Con vistas a resolver el conflicto que persiste desde hace dos semanas, hoy se llevará a cabo una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo provincial entre el área de recolección de residuos de la ciudad y representantes del Ejecutivo municipal, para intentar ponerle punto final a una situación que ha suscitado múltiples inconvenientes y reclamos por parte de la comunidad.

A partir de esta situación, los barrios afectados son Villa Aguirre, la urbanización Procrear, un sector de Pedersen en dirección a Arroyo Seco, la zona de Ugarte, Mendoza, Chapeaurouge, Arco Iris y una porción de La Movediza, algo de La Elena, El Hornero y La Unión, además de los paseos y restaurantes. En las numerosas quejas que los vecinos de distintas inmediaciones han hecho públicas a través de los medios, aseguraron que llevan quince días sin el servicio esencial que presta la comuna.

El problema de la acumulación de basura en las calles comenzó con un paro de tres días iniciado el 30 de agosto, que se originó por dos procesos administrativos abreviados tendientes a sancionar a trabajadores del área de Servicios. A raíz de la medida de fuerza adoptada por el sector, el 4 de septiembre se dictó la conciliación obligatoria y los empleados del área retomaron sus tareas. Este hecho derivó en una denuncia radicada el 6 de septiembre por el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, David Marconi, contra el Ejecutivo por incumplir con lo dispuesto en la conciliación.

En el marco de la Ley 10.149, que es la que regula el procedimiento administrativo en base al cual se dictó la conciliación, se debía retrotraer el conflicto al momento cero del mismo. El Sindicato de Trabajadores Municipales denunció que el Municipio se hallaba en falta por no querer remunerar a los empleados por los recorridos caídos y argumentaron que las autoridades, antes de pagar a los trabajadores y cumplir con el acta acuerdo de mayo -por la cual se les reconocía el trabajo extra que hacen para tener limpia la ciudad a pesar de que no están las condiciones dadas a tales efectos- prefirieron pagar a una empresa privada para que coloque contenedores con el fin de atender la demanda de los barrios afectados.

Una cuerda que se tensa 

La semana pasada se abrieron instancias de diálogo entre las partes para poder llegar a un acuerdo pero no resultaron auspiciosas, lo que provocó un estancamiento en la resolución de la problemática porque, según la dirigencia sindical, el Municipio pretendía que salieran a trabajar pagando algo distinto a lo pactado.

La desaveniencia se mantiene porque los empleados solicitaron que les paguen los adicionales por los recorridos caídos, es decir, aquellos para los que no hay camiones en condiciones pero que deben realizar igual. Desde el Ejecutivo afirmaron que no están dispuestos a afrontar las exigencias del sector, mientras que los municipales señalaron que faltan vehículos porque tienen 10 para responder a 17 trayectos. Cada zona de la ciudad tiene asignado un equipo constituido por un chofer y dos empleados recolectores, y en los casos en los que no hay una unidad disponible para efectuar el recorrido pertinente, se organizan para que los equipos completos -luego de realizar el trayecto del barrio que les corresponde- se ocupen de los que quedan sin cobertura, percibiendo un pago extra por esta tarea.

“En un momento en el que se está tratando de no tensar más la cuerda, sale este señor a lavar culpas propias porque él es el que administra el área de manera deficiente”, expuso Marconi con respecto a las declaraciones de Claudio Fuentes, director de Servicios, quien calificó el conflicto como una “huelga caprichosa”.

Marconi también indicó que los problemas van a seguir existiendo “por el director que tenemos en el área, y por el sistema que ya resulta obsoleto y costoso. Tendríamos que estar pensando en otra cosa, pero hoy no tenemos las condiciones dadas ni siquiera para trabajar de acuerdo al sistema actual”.