"La nueva ley de medios pone en riesgo la calidad de la democracia"

"La nueva ley de medios pone en riesgo la calidad de la democracia"
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano, analiza el proyecto oficial. Describe cuáles fueron los últimos embates contra la calidad institucional y por qué le preocupa tanto la concentración de poder en el Ejecutivo.
Menuda, afable, de sonrisa fácil y tonada cordobesa, nada preanuncia en el aspecto de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano, un adversario de temer. Sin embargo, pocos querrían discutir con ella. Primero, porque adjetivos y guitarreo suelen caer con estruendo ante su contundencia descriptiva. Segundo, porque no está dispuesta a dejar pasar aquello con lo que no está de acuerdo, aunque juegue de visitante.

En parte por eso, siempre resulta enriquecedor escuchar a esta abogada de 53 años, doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del board de Transparency International y consultora de organismos internacionales como la OEA, el PNUD y el BID, entre otros.

l ¿Qué opina de esta nueva ley de medios que impulsa el Gobierno?

- No sé si la sociedad capta que la discusión excede la pelea contra un grupo económico. El Estado puede corregir la existencia de monopolios o posiciones dominantes de mercado con las leyes antimonopolio, no con la ley de radiodifusión. Y la Argentina tiene una ley de Defensa de la Competencia que podría aplicarse, si se diera el caso. Esta nueva ley genera condiciones que, mal empleadas, pueden poner en peligro nuestra capacidad de acceder a fuentes alternativas de información. Y escuchar otras voces hace a la esencia de la calidad de la democracia.

l ¿Cuál es el mayor problema?

A mi juicio, la autoridad de aplicación, el organismo que va a encargarse de asignar las licencias, revisarlas, aplicar las sanciones. En el diseño sancionado por Diputados, tienen preeminencia los representantes gubernamentales. Para que haya libertad de información, el gobierno de turno no debe tener la capacidad de presionar a los medios o de interferir en la información.

l En 2005, Néstor Kirchner dictó una medida casi inversa, el decreto 527, que renovó masivamente licencias por diez años, y muy pocos medios lo criticaron.

- Sí, porque eran favorecidos. En la Argentina, suele pasar que la preocupación, en realidad, no es por la calidad institucional, sino por los propios intereses sectoriales. Ha pasado sistemáticamente con los decretos de necesidad y urgencia (DNU): cuando un sector era víctima de lo resuelto por un DNU, reaccionaba y decía "los decretos son un abuso", "alteran la división de poderes", etcétera. Al mes siguiente, otro DNU afectaba a otro sector, y el sector 1 no decía nada. Y esto, hasta el máximo nivel. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había apoyado la utilización normal de esta herramienta excepcional, cuando un DNU afectó su capacidad de fijar los sueldos en el Poder Judicial, dictó una acordada diciendo que era un atropello a la división de poderes.

l ¿Ocurre más en la Argentina que en otros países?

- Creo que hay culturas en las que el respeto de la ley y de las instituciones son valores sociales importantes, y eso genera que los gobernantes no se animen a hacer ciertas cosas porque temen la reacción de la población, lo que no quiere decir que no haya abusos. En la Argentina, en cambio, estamos viviendo un clima de anomia, las normas y cumplir la ley no son un valor, el que lo hace es visto como un tonto. Del otro lado, el Estado lo fomenta y cada equis tiempo hace moratorias, blanqueos y demás, con lo que el que pagó es perjudicado frente al que no cumplió.

l ¿Cambió algo tras el rechazo del Congreso a convertir en ley la resolución 125 de retenciones móviles?

