Una nueva ley evita judicializar los casos de violencia familiar

Crea un sistema de protección que evita tener que denunciar legalmente a todos los casos para recibir ayuda.
Hasta ahora, para que los integrantes de una familia reciban asistencia estatal ante un caso de violencia, sí o sí deben realizar una denuncia policial. Es que la otra alternativa es la exposición, pero nunca salen de los libros de actas de las comisarías y las autoridades jamás se enteran de ese llamado de atención ante un hecho de violencia que les hizo una víctima que se animó a ir a la policía a contar su caso. Ahora esto promete cambiar. El Ejecutivo ya promulgó una nueva ley de prevención de violencia familiar, en la que jueces, diputados y diferentes funcionarios del Ejecutivo se impusieron un acuerdo fundamental: evitar la judicialización de todos los casos y abordarlos con las áreas que correspondan del Ministerio de Desarrollo Humano. Así, intentan prevenir de manera más efectiva y rápida que los mecanismos actuales.

La nueva ley especifica los casos no sólo de violencia física, sino también psicológica, emocional, sexual y económica. Y, además de las mujeres golpeadas, las principales víctimas de la violencia familiar, esta ley tiene como destinatarios a los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las personas con capacidades especiales.

La ley lleva el número 7.943, ya fue enviada por el Ejecutivo al Boletín Oficial y empezaría a regir esta semana, una vez que sea publicada, ya que en el gobierno consideran que no necesitará una reglamentación específica. En lo único que no hubo un acuerdo total fue en el funcionamiento de un órgano de seguimiento de esta ley (ver recuadro).

La herramienta principal que crearon para evitar la judicialización es un formulario al que llamaron Solicitud de Protección. Estará disponible tanto en las comisarías como en las escuelas (públicas y privadas), centros de salud, ONG's e instituciones. Y la policía, los maestros y los médicos, como cualquier persona que conozca un caso de violencia familiar, podrá completarlo. Los receptores tendrán un plazo máximo de 48 horas para enviar este documento al Ministerio de Desarrollo Humano. Allí lo derivarán al área que corresponda. Y en las 24 horas siguientes deberán tomar medidas para asistir a las víctimas.

Este formulario, que contiene desde los datos personales de la víctima hasta un mapa para ubicar su vivienda o el lugar donde resida, es para aquellos casos de violencia en los que no hay un delito grave. En el caso de que así sea, el mecanismo prevé una rápida intervención judicial en estos plazos.

A diferencia de la ley actual, en Diputados creen que esta nueva legislación funcionará porque "la característica especial que posee es la inclusión de la comunidad. Esta norma está gestada en un ámbito de consenso, donde los tres poderes del Estado, durante casi cuatro meses, fueron contrastando opiniones y determinando conceptos, procedimientos y funciones", explicó la diputada oficialista Clarisa Botto, presidenta de la comisión de Familia.

Para el titular del Segundo Juzgado de Familia, Gustavo Almirón, "esta ley tiene dos aspectos fundamentales. El primero es que la gente va a tener un acceso más directo a la hora de pedir protección, a través de la comisaría, el centro de salud o la escuela. En segundo lugar, en lo judicial, se facilita y se mejora el procedimiento: ante un hecho de violencia, través de una medida cautelar, el juez puede tener una intervención directa, sin tener que correrle vista a la otra parte como era hasta ahora. Eso trababa en el tiempo la velocidad de la justicia".

En los juzgados de Paz, en los de Familia, y en Diputados destacaron "la legitimidad" de esta nueva ley, debido a que en su confección participaron todas las áreas de los tres poderes con intervención en los casos de violencia familiar. Y rescatan haber podido plasmar el objetivo que se trazaron funcionarios, jueces y diputados cuando empezaron a trabajar: no judicializar todos los casos de violencia familiar.

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