Un nuevo desafío parlamentario afronta desde ayer el bloque oficialista que preside Pedro Pesatti, ya que ingresó a la Legislatura el proyecto impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck que regulará toda la política educativa en Río Negro. La intención del equipo de gobierno es que la norma, de importante trascendencia institucional logre pleno consenso y pueda ser aprobada por unanimidad.

Por ello, además de los foros que se desarrollaron a lo largo de los últimos meses en las distintas ciudades rionegrinas, con la participación de docentes, padres y estudiantes, desde la Legislatura se impulsarán audiencias públicas que podrían realizarse no sólo en el ámbito legislativo, en las diferentes comisiones que funcionan en la capital provincial, sino también en otras localidades rionegrinas, para continuar propiciando el debate.

Pesatti destacó que la intención es que el proyecto de Ley Orgánica de Educación se apruebe por unanimidad y que para ello se abrirán todas las instancias de participación necesarias durante este próximo mes, para que antes de fin de año exista pleno consenso. "Si alguien se opone deberá justificar muy bien su posición", destacó Pesatti, alertando que la norma no requiere de mayoría especial sino simple y que se trata en una sola vuelta por ser enviada con acuerdo de ministros. No obstante, hay claras pretensiones de que sea respaldada unánimemente.

La norma establece a la educación como derecho social y bien público. En su elaboración, la comisión consultiva consideró que la ley provincial 2.444 (que es la vigente) "surgió hace 20 años para acompañar y afirmar los procesos democráticos que renacían" tras las dictaduras.

La ley instituye que todos los rionegrinos ejerzan su derecho de aprender, poniendo énfasis en la primera infancia y en el ciclo obligatorio comprendido desde los últimos dos años del nivel inicial (sala de 4 y 5 años) hasta completar la educación secundaria. Por otra parte, prevé dar respuesta a los desafíos de lograr una educación inclusiva, que el Estado será el principal agente educativo; garantiza su financiamiento y administración de recursos desde los criterios de justicia social y equidad regional, determina cuáles serán los criterios para el reconocimiento de los establecimientos educativos no estatales y cómo será para este último sector la cooperación económica del Estado.

Asimismo, determina los derechos y responsabilidades de los sujetos que intervienen en la educación: docentes, estudiantes, padres y madres, y deja sentada la voluntad política de "reconstruir el federalismo educativo sobre nuevas bases que permitan consolidar un sistema integrado de la educación, al que se incorporan nuevos contenidos que reconocen los nuevos derechos".