En una decisión que se conoció recién el viernes pasado en los Tribunales Federales de Córdoba, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de los acusados en la denominada “causa Di Campli”, en la que se investigó un secuestro extorsivo calificado y otros delitos perpetrados en Córdoba en 2009, y confirmó de ese modo la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2).

La resolución de los jueces de casación no hubiese despertado una atención distinta a la habitual si no fuese que sumó un eslabón más a la cadena de 
objeciones que se han venido suscitando por la desaparición, en ámbito de las fiscalías federales, de material secuestrado en allanamientos: droga, armas y dinero. Esta vez el señalamiento fue en hechos investigados por el fiscal federal Enrique Senestrari.

La Cámara de Casación, con sede en Buenos Aires e integrada por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, tuvo que sortear un grave obstáculo: decidir sobre pruebas que desaparecieron de las dependencias del fiscal, con el riesgo de que el conjunto del proceso se cayera por esa 
circunstancia.

Una pistola Bersa, calibre
9 milímetros, y otra de la misma marca calibre 40 no pudieron ser peritadas y dieron pie a las defensas para recurrir las condenas. Sólo un informe del Registro Nacional de Armas (Renar) asistió a los jueces de casación para confirmar los hechos ocurridos.

La irregularidad ya había sido advertida por el TOF2 en su fallo en el caso Di Campli, del 18 de abril de 2012. En su resolución, los jueces José María Pérez Villalobo, José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano dispusieron comunicar al procurador general de la Nación y a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba “la sustracción de dinero y armas correspondientes al secuestro de los presentes actuados en el ámbito de la Fiscalía Federal Nº 1 de esta ciudad, conforme pone en conocimiento el señor agente fiscal Dr. Enrique José Senestrari, en atención a la reiteración de hechos de la misma naturaleza”.

Este nuevo hecho de desaparición de material secuestrado en Tribunales Federales se suma a otros 8 casos anteriores, que detonaron recientemente una áspera controversia entre fiscales y jueces, cuando el TOF2 solicitó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la intervención de la Procuraduría de Narco Criminalidad (Procunar).

Este organismo fue creado por resolución de Gils Carbó el 19 de febrero pasado para prestar asesoramiento técnico y asistencia a las fiscales federales que investigan hechos de narcotráfico.

Los planteos por la reiteración constante de faltantes de material secuestrado no comenzaron con este pedido del TOF2, realizado el 23 de septiembre último.

El 30 de diciembre de 2010, el TOF2 ya había denunciado “un importante faltante de estupefaciente” ante el entonces procurador Esteban Righi.

Dos meses después, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes intervino señalando con claridad en un caso que quien omitió enviar la droga fue la autoridad policial.

El 4 de marzo de 2011, el TOF 2 le advirtió a Righi una circunstancia: el fiscal Gustavo Vidal Lascano, que investiga esa desaparición de droga de su propio despacho, anticipa su opinión al señalar que se sospecha de la Policía, del laboratorio y de personal de la Justicia federal.

Vidal Lascano cerró la investigación exactamente un año después del primer aviso a Righi. El 30 de diciembre de 2011 solicitó el archivo de esa causa en la que sumó ocho casos similares.

Antes, tuvo enfrente como testigo a un funcionario policial que hoy es clave para dilucidar los métodos que se aplicaron para luchar contra la narcocriminalidad: el entonces jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía provincial, el comisario mayor Rafael Gustavo Sosa, actualmente detenido.

La causa Di Campli

En septiembre de 2009, Maximiliano y Luis Marcelo Di Campli, Néstor Pizarro, Héctor Sosa, Carlos Oviedo y Matías Delgado planearon el secuestro de Claudio Damián Molina para cobrar un rescate, parte en dinero y parte en drogas y precursores para su procesamiento.

Nueve causas

9 de mayo de 2009. Falta un kilo de marihuana tras el procedimiento efectuado por Drogas Peligrosas.Investigó Vidal Lascano, sin resultados.

5 de agosto de 2010. Tras un allanamiento, la Policía remite dos panes de marihuana y no envía un kilo de cocaína Investigó el mismo fiscal, sin resultados.

26 de agosto de 2010. Faltan 1.234 gramos de marihuana. La investigación también recayó en la Fiscalía Nº2.

11 de noviembre de 2010. Tras un allanamiento realizado en esa fecha, el juez Sánchez Freytes realiza un control exhaustivo por una denuncia del TOF 2.Advierte un faltante de material secuestrado y remite a Vidal Lascano. Sin resultados.

Expediente 16.128/10. El fiscal Vidal Lascano considera innecesario investigar un faltante de material incautado porque es muy poco el volumen del secuestro y su significado económico.

Expediente 16.264/10. Actúa la misma fiscalía y aplica este mismo criterio en una causa distinta.

Expediente 16.057/11. Desaparecen seis envoltorios con cocaína. La cambian por sustancias de corte. El fiscal Vidal Lascano sostiene que el hecho “pone en juego la seguridad de Tribunales”.

Causa Barrera. Es el expediente en el que desaparecen 4,5 kilos de cocaína y que provocó el planteo más reciente del TOF2.

Causa Di Campli. De la fiscalía de Enrique Senestrari desaparecen dinero y armas secuestradas en un caso por secuestro extorsivo calificado. Datos: Justicia federal - TOF2.