Un nuevo embargo a cuentas de la Argentina en el exterior

Por: Marcelo Bonelli

El juez norteamericano Thomas Griesa hizo lugar a un pedido de un fondo buitre y de esa manera quedaron inmovilizados recursos de la Embajada argentina en Bélgica.

El dato sólo es conocido en la Cancillería y se busca mantenerlo en secreto por su impacto político: un fondo buitre logró embargar esta semana cuentas de la Embajada argentina en Bélgica.

La acción sucede justo cuando el Ministerio de Economía estudia reabrir el canje de la deuda e implica otro duro golpe a la situación financiera internacional del país. En el otoño una acción similar inmovilizó fondos de la Embajada en Francia.

Fue una decisión habilitada por el juez estadounidense Thomas Griesa y la instrumentó un oficial de justicia del Reino de Bélgica. Habría sido a pedido del fondo buitre NML Capital.

Clarín confirmó que el monto congelado por la medida es mínimo. Unos 60.000 euros que estaban destinados a gastos administrativos de la sede diplomática.

Pero la medida refleja falta de pericia profesional en la Cancillería para evitar semejante complicación internacional y la pasividad de los abogados argentinos para prevenir lo que ocurrió. Otra vez el estudio Cleary Gottlieb fue sorprendido, tal como había pasado con el embargo aún vigente en Francia.

El hecho le genera un innecesario deterioro político a la Argentina, cuando es obvio que no se ajusta al derecho internacional y es violatorio de la soberanía amparada por el tratado de Viena

También refleja la endeblez que tiene la estrategia oficial de no terminar de acordar una salida con los acreedores externos. Nadie le otorgará financiación importante e internacional a la Argentina mientras continúe una deuda impaga a los holdouts por 29.000 millones de dólares.

La cuestión aceleró en el Palacio de Hacienda los estudios para la reapertura del canje. Un informe los bancos asesores Citi, Barclays y Deutsche sugiere esperar que termine el verano boreal y lanzar el nuevo canje en septiembre. Pero el paso necesita la bendición de Olivos. Amado Boudou ya expuso los motivos de su proyecto: la necesidad de tener financiación, ante el deterioro fiscal que acusa la Argentina.

La propia Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en otro caso. Al máximo Tribunal llegaron reclamos de fondos de ocho provincias contra la Casa Rosada. Entre ellas, Córdoba y Santa Fe: aducen que si no les llegan fondos peligra la paz social en el interior. Ricardo Lorenzetti -en una decisión sin precedentes- convocó a una audiencia para debatir el delicado problema. Busca obligar a las partes a negociar y por eso la fijó para el 15 de octubre.

Los gobernadores se quejan del infructuoso diálogo con la Presidenta. Dicen que no escuchan autocríticas y tampoco hay quien asuma un compromiso formal sobre esos recursos. Ahora multiplicaron sus deliberaciones reservadas.

La cuestión fiscal también estuvo en la reunión de bloque peronista de diputados del último martes. Los legisladores fueron directos y comunicaron a Daniel Cameron que el tarifazo podía provocar puebladas en el interior. Un día después, Julio De Vido lo anuló.

Por eso la semana termina en los ambientes económicos con malestar, dejando la sensación política de que el Gobierno persistirá en sus métodos y errores a pesar del adverso resultado de las urnas.

Ese fue el consenso en el último encuentro de la Unión Industrial. Así lo dijo Héctor Méndez: "Hasta ahora, en el Gobierno nada cambió." Y se refieren a las iniciativas de la Quinta de Olivos: sostener los superpoderes, mantener las retenciones y avanzar sobre las inversiones privadas.

También la decisión del Gobierno de intervenir en el contrato privado del fútbol generó fuertes críticas en la UIA. El caso lo planteó el delegado José López Mañan: "La intromisión del Estado vulnera la seguridad jurídica de los negocios privados."

Méndez deslizó el tema ayer con el ministro de Trabajo. Carlos Tomada lo reunió junto a Hugo Moyano para acelerar la convocatoria al Consejo Económico y Social.

Idéntica preocupación tuvo la Asociación Empresaria Argentina. Jaime Campos afirmó: "La intervención estatal en un contrato entre privados ataca a los inversores."

AEA mantuvo la última semana otra reunión secreta con la Mesa de Enlace. Fue técnica: por la Sociedad Rural estuvo Daniel Peregrina y Campos por AEA.

Ambos avanzaron en un acuerdo tributario y en reclamos institucionales. En realidad, la Mesa de Enlace y AEA trabajan en una cuestión política: un frente empresario que propicie cambios de fondo en la política económica en base al documento de 12 puntos de la AEA.

La Unión Industrial Argentina propuso convocar al Grupo de los 7, con la intención de negociar la participación de la Mesa de Enlace en el Consejo Económico y Social.

Héctor Méndez estaría a cargo de la ciclópea tarea, después de superar un encontronazo con Hugo Biolcati.

Para eso ambos tuvieron que intercambiar cartas muy reservadas. Fue después de que el titular de la UIA se vio sorprendido, porque Biolcati desairó en público la adhesión del propio Méndez al discurso que pronunció el ruralista en la inauguración de la muestra de la Sociedad Rural Argentina. Méndez reprochó los dichos de Biolcati y le dijo: "Yo tomé la responsabilidad de representar a la UIA y asumí el costo político con un espíritu constructivo hacia el reclamo del campo."

Hugo Biolcati respondió también bajando la disputa: habló de buscar las coincidencias y responsabilizó de sus criticas a la Unión Industrial al fragor de la presión periodística.

Fue un pase de factura superado. Ahora todos los empresarios tienen otra obsesión: la preocupación porque el Gobierno no da señales de corregir los desajustes macroeconómicos.

Comentá la nota