- Después de la 125, los senadores y diputados se sentían exultantes, pero luego aprobaron lo de Aerolíneas, las AFJP, los superpoderes, y demás. Lamentablemente, no fue una bisagra hacia una nueva forma de operar del Parlamento, fue un punto en la historia, nada más. De ese momento, el que más aprendió fue el oficialismo, que comprendió que no puede dejar que la sociedad se entere de los temas en profundidad, algo que lleva tiempo y trabajo, no muchas voces amontonadas en los programas políticos de una semana. ¿Qué sabía la población de soja y retenciones en marzo de 2008? En julio, tras el debate que se dio, sabía y opinaba, y eso generó una presión importante en el Congreso. La lección que sacó el kirchnerismo es que a los temas importantes hay que darles tratamiento express: llegan, se tratan inmediatamente y salen.

l ¿Es un nuevo modus operandi?

- Dos semanas antes de esta ley, los legisladores aprobaron una ley de emergencia agropecuaria y una exención de retenciones para varios partidos bonaerenses afectados por sequía. Al día siguiente, dijeron que no habían leído el proyecto, que había sido presentado siete u ocho meses antes, y tenía dos carillas y seis artículos. Ahora, votan un proyecto de ley que tiene más de 100 páginas, con 155 artículos, que recibe 200 modificaciones y se transforma en uno de más de 170 artículos. Se aprobó el dictamen en comisión a las 11 de la noche del martes, y se empezó a discutir en el recinto a las 11 de la mañana del miércoles. Tengo derecho a preguntarme si los legisladores lo leyeron.

l ¿Puede anularse ese trámite?

- La oposición planteó, sobre el trámite parlamentario, que no se respetaron los siete días hábiles entre la publicación del dictamen y su consideración en el recinto (para que el proyecto se dé a conocer). Pero el tratamiento sobre tablas implica que un tema se trata sin dictamen de comisión o con uno que no tiene los siete días. Para ello hace falta que la Cámara vote, primero, autorizando el tratamiento sin el trámite normal. Pero lo que se hizo el miércoles fue una sesión especial, y en ellas no hay ninguna regla que diga que en estos casos hace falta votar el tratamiento sobre tablas. Otra objeción es que la sesión no se levantó a los 30 minutos sin quórum. Pero esto no es una regla, es una costumbre. No creo que ningún juez declare la nulidad con esos argumentos.

l ¿Y respecto de la catarata de discursos y las modificaciones leídas y, aparentemente, mal?

- Es que no se le puede imprimir ese apuro a un trámite de semejante ley. Durante tres horas el secretario leyó 200 modificaciones y después se dio una hora y media para tomar posición… No hubo siquiera debate técnico, para que no se contradigan unas normas con otras, que no se viole la Constitución, que no se digan cosas absurdas, como que no se pueden esgrimir los derechos adquiridos, que es una figura de raigambre constitucional. O la definición de atentados contra el orden institucional, por los que se va a poder sancionar a un medio, ¿a juicio de quién serán atentados? Todas estas cuestiones técnicas requieren análisis detallado, tiempo.

l ¿Va a generar conflictos judiciales?

- Probablemente.

l ¿Cómo funciona el Congreso respecto de otros tiempos?

- De 2003 a la fecha, ha tenido un funcionamiento muy deteriorado respecto del que tenía aún en la década del "90, el trabajo en comisiones, las instancias de debate con la minoría… Ha habido una pérdida de peso específico del Congreso desde el punto de vista político.

l ¿Puede cambiar el 10 de diciembre?

- En la medida en que los legisladores cambien su disposición a interactuar. Pero la primera minoría va a seguir siendo oficialista, va a seguir teniendo la presidencia de las comisiones más importantes.

l ¿Qué es lo más grave que ocurrió en estos años a nivel institucional?

- Una concentración de poder notable en el Ejecutivo y, dentro de este, una desvalorización del Gabinete como tal, lo cual hace que cuatro personas decidan todos los temas. Además, el estilo de generar enemigos en todos los sectores y fragmentar a la sociedad ha dado resultados desde el punto de vista del poder, pero ha desmerecido la calidad institucional y generado climas de enfrentamiento. A la vez, no existe una oposición política clara, coherente, que permita ver alternativas de gobierno. Lo que se advierte es una disputa por liderazgos personales, dificultad para coordinar su acción.

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