Un nuevo desafío para Cristina Kirchner

Por Fernando Laborda

Nadie puede considerar como un dato menor que, por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente de la Nación deba ser sometido a juicio oral o que afronte una decena de causas judiciales, vinculadas con hechos de corrupción, negocios incompatibles con la función pública y falsificación de documentos públicos.

El desafío, en todo caso, no es tanto para Amado Boudou , un funcionario a quien nadie escucha y cuya muerte política ha sido decretada hace bastante tiempo por la realidad. El verdadero desafío es para los senadores oficialistas, que mayoritariamente desearían que el vicepresidente se tomara una justificada licencia, y para la presidenta Cristina Kirchner, a quien los tiempos de la Justicia le empiezan a jugar una mala pasada.

La jefa del Estado seguía creyendo hasta ayer que entregar a Boudou constituiría una fuerte señal de debilidad, sobre todo en momentos en que venía avanzando su campaña discursiva contra los principales enemigos que imagina, que no son otros que las denominadas corporaciones judicial y mediática.

A Cristina Kirchner puede inquietarla un descenso de su imagen en la opinión pública por no soltarle la mano a su vicepresidente. Pero mucho más le preocupa que se perciba una disminución de su poder para controlar la agenda política o que se la vea cediendo a supuestas presiones de sus presuntos enemigos.

Mantendría la Presidenta, entonces, su postura de jugadora compulsiva, llamada a doblar su apuesta ante cualquier contingencia. Mientras tanto, en el kirchnerismo se esperará que el juicio oral dispuesto contra Boudou por el juez Claudio Bonadio por el falseamiento en la documentación de un automóvil se demore lo suficiente como para que no influya en las elecciones.

En el oficialismo hay quienes piensan que el desgaste que le causó Boudou al Gobierno no debería ser mayor que el ya producido. Claro que, en la misma vereda, están quienes consideran que la Presidenta cometió un grave error al no apartar hace tiempo al vicepresidente, esto es, cuando sus escándalos comenzaban a aflorar.

Aquí es donde entran a jugar las hipótesis acerca de por qué Cristina Kirchner desafió el sentido común y no forzó a su compañero de fórmula a pedir licencia y ahorrarse así los fallidos trucos de magia con los cuales el oficialismo intentó esconder al vicepresidente.

Las especulaciones son varias. Una es que la Presidenta no quiso dar el brazo a torcer, deshaciéndose de un funcionario que ella eligió personalmente; en otras palabras, la soberbia presidencial se impuso sobre el sentido común.

Otra explicación es que detrás del negocio con la calcográfica Ciccone habría estado el propio Néstor Kirchner, quien le habría encargado a Boudou la tarea de impedir que otro grupo empresario, como Boldt, al que el ex presidente asociaba en aquel momento con Eduardo Duhalde, pudiera quedarse con la imprenta.

Pero hoy la principal razón que advertiría Cristina Kirchner para seguir respaldando a Boudou en su cargo sería su convicción personal de que no hacerlo constituiría una derrota ante las imaginarias corporaciones que ella dice combatir.

Llamativamente, la cerrada defensa del vicepresidente contrasta con actitudes muy diferentes que tuvo Néstor Kirchner cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el despido de la ministra de Economía Felisa Miceli luego de que se descubriera una bolsa con dinero en el baño de su despacho, o de funcionarios involucrados en el caso Skanska.

Claro que el colmo de las contradicciones se advierte si se recuerdan los argumentos que se esgrimieron desde el kirchnerismo para suspender en sus funciones al fiscal José María Campagnoli, por el presunto delito de excederse en sus funciones para investigar hechos ilícitos atribuidos a Lázaro Báez y al poder político..

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