Nuevo Código Procesal Penal: tendrá vigencia plena desde febrero de 2011

El mensaje del Ejecutivo fue enviado al archivo. Siete nuevos delitos serán juzgados por el sistema oral durante la transición. Lamberto respondió en el recinto al documento del Colegio de Magistrados.
La Legislatura optó por una tercera vía para ordenar la etapa de transición para la vigencia plena del nuevo Código Procesal Penal y sancionó -por unanimidad- una ley que establece que el texto tendrá plena vigencia desde el 1 de febrero de 2011 e incorpora siete nuevos delitos para ser juzgados por el sistema oral desde mediados de marzo de 2010. El dato es que entre estas figuras no se incluyó el homicidio simple.

El mensaje 3637 del Poder Ejecutivo finalmente fue enviado a archivo ante posturas encontradas de Diputados y Senadores sobre los alcances de la transición. Es que la Cámara Joven al momento de tratar el mensaje estableció una fecha de entrada plena de la ley y agregó ocho nuevos delitos. El Senado, por su parte, votó el mensaje del Ejecutivo que establecía una prórroga sin fecha. En concreto, la Legislatura no dictó una norma y en la práctica el 31 de octubre entró en vigencia el Código, situación que salvó la Corte Suprema de Justicia con una acordada dictada el 3 de noviembre.

Más allá del cruce de declaraciones entre entre actores del sistema judicial y legisladores, siete días atrás los jefes de bloques de Diputados se impusieron un plazo de una semana para buscar una salida al tema. Así el martes se reunieron con el presidente de la Cámara Penal de Rosario, Otto Crippa García y fiscales de esa ciudad y el miércoles con el titular del fuero en esta capital, Sebastián Creus. Además hubo contactos con ministros de la Corte Suprema de Justicia, especialmente con el presidente, Roberto Falistocco. El miércoles por la noche, los jefes de bloque del Frente Progresista y del justicialismo acordaron un texto que éstos últimos se encargaron de consensuar con los senadores partidarios que ostentan la mayoría en el Senado.

Ayer, el trámite legislativo demandó minutos. Ingresó en Diputados con la firma de los 14 jefes de bloques. El radical Santiago Mascheroni lo presentó formalmente en el recinto aclarando que fue consensuado por todos los sectores políticos y fue resultante de acuerdos con la Corte y las cámaras penales. Fue votado, y girado al Senado donde se hizo ley.

El proyecto tiene solo dos artículos. El primero fija como fecha límite para la implementación definitiva e integral de la ley 12.734 al 1 de febrero de 2011. En el segundo, suma a los cinco delitos que hoy son juzgados en forma oral otros siete: homicidio y lesiones gravísimas en riña; abandono de persona calificado por el resultado, muerte; abuso sexual calificado; robo calificado por lesiones gravísimas; incendio y otros estragos calificados por el resultado, muerte; atentados contra la seguridad de una nueva, construcción flotante o aeronave calificados por el resultado, muerte; envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas calificados por el resultado, muerte.

Se aclara que la obligación sobre estos tipos de delitos regirán a partir de los 120 días de promulgada la nueva norma,

Allanamiento a Vialidad

Al momento de las manifestaciones, el radical Mascheroni cuestionó fuertemente la actitud de la justicia santafesina de allanar esta semana las dependencias de Vialidad Provincial por una denuncia anónima y cuestionó a ese mismo juzgado que no tuvo la misma actitud cuando denuncias de legisladores acerca de falta de actuación de esa misma repartición durante la catástrofe hídrica del 2003.

El planteo del legislador -aclarando que no era en defensa de Vialidad- partió de que no hay imputación alguna y que la documentación requerida es parte de un trámite público de adjudicación de la obra de defensa oeste de Santa Fe en los tramos I y II. "La justicia tuvo en este caso la celeridad de la luz. No nos constan allanamientos a esa repartición por la inundación de 2003 por la falta de obra en el tramo III ni por la compra de motoniveladoras chinas, tema judicializado por diputados que acercaron documentación".

El radical planteó que los jueces "no pueden actuar por selectividad" y calificó a la acción de esta semana "como un atropello institucional a una oficina del Estado cuando se pudo haber solicitado la documentación por escrito. No hay posibilidad de ocultar información porque es un expediente" remarcó el legislador con copia de la página de El Litoral dando cuenta del allanamiento.

Ya sobre el final hizo votos para que el juez y el fiscal tengan la misma rapidez para actuar cuando se presentan denuncias de violencia y amenazas familiar y otros hechos de inseguridad denunciados por vecinos.

Después, el justicialista Adrián Simil recordó que la Cámara aprobó un pedido de informes acerca de la licitación de la reparación de los tramos I y II de la defensa oeste, respuesta que todavía aguarda el cuerpo del Poder Ejecutivo.

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