El oficialismo y la oposición se trenzaron en un debate en el que cada sector esgrime sus razones técnicas, sobre si el “Acuerdo Marco” por el cual la Provincia refinanció $1.700 millones de pasivos con la Nación, necesita o no de una “homologación” de la Legislatura correntina.

Cada uno acomoda la biblioteca, de acuerdo a su estrategia, pero ambos esconden los intereses de fondo.

Las normativas nacionales que instrumentaron el Decreto Nacional Nº660/2010 -que creó el Programa de Desendeudamiento-, dejaban abierta la posibilidad del “aval” legislativo.

Por ejemplo, el artículo 4º de la Resolución 346/2010 que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación -del 10 de junio pasado- establecía que el convenio bilateral entre las partes debía suscribirse antes de los “45 días hábiles desde la vigencia de la presente resolución”.

Indica además que, si “habiendo transcurrido el término de 90 días hábiles” desde la suscripción de “Acta Acuerdo” “sin que las Provincias los aprueben a través de las normas que correspondan, los fondos determinados para la Jurisdicción en concepto del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional serán redistribuidos entre las restantes jurisdicciones participantes del Programa”.

La Resolución 346/2010, también del Ministerio de Economía, del 20 de agosto -que extendió el “plazo legal” para la firma del convenio bilateral hasta el 31 de agosto-, replicó las mismas condiciones o requisitos legales para acceder al Programa.

La frase “sin que las provincias los aprueben a través de las normas que correspondan”, es la que le abrió la puerta a las dobles interpretaciones. Aunque las razones son más políticas, que técnicas.

Para la Administración del gobernador Ricardo Colombi, solamente se necesita de un “decreto” gubernamental. Pero la oposición sostiene que hace falta una “ley especial” que debe ser aprobada con el “el dos tercio de los integrantes de ambas cámaras” -9 votos en Senado y 18 en Diputados-.

De ser necesario que la Legislatura correntina deba avalar el convenio bilateral Nación-Provincia por la refinanciación; esa “homologación legislativa” deberán estar “antes del jueves 6 de enero de 2011”, de acuerdo a los cálculos previos.

Ni los socios se ponen de acuerdo: decreto o ley

El mismo día que Cristina Fernández y Ricardo Colombi firmaron el convenio bilateral, el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, dijo que la homologación se realizaría a través de un decreto que luego sería remitido a la Nación. “La Ley de Administración Financiera ya contempla la posibilidad de que la Provincia pueda reestructurar su deuda, porque las garantías ya fueron otorgadas y las condiciones son mejores”, dijo Vaz Torres. “No se trata de un nuevo endeudandamiento. La Provincia se está desendeudando”.

Sin embargo, el senador provincial Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes) -socio político del Gobierno- adelantó ayer que “el Ejecutivo está trabajando en un anteproyecto de ley para enviarlo a la Legislatura”. Consideró además que el convenio bilateral “deberá ser homologado” por la Cámara de Diputados y la de Senadores.

El otro socio político del Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani (Partido Liberal), fue más cauto. Le pidió paciencia a la oposición, señalando que “primero habría que tener el instrumento” -una copia del Acta Acuerdo, y recién ahí “ver si se necesita del aval legislativo”, señaló.

Tras cartón, el compañero de banca de Cassani salió a opinar lo contrario. El diputado Alberto Simón (Partido Liberal) dijo que se trata de una “reprogramación de plazos de deuda” y que se “cambiaron las condiciones de un endeudamiento”, que va a afectar a las administraciones de la Provincia de los próximos 20 años.

Es más, la polémica ya se habría cobrado una víctima. Ayer renunció el fiscal de Estado, David Castello, y se dijo que fue por no estar de acuerdo con la teoría del Gobierno (ver página 6).

El argumento constitucional

La oposición no cuestiona las condiciones beneficiosas en las que el Gobierno nacional le reestructuró los pasivos a Corrientes ($1.700 millones reprogramados hasta el 2030; 227 cuotas mensuales de $8 millones; un año y medio en la que Corrientes se ahorrará $530 millones; se reducirá el 40% del total stock de deuda, etcétera). “No se cuestionan las condiciones, pero este Desendeudamiento no deja de ser el cambio de una obligación por otro: son nuevos plazos e intereses, que son más beneficiosos. Eso nadie discute”, dijo a “época” el diputado del Bloque “Leandro N. Alem” (UCR disidente), Armando Aquino Britos.

El legislador y constitucionalista sostiene que el acuerdo de refinanciación “no deja de ser obligaciones a futuro, y eso está regulado por los artículos 15, 19 y 118, inciso 21, de la Constitución provincial”.

Desde el Partido Justicialista (PJ) sostienen el mismo argumento jurídico, “máxime cuando no hay un Presupuesto 2010”, dijo Carlos Rubín.

Que lo partidario no meta la cola

Al no conocerse todavía “la letra chica” del convenio bilateral ni los mecanismos que el Ejecutivo provincial utilizará para a refinanciarle las deudas a unas 13 comunas -a la que está obligado-, la oposición quiere atar todos los cabos y establecer las pautas de antemano.

Si el “Acta Acuerdo” debe ser homologada, se necesitará del dos tercios de los votos de ambas cámaras. El oficialismo no alcanza, ni con sus aliados, los 9 votos en el Senado y los 18 en Diputados, por lo que necesitará de la oposición.

A cambio de los votos, la oposición buscará imponer una ley que establezca los “detalles precisos” para que se refinancien las deudas a los municipios. Sobre todo “establecer el tiempo” en el que se implementará, para que se practique en los próximos meses, y que no quede sujeto a “la voluntad política” del Gobierno.

La oposición no quiere “nada” a “criterio” del Ejecutivo, para que “lo partidario” no “enturbie” el “desendeudamiento” de las comunas, sobre todo de Capital, que es la más endeudada.