Nueva guerra en el Congreso por poderes al Gobierno

Por: Rubén Rabanal

La negativa del Gobierno a aceptar en el Congreso un debate para reformar nuevamente el Consejo de la Magistratura amenaza ya con complicar el debate de las leyes más urgentes que Cristina de Kirchner debe aprobar y que hasta ahora parecían estar consensuadas con la oposición. Los bloques de la oposición habían acordado hace una semana, en la reunión convocada por Eduardo Fellner por pedido de los Kirchner, bajar a sesionar el 5 de agosto para aprobar una nueva prórroga de toda la «legislación delegada» que vence a fin de ese mes.

Ese cuerpo de normas que faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante funciones como la recaudación de impuestos, la fijación de aranceles aduaneros o la administración de fuerzas de seguridad, entre cientos de poderes especiales, debió ser revisado y recopilado tras la Constitución de 1994, pero esa tarea nunca fue cumplida. De ahí que la obligación de revisarlas que Raúl Alfonsín incluyó en la reforma constitucional aún esté pendiente y se apele sistemáticamente a prorrogar su vigencia para evitar un caos en el funcionamiento del Estado.

Objetivo

Esas facultades son originarias del Congreso Nacional, pero nadie en su sano juicio puede imaginar al Parlamento organizando el cobro de tributos, pero sí la fijación del nivel de retenciones a las exportaciones de granos, por ejemplo. De hecho, ésa es una potestad que la oposición quiere recuperar desde hace un año.

Pero atendiendo a la emergencia que puede provocarle al Gobierno la falta de prórroga de esos poderes, toda la oposición se comprometió a aportar el quórum para sesionar, aunque presentando cada bloque propuestas de modificaciones. Para el kirchnerismo este último punto no es conflictivo: con lograr el quórum les bastará para conseguir la renovación, aunque fuera por un plazo breve de toda esa legislación delegada.

Puja pendiente

Pero el acuerdo se había logrado cuando el kirchnerismo aceptó abrir el debate de la derogación de los superpoderes, la modificación de las retenciones junto con el debate del Presupuesto Nacional 2010 y, sobre todo, los cambios en el Consejo de la Magistratura. Cuando, primero, Julio Alak y hoy Aníbal Fernández aclararon que no habría reforma del consejo de jueces, ese acuerdo comenzó a tambalear.

En el medio se mantiene pendiente otra puja: hasta el 10 de diciembre la oposición puede colaborar con el quórum pero el número para ganar las votaciones lo seguirá teniendo el oficialismo. Cualquier proyecto que se vote en el recinto y se rechace en ese lapso deberá esperar hasta el año que viene para su tratamiento. Pero desde diciembre todos los bloques opositores juntos tendrán mayoría sobre el kirchnerismo. De ahí que ya se analice en la UCR, la Coalición Cívica, el macrismo y el peronismo disidente postergar algunas votaciones.

Por ahora no hay agenda de proyectos en firme. El Gobierno sólo envió al Senado, el proyecto para ratificar el programa de ejercicios militares combinados que la Argentina realizará con otros países desde el 1 de setiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010.

Esa rutina que debe aprobar el Congreso incluye 21 ejercicios combinados entre las Fuerzas Armadas nacionales y extranjeras con el objetivo es «perfeccionar el adiestramiento militar, además de reforzar la cooperación e integración bilateral y multilateral». Y aunque la actividad no parezca conflictiva, en general suele despertar fuertes peleas en las dos Cámaras, especialmente por la participación de tropas de los Estados Unidos que normalmente exigen inmunidad penal para pisar suelo argentino. Esta vez no sería el caso.

El proyecto que debe ser aprobado antes del 31 de agosto no incluye inmunidades de ningún tipo para tropas extranjeras y alcanza a los ejercicios que la Argentina realizará junto con tropas de Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Estados Uni-dos, Sudáfrica, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, Reino de los Países Bajos, Nicaragua, Panamá y Canadá.

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