En los últimos días Malcorra creyó necesario reinterpretar comentarios del ingeniero Francisco Adolfo Cabrera, ministro de Producción, a quien se le había atribuido haber dicho en Washington, pocos días antes de ser electo el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que la Argentina deseaba negociar un Acuerdo de Libre Comercio con ese país. Parecía raro que alguien del gabinete ignorase que la víspera de una votación presidencial, dista de ser el momento más recomendable para discutir asuntos que exigen compromisos o seguimiento de largo plazo.

Esas pifiadas ocurren cuando falla el hábito de la coordinación permanente, no hay sabiduría para definir cada espacio de responsabilidad o cojea la experiencia política y profesional.

Mientras el país acaba de sumarse a todos los que tratan de saber quiénes serán los miembros, asesores e ideas reales del futuro gabinete Trump, el nuevo Washington se rasca la cabeza para entender el alcance de la anti-globalización que proclamó durante la contienda electoral el futuro jefe de la Casa Blanca. El tardío esfuerzo puede aumentar el realismo de los enfoques que emplea nuestro gobierno para concebir los acuerdos de comercio que negocia con la Unión Europea, México, la Alianza del Pacífico y otros mercados de diferente complejidad. También puede ayudarle a descubrir por qué Estados Unidos mira con fuerte recelo el alto nivel de competitividad de la industria automotriz mexicana.

Casi al mismo tiempo, el Presidente Mauricio Macri aludió al deseo de negociar un Acuerdo de Libre Comercio con China. Dado que Beijing acostumbra a decidir cosas como suspender las importaciones de aceite argentino de soja (lo que promete ser una política definitiva), no estaría de más que los colaboradores del primer mandatario ofrezcan un pantallazo concreto de la canasta de productos con los que sería viable competir y ganar divisas en ese mercado asiático.

Si la pata china del Poder Ejecutivo es otro de los capítulos inspirados en el modelo australiano de integración regional, parece importante recordar que Canberra todavía no tiene kilometraje para saber si su decisión resultará acertada o si puede caer en el cráter de un volcán activo.

Ningún enfoque nacional debería prescindir de una buena lectura de los macro–acuerdos comerciales de "nueva generación", por cuanto salvo su arrepentido creador, Estados Unidos, las demás naciones que la Casa Rosada busca como socias están muy familiarizadas o aceptaron incorporar esas reglas. En nuestro medio no se conocen sus virtudes, costos y riesgos.

La política comercial no se suele aprender en los claustros académicos, ni se entiende a fondo en el mundo de los negocios. Y es torpe suponer que uno la puede decodificar por intuición o default. El real alcance económico de las normas sobre propiedad intelectual lo confirma (pago a los semilleros multinacionales, indicaciones geográficas, patentes farmacéuticas, etc).

Ello nos devuelve a la necesidad de solucionar ahora el gravísimo déficit de competitividad que afecta al comercio exterior y a la inversión nacional, así como a rechazar de plano negociaciones donde no sea posible terminar con los subsidios o con el proteccionismo regulatorio. Sin respetar esos supuestos, se entrará voluntariamente al mundo de la nada.

La Argentina también necesita un buen diagnóstico profesional de sus intereses ofensivos y defensivos con el propósito de identificar las ventajas, desventajas y obstáculos que hay en cada uno de los mercados con los que se intenta asociar. La lógica indica que la responsabilidad primaria de todo el proceso debería concentrarse, sin vivezas ni superposiciones, en la órbita de la Cancillería.

Sin embargo, lejos de cualquier fundamento aceptable, el país asiste a otro desguace de la política exterior. La última parte de esta larga historia empezó cuando el ex Secretario Guillermo Moreno y el estratega del alicate, Héctor Timerman, amputaron el área de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. A esa bravuconada hepática le siguió, en diciembre pasado, otro llamativo y confuso intercambio de organigramas disfuncionales para dar manejo internacional a varias áreas ajenas a la Cancillería, a la que casi todos ponderan como el Ministerio donde se practica la "meritocracia" dentro del Estado. ¿Por qué entonces reparticiones sin la planta, experiencia o jurisdicción sobre esos temas, se dedican a negociar, a la buena de Dios, y en forma autónoma, iniciativas o acuerdos internacionales?

Los misterios de la democracia criolla son insondables. En lugares tan diversos como la Presidencia (OECD por ejemplo) y los Ministerios de Producción y Agroindustria, hay expresiones de esa modalidad.

El propio sitio de la Cancillería, que está en eterna construcción, describe su perfil en el manejo de los "temas económicos y comerciales" como "...la formulación y conducción de los procesos de integración regional, así como en la participación en las negociaciones bilaterales y multilaterales. La Cancillería –agrega– tiene a su cargo el Servicio Comercial Exterior e interviene en la política de desarrollo de la inversión extranjera de carácter productivo en el país".

¿Quién puede creer que tal lenguaje refleja la primacía y el tono muscular de un Ministerio que lidera toda negociación internacional distinta de las vinculadas a las políticas monetaria y fiscal?. ¿Quién manda hoy y de qué se ocupan la Fundación Exportar o el área que se encarga de las inversiones extranjeras?. ¿A qué fin útil sirve sub-emplear o emplear en forma deficiente el activo profesional que ofrece la Cancillería, ante un Estado que sufrió el forzado éxodo de muchos de sus mejores recursos humanos?