremento del 15% a los jubilados, un aumento de los salarios y de las asignaciones familiares de los trabajadores del Estado del 7% en julio y septiembre así como incrementar en $28.000 millones las obras públicas previstas según el nuevo plan, el resultado financiero que el Presupuesto aprobado estimaba en $11.020 millones se transforma en un déficit de $30.615 millones. Esta situación, sumada al resto de los compromisos existentes y suponiendo el pleno éxito en el canje de los préstamos garantizados, lo obligaría a utilizar el Fondo de Garantía que tiene la ANSES ($17.000 millones), a tomar parte de los fondos de organismos públicos en el Banco Nación ($12.000 millones) y a hacer uso de más recursos del Banco Central ($10.000 millones), y aun así le faltarían casi $20.000 millones a financiar.

En síntesis, a diferencia de lo que se suponía, la estatización de las AFJP en lugar de sumar viene a compensar la merma en la recaudación y, en un marco de respeto a los vencimientos por deuda, transforma en no financiable el Plan de Obra Pública. En ausencia de políticas de reforma impositiva que graven riquezas y rentas extraordinarias, sin recuperar la renta petrolera y minera y sin postergar pagos por deuda, el Gobierno no tiene plata para la obra pública o, para tenerla, deberá sacársela a los salarios, a las jubilaciones o a las políticas sociales. Pero aun el cuadro esbozado no estaría completo si no agregáramos que lo expuesto considera que toda la deuda a pagar se puede pagar con moneda local. Los vencimientos en divisas para 2009 no bajan de los 7.000 millones de dólares, cifra que supera la mejor expectativa de saldo comercial positivo que presentáramos más arriba.

Si la fuga de capitales de 2008 superó los 16.000 millones de dólares, incluso reduciéndose a la mitad en el corriente año, al Gobierno le estarían faltando más de 10.000 millones de dólares para cerrar sus cuentas. Situación ésta que acelerará la devaluación de nuestra moneda agravando el cuadro social vía transferencia de ingresos al sector exportador de la economía y que propiciará una importante caída de las reservas o bien un acuerdo con el FMI (no sería extraño que nos cuenten que después de Obama y Kirchner este organismo cambió).

Queda claro que los objetivos oficiales de pagar deuda pública y dinamizar el Plan de Obras presentan problemas.

Habría que agregar que la visión oficial que pretende cuidar la actividad y el empleo haciendo centro en el complejo automotor y en la realidad de los trabajadores bajo convenio trabaja sobre un universo restringido. Por un lado, porque los trabajadores convencionados no superan el 27% del total de la fuerza laboral del país, pero además porque las terminales ocupan el 1% del empleo industrial en tanto las autopartistas son apenas el 3% del mismo. Se trata de 77.000 trabajadores que sólo significan el 0,5% del total del empleo. Señora Presidenta, además de recorrer América Latina hay que pensar y actuar en consecuencia.

Comentá la nota