Nueva tecnología incorporará Jujuy para la Justicia Penal

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy se apresta a incorporar a la Justicia Penal un moderno programa desarrollado por el Registro Nacional de Reincidencia, denominado Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), el cual será presentado en un acto que se cumplirá hoy en la ciudad de Buenos Aires, al que asistirán la Dra. María Silvia Bernal, juez del Alto Tribunal y el Dr. Alejandro Ficoseco, fiscal general.
El programa fue desarrollado a pedido de los jueces de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia y las Fiscalías Generales de la provincias.

Es considerado una valiosa herramienta tecnológica, ya que permitirá realizar una consulta a la base específica de rebeldías y capturas a través de la utilización de una plataforma web, formalizándose el acceso mediante un dispositivo de seguridad denominado "Security Tolken".

A partir de la consulta realizada, los Juzgados de Instrucción Penal, mediante un sistema de conexión punto a punto, conocerán en segundos si una persona involucrada en una causa judicial fue declarada en rebeldía o si pesa sobre ella un pedido de captura.

La utilización de esta herramienta permitirá mejorar significativamente los tiempos reales que requiere actualmente obtener tal información y la toma de decisiones en el trámite procesal.

LABORATORIOS REGIONALES

El proyecto de Creación de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense, de autoría de integrantes del Poder Judicial de Jujuy, fuertemente impulsado por el Superior Tribunal de Justicia, fue el tema central de la audiencia que se realizó ayer en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

En la oportunidad, el ministro del área, Aníbal Fernández, se reunió con las máximas autoridades del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, de quienes recibió el proyecto para la creación y puesta en marcha de los laboratorios mencionados.

"Se dio un paso importante para la concreción de los objetivos propuestos", dijo el Dr. Ficoseco, en carácter de coordinador general del proyecto, al tiempo que resaltó que "la necesidad de contar con centros de apoyo de la investigación criminal en las provincias argentinas, está fundada en la creciente complejidad que presentan las investigaciones que se llevan adelante en sede penal".

En noviembre del año pasado se elaboró un anteproyecto a partir del cual se sucedieron las reuniones, entre ellas la realizada en Jujuy con los profesionales médicos responsables de las áreas forenses de cada jurisdicción judicial. Posteriormente se llevó a cabo un minucioso relevamiento del equipamiento existente en cada provincia y finalmente se diseñó el proyecto final, el cual, junto a los requerimientos financieros, fueron entregados ayer el ministro Fernández.

Gestionan reformulación de

tarifas de servicios públicos

"Una de las obligaciones del Poder Ejecutivo es asegurar la prestación de los servicios públicos en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, sin embargo, en lugar de cumplir con su deber, busca ayuda de algunas empresas, autorizando aumentos de tarifas que empeoran la injusta situación de miseria que padece gran parte de nuestro pueblo", expresó el diputado nacional Miguel Giubergia.

El legislador jujeño presentó un pedido de derogación de los decretos Nº 180 y Nº 181 en los cuales el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la legislación pararegular la prestación del servicio público nacional de transporte y distribución de gas natural establecido por la Ley Nº 24.076.

"En los considerandos del decreto Nº 181 se manifiesta la necesidad de orientar la política energética y tarifaria con sentido social, protegiendo fundamentalmente a los sectores con menores ingresos, sin embargo, en ningún momento se deja expresa constancia de que la aplicación de eventuales aumentos del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, no repercutirá y/o afectará a los usuarios residenciales, estos aumentos significarán una enorme transferencia de recursos financieros hacia las empresas hidrocarburiferas que fueron las grandes beneficiadas del modelo económico conservador que se aplicó a partir del año 1990 en nuestro país", advirtió Giubergia.

Dijo que "con las medidas adoptadas, junto con los nuevos cuadros tarifarios, el gobierno dispuso la eliminación de los premios del Programa de Uso Racional de la Energía (Pure) que estaban previstos para los comercios e industrias y consideramos eso injusto para todos los usuarios además de no incentivar el uso conciente de la energía".

Calificó a ambos decretos de "violatorios" del artículo 42 de la Constitución Nacional, argumentando que "consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;a una información adecuada y veraz; la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno".

Observó que reformular los marcos regulatorios por fuera del proceso de renegociación de los contratos, "significa mantener las condiciones en las que se desempeñaron estas empresas durante todo el período de los ‘90, es decir cero riesgo empresario y ganancias extraordinarias".

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