Nueva objeción contra la ley de jueces interinos

Demanda del Colegio de Abogados del Sur. La entidad solicitó a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declare inconstitucional la norma, porque “desconoce” el fallo de la Corte Suprema.

El Colegio de Abogados del Sur también se sumó ayer a quienes reclaman que la Justicia, con urgencia, ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de continuar con el proceso tendiente a lograr la designación de jueces interinos en forma directa, sin un proceso de selección previo que permita sopesar la idoneidad de los postulantes. La medida cautelar fue solicitada en la demanda por la que la entidad solicitó que la Ley 8.136 sea declarada nula por inconstitucional.

El escrito ingresó pasado el mediodía en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el pedido expreso de que sea tratado por la Sala II como una acción conexa a la que impulsó el Colegio de Abogados de la capital contra disposiciones de la Constitución provincial reformada en 2006.

El presidente de la institución, Alejandro Molinuevo, advirtió que, si prospera el mecanismo aprobado por la Legislatura y que fue reglamentado por el PE, serán nombrados jueces, fiscales y defensores bajo la figura de interinos, pero, en realidad, sin límites temporales, gozarán de todas las prerrogativas funcionales de los titulares del cargo. “En síntesis, se trata de un sistema pretendidamente provisional que, en la práctica, se tornará definitivo”, subrayó.

El letrado también objetó otro hecho. “No se va a paliar la cobertura de vacantes en la Justicia. La Ley 8.136 posibilita que jueces en propiedad se inscriban para desempeñarse interinamente en otros cargos, lo que generaría nuevos cargos acéfalos. Así lo excepcional se transforma en regla”, advirtió.

El abogado alertó que el sistema republicano de gobierno no tolera interferencias en la administración de Justicia. “La indisimulada intención es cercenar la independencia del Poder Judicial por medio de la designación de jueces que ostensiblemente no cumplirán con los requisitos constitucionales. Esto constituye un alzamiento contra los pronunciamientos judiciales”. Esto aseveró para recalcar la importancia de la sentencia por la que la Corte Suprema anuló disposiciones de la reforma de 2006, razón por la que reprodujo la parte central del voto del vocal René Goane.

En esa línea, Molinuevo esgrimió que la selección de candidatos a la Justicia (sin distinciones entre definitivos e interinos) debe ser concretada por un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) regulado por la Legislatura, ya que, por la sentencia, la Corte sólo anuló la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda organizarlo por decreto, como preveía la reforma de 2006.

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