Nuevas caras para las mismas causas

Ernesto Marinelli, quien mantiene una tensa relación con el Gobierno, reemplazará a María José Sarmiento. En la Cámara en lo Contencioso Administrativo estarán de turno Clara Do Pico, amiga de Sarmiento, y Marta Herrera, de pasado radical.
La suerte de Martín Redrado y la del Fondo del Bicentenario ya no estarán en manos de los mismos jueces. En lugar de María José Sarmiento intervendrá el juez Ernesto Marinelli, quien guarda una tensa relación con el Gobierno, y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo estarán de turno las juezas Clara Do Pico y Marta Herrera, en reemplazo de Néstor Buján y José Luis López Castiñeira, quienes intentaron una solución política que quedó trunca por una jugada del diputado Federico Pinedo (PRO) de último momento.

Marinelli, que lleva 16 años como juez, no tendría que tomar grandes decisiones en los expedientes, a menos que se sigan sumando nuevas presentaciones. Por lo pronto, su tarea será la de elevar a la Cámara las contestaciones a las apelaciones del Estado que presenten los abogados de Redrado y los múltiples diputados de la oposición (PRO, Coalición Cívica, UCR y PJ disidente) que han iniciado juicios. De todos modos, en el Gobierno desconfían de que pueda sacar algún as de la manga. En Tribunales circulan versiones de que podrían recusarlo "sin causa", la misma modalidad que usó Pinedo para impedir el funcionamiento del tribunal de alzada, que obliga al juez cuestionado a apartarse. Marinelli tiene una jueza suplente designada, que es su pareja, Claudia Rodríguez Vidal. Juntos fueron denunciados tiempo atrás ante el Consejo de la Magistratura por favorecer al empresario Sergio Taselli cuando el Estado le quitó la explotación del tren General San Martín.

Marinelli arrastra una historia de entuertos con el oficialismo a raíz de tres concursos del Consejo de la Magistratura para ascender a camarista donde se vieron frustradas sus aspiraciones. En el más reciente, cuestionó la corrección de su examen y consiguió que dos camaristas –Néstor Buján y Pedro Coviello– le exigieran al organismo que revisara la calificación. El Consejo recurrió a la Corte, pero en el ínterin, unos días antes, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Guillermo Treacy, quien venía de la Justicia porteña, donde fijó fallos adversos al gobierno de Mauricio Macri. Treacy consiguió acuerdo sobre el final de las sesiones ordinarias. En otro concurso de 2005 para la Cámara del fuero donde se desempeña había quedado primero, pero el Ejecutivo, entre los ternados, eligió a otro, Jorge Alemany, dos años después. En otra ocasión, Marinelli también denunció que uno de los camaristas que integraban el jurado, Sergio Fernández, era amigo de un concursante, Luis María Márquez.

Tal como está el trámite de las medidas cautelares que dictó la jueza Sarmiento, que devolvieron a Redrado a la presidencia del BCRA y bloquearon los fondos destinados al pago de reservas, los abogados del funcionario y los legisladores de la oposición estarían presentando sus réplicas a las apelaciones del Gobierno entre mediados de la próxima semana o tal vez la otra. Esas presentaciones llegarán a la Cámara, que va a quedar en condiciones de resolver si deben seguir en pie las medidas cautelares primero y luego definir la discusión de fondo sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia con los que el Ejecutivo creó el Fondo del Bicentenario y luego expulsó a Redrado. En el Palacio de Justicia cuentan que Do Pico tiene amistad con Sarmiento y que Herrera, de pasado radical, es proclive a avalar medidas cautelares. Pero tampoco está claro cómo van a actuar y, ni siquiera, si van a llegar a pronunciarse antes de que termine la feria.

La clave estará en la celeridad que desde la semana próxima sigan todos los jueces que intervengan. Si los expedientes pasan las vacaciones sin ser resueltos, llegarán a sus camaristas definitivos. Al de Pinedo y los diputados de la CC les corresponde la sala IV, cuyo único juez titular es Jorge Morán y desde febrero tendrá como subrogantes a Fernández y Márquez (los jueces cuestionados por Marinelli en un concurso). Fernández es hermano de Javier Fernández, un auditor general de la Nación con fama de poderoso operador judicial del Gobierno. La causa de Redrado estará en la Sala I, que componen Buján, Do Pico y Coviello, un militar retirado.

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