La Justicia una vez más le aplicó un revés a la Comuna en el conflicto que mantiene con los docentes del sistema educativo municipal.

El juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Marcelo Fernández, concedió nuevas medidas cautelares a docentes municipales, afectados por el cuestionado decreto Nº 2272/18.

En efecto, un grupo de docentes representados por Juan Manuel Aguirrezabal y Emiliano Héctor Rendo, lograron frenar momentáneamente, la decisión de la administración municipal, respecto de la “Bonificación Especial Docente” prevista en el art. 82 del Estatuto del Personal Docente Municipal.

Los letrados cuestionaron por vía de pretensión anulatoria la legitimidad del Decreto N° 2272/18 dictado por el intendente Carlos Arroyo, y expresaron como fundamentos que la liquidación y pago de la Bonificación Especial Docente “se dio sobre la base del módulo horario de 35 horas desde hace más de treinta años, en forma continua e ininterrumpida, merced a la normado en la Ordenanza 5936 (art. 219, inc. 8), norma última que -aseguran- tiene plena vigencia”.

Además, argumentaron que “el Departamento Ejecutivo no tendría competencia para la determinación adoptada, desde que está en cabeza del Deliberativo Municipal conforme así lo establecería la Ley 14.656”.

Otro de los fundamentos fue que la Ordenanza Complementaria del Presupuesto año 2017, “ya no estaba vigente al momento del dictado del acto que cuestionan, por lo que su invocación en los argumentos del acto sólo dotan al mismo de motivación aparente”.

También argumentaron que el decreto municipal (reducción de ingresos de los docentes), va a contramano del propósito de la norma provincial (Decreto N° 1145/18), dado que en esta última se adopta una medida conducente a mejorar el nivel de ingreso de sus destinatarios, por lo que porta graves vicios en su motivación; importando dicha medida, además, la vulneración a los principios constitucionales como son el de indemnidad, progresividad y primacía de la realidad”.

Como corolario, la Justicia con las medidas cautelares ordena al Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon que debe suspender provisionalmente los efectos de los arts. 8, 9 y 10 del Decreto N° 2272/18 y proceder a liquidar la bonificación especial docente como lo hacía antes del dictado de ese acto administrativo.

El juez estableció un año como tiempo de ejecución de esta medida cautelar, por considerar que es tiempo suficiente para dictar la resolución de fondo. “No cabe duda, que este es el camino hacia la devolución de un derecho adquirido y nefastamente lesionado por la administración comunal”, destacaron los abogados Rendo y Aguirrezabal.

El conflicto se inició en octubre del año pasado cuando, a través de un decreto, el intendente Carlos Arroyo dispuso modificar el pago de una bonificación que reciben los docentes municipales, que durante los últimos 20 años permitió que sus remuneraciones fueran ligeramente superiores a las de los los maestros y profesores del sistema educativo provincial.