Tras haber otorgado durante varios años y de manera generalizada un cúmulo de “subsidios especiales” a los usuarios metropolitanos de bajos recursos, el Gobierno decidió cambiar las reglas de juego con un nuevo programa de “Tarifa Social” para la empresa estatal AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) que va camino a generar polémica por los requisitos fijados a los hogares que soliciten mantener los beneficios tarifarios.

A partir de ahora, los clientes residenciales de AySA que pidan conservar los subsidios vigentes deberán presentar un detalle exhaustivo de sus egresos mensuales y, si sus gastos en teléfonos, internet y TV por cable superan determinados límites, no podrán acceder a la totalidad de la ayuda económica estatal en danza.

Diseñado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) que comanda el abogado y politicólogo kirchnerista, Carlos M. Vilas; el nuevo régimen de “Tarifa Social” está orientado a las familias de bajos ingresos económicos y no incluye al resto de los usuarios residenciales que, por ahora, seguirán pagando los servicios de AySA con distintos niveles de subsidios tarifarios.

Los hogares que requieran preservar los “subsidios extraordinarios” tendrán que entregar la siguiente documentación: la última factura de AySA, los DNI de todos los integrantes de la vivienda, los comprobantes de ingresos del hogar (sueldo, pensión, jubilación y planes sociales) y las últimas boletas de los servicios de energía eléctrica y gas natural.

Además deberán agregar los certificados médicos en caso de enfermedades crónicas o discapacidad, los pagos de cobertura médica, los recibos de expensas, ABL, impuestos municipales y bonaerenses, abono de alquiler y comprobantes de pago de créditos hipotecarios o de planes de viviendas.

Y completar la lista de papeles con las últimas facturas de los servicios de telefonía fija, telefonía celular, internet y TV por cable.

De aquí en más éstos servicios pasan a tener un rol clave en la obtención de los subsidios especiales. Según los nuevos “criterios de inclusión y asignación de beneficios”; los teléfonos, la conexión a internet y el cable “son servicios optativos de comunicación y esparcimiento, para los cuales existen alternativas y posibilidades ciertas de regulación de sus costos de acuerdo a la situación económica de cada hogar”.

El flamante programa de “Tarifa Social” sostiene que “partiendo de esa premisa se estima que un mayor gasto de los hogares en servicios optativos representa menores necesidades de ayuda económica vinculadas al pago de los servicios de agua potable y desagües cloacales”.

Y determina que de ahora en adelante “el criterio de asignación del beneficio para el uso del servicio de AySA tomará en consideración el gasto total del hogar en los servicios optativos, otorgando un mayor descuento a los hogares con menores desembolsos en estos rubros”.

Cómo se calculará la quita

Para la implementación operativa de esta cláusula, los funcionarios armaron el siguiente esquema de asignación de subsidios:

- Los hogares que gasten hasta el 3% de sus ingresos en esos “servicios optativos” podrán acceder a la totalidad del subsidio requerido.

- Aquellos que destinen entre el 3% y 6%, tendrán sólo el 60% del beneficio solicitado.

- Y los que desembolsen más del 6% de sus ingresos en telefonía móvil, telefonía fija, internet y TV por cable sólo recibirán el 30% de la ayuda pedida.

La puesta en marcha del nuevo esquema de “Tarifa Social” para los usuarios que reciben los servicios de AySA se sustenta en tres normas específicas: la disposición 16/14 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y las resoluciones 46/14 y 53/14 del ERAS.

Entre otras medidas de adecuación, el ente regulador dispuso que todos los subsidios especiales que actualmente están vigentes para alrededor de 140.000 hogares y que representan casi el 5% de la clientela residencial de AYSA caducarán el 30 de junio de 2016 y que a partir de ahora los usuarios en condiciones de solicitar los beneficios tarifarios deberán hacerlo bajo la nueva modalidad.

Para poder ser admitido como “beneficiario” del programa, un hogar compuesto por una familia tipo de cuatro personas deberá tener un “ingreso disponible” que no supere los $ 16.155.

El nivel de los “ingresos disponibles” sale de restarle a todos los ingresos familiares los gastos en “vivienda y salud” que incluyen las erogaciones correspondientes a los alquileres, expensas, ABL, remedios, cuotas de medicina prepagas y servicios de emergencia.

El esquema –que comenzó a correr desde principios de diciembre—contempla tres modalidades de asistencia: la denominada “tarifa social” para usuarios residenciales de bajos recursos; el subprograma “Casos Sociales” para hogares y clientes no residenciales en situaciones críticas y la “tarifa comunitaria” para entidades civiles sin fines de lucro.

Los usuarios e instituciones que sean incluidos en el programa podrán recibir tres tipos de beneficios: rebajas en los cargos de conexión; descuentos tarifarios variables del 30% al 90% por el suministro de agua potable y el uso de los servicios de saneamiento y facilidades de pago para regularizar las facturas atrasadas.