Nuevo aumento de las prepagas, ahora hasta 10%

Las cartas de las empresas de medicina comenzaron a llegar esta semana. Argumentan que ya tienen mayores costos en prestaciones a obesos y celíacos. Y que hubo una suba en insumos y salarios. En 2008 ya habían aumentado un 40%.
Las empresas de medicina privada están enviando las cartas a sus afiliados comunicándoles que, a partir de enero de 2009, las cuotas van a llegar con hata un 10% de aumento. Estas subas recaen en los bolsillos de unos 3,6 millones de usuarios.

De esta manera, sin contar el nuevo ajuste, las cuotas de los planes privados de salud aumentaron aproximadamente un 40% en lo que va del año. La primera suba fue en enero, cuando las mensualidades treparon entre 20 y 24%% y la segunda, en agosto, cuando volvieron a subir un 16%.

No obstante, desde las empresas explican que la suba de enero de este año correspondió al año anterior y que su aplicación fue "demorada" por expreso pedido del secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Por eso, según los números que llevan las empresas, el aumento de este año ronda el 22%, según comentó una fuente de ADEMP, una de las cámaras que nuclea a 38 empresas del sector.

Para las empresas nucleadas en CIMARA –donde están representadas las grandes empresas como Medicus, Swiss Medical, Galeno y Omint, entre otras– las subas a aplicarse desde enero promedian el 10% y están siendo comunicadas con la facturación de diciembre.

En tanto los hospitales de comunicad, como el Hospital Italiano o el Alemán, entre otras instituciones, habían aplicado ajustes similares en octubre.

De acuerdo con las nuevas tarifas aplicadas por las distintas empresas del sector, la cuota para un afiliado sólo oscilará entre 200 y 250 pesos, según el plan. La de un matrimonio, entre 400 y 500 pesos y la de una familia tipo, entre 700 y 800 pesos

Desde las dos cámaras que representan a las empresas de medicina privada explicaron que las cuotas debieron ajustarse por varios motivos. Entre ellas, la suba de los costos o insumos, que rondan el 30%, según estimó Federico Díaz Mathe, directivo de CIMARA. Un peso importante en los costos de las compañías son los salarios. Este año, el gremio de la Sanidad percibió una suba del 25% en el año que se otorgó en forma desdoblada: un 15% en agosto y un 10% ahora, en diciembre. Estos incrementos motorizaron los aumentos de las cuotas de las prepagas, insisten en el sector.

En los aumentos no están consideradas formalmente las nuevas prestaciones previstas en el Programa Medico Obligatorio (PMO) según las nuevas reglamentaciones, como por ejemplo: los tratamientos por obesidad o las coberturas para pacientes celíacos. Por ejemplo, la ley que prevé una mayor cobertura para los enfermos obesos fue sancionada en el Congreso pero no reglamentada. "No obstante, ya se hicieron muchas operaciones que fueron cubiertas por las empresas", explican los directivos, argumentando que de hecho tuvieron una suba de costos.

Las subas del 10% a partir de enero impactan sobre una porción importante de los afiliados que tienen las empresas de medicina privada: los directos y los que reciben la prestación a través de alguna obra social.

Los afiliados directos o "puros" son los pagan de su bolsillo el total del importe de la cuota del plan de salud. Los "desregulados" son los trabajadores en relación de dependencia que, mediante el sistema de seguridad social, derivan sus aportes de su obra social a un plan de una prepaga y pagan un plus cuando ese aporte no completa el valor de la cuota.

Finalmente, están los afiliados corporativos, es decir aquellos que reciben el servicio pero no pagan directamente por él: las cuotas corren por cuenta de las empresas. En estos casos, los aumentos varían según los acuerdos que se establezcan entre la prepaga y las distintas compañías.

Actualmente, la medicina privada no está regulada por el Estado. Las prepagas se manejan como cualquier otra empresa comercial del mercado. Por eso, existen en el Congreso varios proyectos para regular al sector.

Según una de esas versiones, que impulsa el Gobierno, una vez aprobada esta ley, las empresas quedarían bajo la supervisión y regulación de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que hoy controla a las obras sociales nacionales.

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