La cola envenenada del megaescándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, volvió a impactar de lleno en Mauricio Macri. Nuevas pruebas detectadas en Brasil indican que efectivamente se pagaron coimas en la obra del soterramiento del Sarmiento que fue adjudicada a Iecsa, empresa de su familia que Franco Macri vendió a su sobrino Angelo Calcaterra, cuando el actual presidente se metió de llenó en poítica.

Iecsa es socia en ese emprendimiento de la italiana Ghella y la brasileña Odebrecht. La obra fue adjudicada por Julio de Vido durante el kirchnerismo. No es un secreto que el ex ministro era el vínculo más sólido con los macristas Calcaterra y Nicolás "Nicky" Caputo y de hecho, aún hoy el macrismo se cuida de atacarlo o denunciarlo.

Esta revelación agrava además las sospechas sobre el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y amigo del Presidente, Gustavo Arribas, acusado de recibir más de 600 mil dólares de coimas de Odebrecht, por esta obra.

El tema preocupa al Presidente que en su reciente visita a Brasil pidió al gobierno de Temer y a la Corte Suprema de ese país que le aporten toda la información sobre el capítulo argentino del caso. También le pidió lo mismo a Estados Unidos.

El tema preocupa al Presidente que en su reciente visita a Brasil le pidió al gobierno y a la Suprema Corte de ese país, que por favor le acerquen toda la información que tengan sobre el capítulo argentino caso, incluidos los nombres involucrados. Lo mismo requirió a la justicia de Estados Unidos, que llegó a un acuerdo con los directivos de la multinacional brasileña y tiene declaraciones selladas con la ruta de las coimas que pagaron en todo el continente.

El nuevo capítulo de un cerco que empieza a cerrarse y que tiene vinculación con los Panamá Papers, estalló esta sábado por una explosiva revelación del diario brasileño Estado de San Pablo. El diario difundió información proveniente de correos electrónicos y anotaciones que surgieron de un back up de la computadora de uno de los ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, confiscados por la Policía Federal de Brasil.

Allí aparece el nombre de Javier Sánchez Caballero, como el hombre de Iecsa para negociar el pago de las coimas. Este ejecutivo es gerente de la constructora y virtual mano derecha de Calcaterra.

En la declaración ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció haber pagado coimas por u$s 35 millones en la Argentina, pero fuentes de la construcción afirmaron a LPO que sería mucho más. "Odebrecht ganó obras en el país por 5.000 millones de dólares y la coima habitual en el negocio es un 10 por ciento, así que estamos hablando de un piso de 500 millones de dólares", explicaron.

En el artículo de Estado se informa que en el acuerdo de colaboración que Odebrecht firmó con la justicia de Estados Unidos, la multinacional "confirmó que pagó coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Sarmiento" y "fueron entregados sobornos relacionados con la empresa Iecsa del primo de Mauricio Macri".

La investigación revela cinco mensajes vinculados al pago de sobornos en Argentina y en uno de junio de 2010, se menciona una reunión con Sánchez Caballero. Allí aparece la frase "DGI's-Contacto Directo". Los directivos de Odebrecht usaban el código "DGI" para referirse a los sobornos. La misma sigla se repite en otros mails, como el que se titula "Reunión Sarmiento" e indica tres "DGI" por distintas etapas de la obra por un total de 20 millones de dólares.

En ese correo electrónico también se menciona a Lourenço Ghella, de la multinacional italiana, socia de Iecsa en la obra del Sarmiento y antes de eso en la ampliación del viaucto de Juan B. Justo, que se concretó durante la administración porteña de Macri.

Los beneficiarios finales de las coimas aparecen con nombres clave, como "Totti", "Chorao" (llorón, en portugués), "Moreno" y "Big Boss".

En los documentos también se menciona a Manuel Vázquez, cajero del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido por diversos casos de corrupción en la importación de trenes obsoletos de España.

En los mails que publica el diario brasileño se informa que en febrero de 2010 Vázquez le reclamó a Couri Ribero -que era el principal gerente de Odebrecht en la Argentina-el pago de una coima de 80 mil pesos. El gerente de Odebrecht se comunicó entonces con otro ejecutivo, Fernando Migliaccio, para destrabar el pago. Este empresario es la punta que une el caso del Soterramiento con el escándalo del Correo.

Migliaccio es clave y su testimonio puede ser explosivo. Fue detenido en Suiza y actualmente colabora con la justicia brasileña.

La conexión Correo

En octubre de 2010 Odebrecht ordenó a Migliaccio comprar el banco austríaco Meinl, con sede en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda. Fue a través de esa institución que Odebrecht compró buena parte de la deuda que tenía el Correo Argentino S.A. con otros tres bancos -entre ellos el Banco Galicia- y se presentó como acreedor por 400 millones de pesos para convalidar la propuesta del Grupo Macri en la audiencia judicial en la que se acordó una quita del 98,87 por ciento. El Grupo Macri tiene prendada una suma millonaria de acciones en el Meinl Bank, por lo que la fiscal Gabriela Boquin advirtió que se podrían haber manipulado las mayorías para beneficiar al Grupo Macri.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, al dar explicaciones en Diputados por el escándalo del Correo.

Concretamente, consta en el último balance presentado por Sideco ante la Comisión Nacional de Valores, el 31 de diciembre de 2015, que el Banco Meinl tiene prendadas 93.183.300 acciones de Socma Americana S.A. y 16.626.899 acciones de Inversid S.A., de las cuales 16.471.530 son acciones clase A. Se trata de las empresas controlantes de Sideco y, a su vez, de Correo Argentino S.A.

El caso Odebrecht en la Argentina está fragmentado en una serie de causas, que a medida que trascienden nuevos testimonios empiezan a confluir. Las coimas por el Soterramiento, los giros inexplicables a cuentas en Suiza de Arribas, las coimas a Jaime, los Panamá Papers y la utilización del estudio Mossack Fonseca para pagar sobornos en todo el continente.

La diputada Margarita Stolbizer quiere que la justicia las unifique -una medida lógica y que tiene a la eficacia procesal- y que incluya a Calcaterra en las investigaciones.