Nueva Ley de Radiodifusión: desde Jujuy cuestionaron la voluntad de control sobre los medios del proyecto

e suceden en el ámbito parlamentario nacional las audiencias de debate por el proyecto para la nueva ley de radiodifusión auspiciado por el ejecutivo nacional, y ante las voces encontradas acerca del mismo nuestro medio recurrió a la opinión Carlos Saltor, titular de la Cátedra de Ética y Legislación de la Universidad Nacional de Jujuy, quien destacó el aspecto positivo de la discusión señalando que la actual legislación de medios se torno obsoleta por no contemplar la revolución tecnológica producida en la época y por su contexto histórico de sanción nacimiento, bajo un poder militar.
Sin embargo fue crítico con el proyecto presentado al manifestar que incluye artículos que vician el organismo de contralor con la influencia del poder político de turno, dado que sus funcionarios son designados y dependen del poder ejecutivo.

Además remarcó que el titular del derecho a la información no son ni los medios, ni el gobierno, ni los periodistas, sino los ciudadanos.

De esta manera, el letrado aseveró que "es un debate bastante demorado", dejando en claro "que no cabe duda que es necesario, para remplazar una ley obsoleta, como la anterior.

En este sentido sostuvo que la actual legislación no solo quedó desfasada por la revolución de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones con transcurso del tiempo, sino por el momento histórico en el que se sanciona, un gobierno de facto que emitió un decreto de ley, y no tuvo un debate parlamentario como es necesario para dotarla de un carácter democrático, según sus expresiones.

"La libertad de expresión es una libertad suprema, fundamental porque permite que un estado se organice como tal, para que políticamente los ciudadanos puedan tomar decisiones para su vida y para la organización política, pero también es una libertad estratégica porque el ejercicio de esta libertad permite que otras libertades funcionen" explicó para dejar en claro que el debate es necesario.

No obstante señaló que hay otra cuestión, que implica analizar lo que está detrás del debate de esta nueva ley.

"El interventor del COMFER, (Gabriel) Mariotto, utilizó una frase para definirla en una entrevista, que es muy significativa, al afirmar que es "la madre de todas las batallas". No planteó una frase que hable de consenso o algo por el estilo, por el contrario su expresión añade términos inclusive militares" cuestionó, añadiendo que "eso de por sí indica que puede haber intencionalidad de parte del gobierno en lo cual no sea lograr el máximo consenso de los argentinos, para una ley tan importante para el desarrollo de las libertades que mencionamos".

Para Saltor, una ley de este tipo requiere un debate profundo, no uno express como el que se está dando, ya que el viernes fue la última audiencia pública.

Asimismo dudó de que sea un momento propicio para el debate. "Más allá de la necesidad de tener una ley actualizada para nuestros tiempos con respecto a los servicios de comunicación audiovisuales, habría que plantearse si es el momento adecuado en la Argentina, si están dados los consensos para sancionar una ley de este tipo".

No obstante manifestó que "desde luego que es mucho mejor que la que hay, yendo al articulado del proyecto, toma los pactos internacionales, el pacto de San José de Costa Rica, y si, buscaría de alguna forma romper algunos monopolios que se han venido organizando, pero en el caso de la Argentina pareciera ser una ley mordaza para un grupo determinado, como es el caso de Clarín. Lo sucedido con la inspección de la AFIP sensibilizó a todo el mundo, cruzó el océano y estuvo 6 horas en la portada del diario El Mundo, en fin, este tipo de actitudes transmiten una especie de censura indirecta, y es un ataque a la libertad de expresión de la que hablábamos".

Asimismo, Saltor indicó que su preocupación radica en cómo van a funcionar los organismos de contralor, si van a ser estatales e indirectamente van a poder restringir la libertad de prensa, "que es lo que aparece en el texto del proyecto, lo cual me parece grave. Además aparece una figura muy interesante, que es el defensor público del usuario de los servicios audiovisuales, pero curiosamente no es designado por el parlamento sino por el ejecutivo".

Por ello alegó que estás autoridades de control dependan del poder ejecutivo y no del parlamento, van a ser una especie de autoridades garrotes para aquellos medios que sean críticos al gobierno de turno.

Por otro lado "la digitalización de la frecuencia va a traer consigo un ampliación del espacio radioeléctrico, una mayor eficiencia, y donde antes se ocupaba un espacio de televisión de aire por ejemplo, probablemente puedan entrar cinco frecuencias o más, y no está claro en el proyecto cómo se van a otorgar esas licencias a los nuevos titulares. Está claro que debería darse una polifonía de voces y no una preferencia para aquellos sectores que tengan más cercanía al gobierno de turno, pero dada la situación con esta madre de todas las batallas, según Mariotto, parece que esto no va a ser así".

Dada la mayoría automática que se propone para el organismo de control, surgen comparaciones con la Venezuela de Chavés. "Estamos todavía a una distancia considerable a lo que ocurre en Venezuela, lo cual no significa que debamos bajar la guardia, despreocupándonos, ya que el estado siempre busca engordar a costa de los derechos individuales, y si las autoridades de regulación son muy dominadas por el poder de turno o puramente estatales, es muy peligroso para la libertad de expresión, y que los espacios terminen en manos de opiniones adictas".

Por este motivo insistió en la importancia de la autoridad de aplicación."Que sea fuerte, que tenga presupuesto propio, designada por el parlamento, por un período de tiempo que exceda al gobierno de turno, y que sean irremovibles de su cargo, salvo por delitos en los cuales sean encontrados infraganti, a los efectos que realmente puedan aplicar sanciones cuando encuentren algún abuso de cualquiera de los licenciatarios, sea privado, ONG o estado. Porque si el 33% que va a ser otorgado a los sectores va ser decisión en forma unilateral del gobierno, ese avance de la ley queda sin razón de ser".

Finalmente reflexionó sobre el punto central de la discusión. "Siempre hay que tener en cuenta que el titular del derecho a la información no es el estado, no son los empresarios, no son ni siquiera los sujetos profesionales que trabajan en los medios, sino que con la evolución que se ha dado y que llega a su madurez con la declaración universal de los derechos humanos de 1948 el sujeto titular de este derecho son todas y cada una de las personas, lo cual siempre hay que tener en cuenta para respetar al sujeto y permitirle que este bien informado y que acceda de la mejor forma posible a la información que le permita gestionar su vida y tomar decisiones políticas para un estado más maduro".

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