Un nuevo capítulo en la odisea de la deuda argentina

Por Claudio Loser

El persistente drama de la deuda argentina y de su falta de cumplimiento ha vuelto a ocupar un lugar preponderante en las noticias financieras internacionales. El mundo financiero, aunque distraído por la seria crisis que atraviesa Dubai, sigue de cerca las acciones de la administración de la señora Cristina Fernández de Kirchner y la implicancia práctica de su deseo de acceder a los mercados internacionales.

Se ve como positiva la suspensión de la ley "cerrojo", que prohibía la reestructuración de la deuda en manos de bonistas que no aceptaron la oferta unilateral del Gobierno en 2005. En aquel momento, la oferta fue aceptada por acreedores que representaban el 76% del total de la deuda en manos del sector privado, con un descuento implícito del 70 por ciento. Sin embargo, los acreedores restantes, conocidos como holdouts y representantes de más de la mitad de los acreedores internacionales, decidieron no aceptar la propuesta.

Aun cuando estos acreedores no han recibido pago alguno hasta el momento, han podido ganar más de 100 juicios contra la Argentina, a fin de reconocer sus derechos. Además, el Gobierno no ha podido obtener préstamos en los mercados internacionales, dado el peligro de embargo por parte de los tribunales extranjeros, como resultado de las acciones de los holdouts. Esto es aun más complicado por la creciente deuda impaga de la Argentina con los acreedores oficiales del Club de París.

Aun cuando existen diferencias de opinión en cuanto a las magnitudes, son muy significativas. Los montos exigidos por los acreedores privados están en torno a los US$ 30.000 millones, si se incluye el interés devengado desde 2001. La deuda a los miembros del Club de París llega a casi US$ 10.000 millones, en los mismos términos. Así, la deuda en disputa constituye casi una cuarta parte de la deuda pública si se consideran valores nominales.

Debido a estas condiciones y a las serias preocupaciones acerca del respeto a la integridad de los contratos, la calificación de la deuda argentina es de B-, seis escalones por debajo del grado de inversión. Sólo dos países en América latina tienen peor calificación: Ecuador y Nicaragua. Además, la Argentina tiene el dudoso privilegio de ser el único miembro del prestigioso G-20 que tiene atrasos con el Club de París.

Hasta principios de este año, el país había podido cubrir sus necesidades con financiamiento interno y con fuentes externas no convencionales, como Venezuela. Desde entonces, las serias acusaciones de abuso respecto de este financiamiento lo han eliminado como fuente de recursos, en momentos en que las necesidades fiscales han ido en aumento por el conflicto con el campo y por los efectos de la crisis internacional. Además, el Gobierno utilizó sus últimos márgenes al expropiar los fondos administrados por las AFJP. Aun cuando el Gobierno realizó algunas operaciones de trueque subsecuentemente, el mercado interno está agotado.

En estos últimos meses, el Gobierno indicó su intención de restaurar sus relaciones financieras. Sin embargo, la Argentina sigue estando afectada seriamente por la crisis internacional y por las condiciones de incertidumbre internas. Las perspectivas de crecimiento son anémicas y los márgenes de maniobra son muy limitados, más aun después de la crisis de Dubai.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su intención de imponer una solución unilateral y arbitraria sobre un gran número de acreedores. Concretamente, además de querer imponer un fuerte descuento, no permitiría la presencia de nuevos inversores. En estas condiciones, el Gobierno tendría que aceptar ciertas realidades si desea una solución efectiva:

Realidades

* Mientras no se siente a negociar con sus acreedores privados, el país correrá el riesgo de más acciones judiciales en su contra, debido a atrasos crecientes sobre la deuda.

* Estas negociaciones deben ser de buena fe y con todos sus acreedores si desea acceder al financiamiento internacional y recuperar estabilidad externa. Sería legalmente insostenible una solución en la que el Gobierno eligiera quién puede y quién no puede negociar, prolongando el peligro de embargo de activos en el mundo.

* Finalmente, una solución equitativa requeriría términos adecuados para los acreedores. Una oferta no negociable de $ 0,30 por unidad de valor nominal sería prácticamente inaceptable, ya que las condiciones económicas del país, aunque problemáticas, son mejores que hace un lustro.

Se tendrán en cuenta los acuerdos anteriores, pero el resultado final tiene que darse en el contexto de una verdadera negociación. De lo contrario, sería imposible restaurar la posición de la Argentina en el mundo financiero, aun cuando el Gobierno desea ser aceptado como un socio confiable por sus contrapartes financieras.

El autor es presidente de Centennial América latina y miembro del Diálogo Interamericano. Fue director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

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