El nuevo Código Procesal Penal tendrá novedosas instituciones.

Detalles. Además de incorporarse el sistema acusatorio, el nuevo código da mayor intervención a las partes para que dispongan de la acción criminal, y se aplicarán los juicios abreviados.
El día 20 de marzo está señalado como el momento en que los diputados electos asuman en el Poder Legislativo, pero hasta entonces, la actual Cámara buscará sancionar la ley que modifica al Código Procesal Criminal y Correccional. Con ello producirá la reforma de la estructura jurídica santiagueña, actuando en forma sinérgica con el Ejecutivo, para “aggiornar” la Justicia a los tiempos actuales y optimizar su servicio.

Mientras tanto, en la comisión mixta de Asuntos Constitucionales y Legislación General, se encuentran analizando el proyecto del Ejecutivo, comparándolo con otros códigos de provincias más actualizados y que han adoptado el sistema acusatorio. Según explicó el diputado Pedro Simón a EL LIBERAL, se realizarán las adecuaciones a lo que hace a la realidad santiagueña, tanto de recursos humanos, como geográfica y económica.

El proyecto que a partir de la incorporación del sistema acusatorio, con un fiscal que investiga y que lleva adelante el proceso judicial, y un juez que garantice el debido proceso, presenta novedosas instituciones. Así lo consignó el diputado Eusebio Iturre, que también integra ambas comisiones y que consideró que el nuevo código, “va a posibilitar una buena política criminal”.

“Pensamos que va a tener que reformularse el procedimiento criminal, va a tener una función de equilibrio entre las garantías que todo ciudadano tiene que tener, sobre todo las constitucionales”, juzgó. Para el parlamentario, también posibilitará una buena política criminal, en el sentido que los órganos jurisdiccionales puedan atender las causas de mayor importancia y darle facultades a las partes para que dispongan de la acción criminal “que es algo que nuestro actual procedimiento no tiene”.

En tal sentido, dijo que la parte “querellante, denunciante, la víctima, podrán tener una real participación y disponer de la acción, dentro de los límites que permite el proceso penal, cosa que antes no se podía hacer”. En un caso hipotético, si un fiscal dice que no hay delito, pero si el querellante considera que sí, puede seguir instando.

Los diputados creen que el despacho saldrá para el 11 de marzo. “Estaría terminado y firmado por todos los diputados, o al menos los que estén de acuerdo con las correcciones que se están haciendo, para tratar en las sesiones de los días 12, 17 y 18 que van a ser las últimas”, aventuró Simón.

Aclaró que quedará para la próxima Legislatura, sancionar leyes complementarias necesarias para la puesta en vigencia del nuevo código. “Su aplicación no es de inmediato, se tienen que sancionar leyes que permitan que se ponga en vigencia, por ejemplo juzgados de transición”, indicó.

Asimismo, puntualizó que esta ley tiene que adecuarse a la Ley de Ministerios, en función de la nueva estructura judicial.

También se aplicarán nuevos institutos, como el juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba, “cuando una persona reconoce el hecho y busca indemnizar”, graficó Simón. Al respecto, expuso que partiendo del punto de que en el proceso penal no se busca venganza, sino la paz social y reestablecer las cosas a la situación anterior; si después las partes llegan a acordar, se quiere evitar que el Estado siga con su pretensión punitiva. “Se busca en ese marco que haya un avenimiento y por eso se busca el juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba”.

En el caso de un homicidio culposo, como por ejemplo un accidente de tránsito, en la comisión mixta están adoptando medidas de coerción real, adecuándolas a la ley nacional de tránsito, como la posibilidad de retener la licencia de conducir.

Iturre contó que la justicia del crimen es de alta demanda, aún cuando son de naturaleza civil o patrimonial, y que con el nuevo Código Procesal Criminal y Correccional se pueden dar elementos al juez para componer, arreglar y sacarse de encima procesos que abarrotan los juzgados.

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