A pesar de haber dejado el cargo a fines del año pasado sumergida en una serie de escándalos, la vida de la exprocuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, transcurre con denuncias por su accionar en el Poder Judicial durante la pasada década.

En los últimos meses, la exfuncionaria fue acusada por impericia o negligencia en el ejercicio de sus funciones, por actos de parcialidad manifiesta, atrasos injustificados en los plazos legales para resolver, irregularidades en los procedimientos, abusos en su condición de magistrado para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, entre otros temas, los cuales la ponen en el centro del debate político.

Ayer, el abogado José María López  presentó una denuncia en los Tribunales platenses, en la que se le inculpa a Falbo del “blindaje” al Grupo Plaza para adueñarse en forma irregular durante 2007 de un predio lindero a la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria, en Lomas de Zamora, por 60.000 dólares, cuando el terreno estaba tasado por el Colegio de Martilleros en 1.500.000 dólares.

Falbo, junto al exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime, y el exministro de Economía Carlos Fernández, le habrían dado a los hermanos Roque, Mario y Sergio Cirigliano  la posibilidad de adquirir de manera irregular un terreno, maniobra que los dueños originales del mismo vienen acusando en diferentes denuncias como una “usurpación”. La decisión de la exfuncionaria judicial fue apartar al fiscal interviniente en el caso, Oscar David Acevedo, y poner al frente a alguien que presuntamente reportaba a su persona, como lo es Sergio Anauati, quien habría frenado las acciones que venía llevando adelante Acevedo, dando marcha atrás con sus resoluciones y permitiendo de esa manera a los Cirigliano poseer esa propiedad por fuera de la ley.

Uso político del poder

De acuerdo a la denuncia presentada ayer en los tribunales de nuestra ciudad, Falbo, Jaime y Fernández habrían creado un acto administrativo “nulo” que consignaba un ostensible precio vil con el objeto de “enmascarar” un negociado, incurriendo de esa manera en los delitos de malversación de fondos públicos, encubrimiento agravado y falsificación de instrumento público.

Los exfuncionarios habrían utilizado el poder político que detentaban para favorecer con oscuras maniobras a los Cirigliano, quienes se vieron beneficiados con cientos de millones de pesos en materia de subsidios durante la década K, lo cual quedó en el medio de la discusión luego del accidente ferroviario de Once que le costó la vida a 52 personas.

La causa se radicó en el Juzgado Federal Nº 1 de nuestra ciudad, que se encuentra subrogado por el juez federal Juan Manuel Culotta, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. En la misma se dice que la exprocuradora, con su resolución, le causó un “evidente perjuicio económico” al erario nacional, “regalándole” un bien que pertenecía a los argentinos a un grupo empresarial amigo del poder político.

La denuncia presentada por López se da en momentos en que los rumores sobre la posible venta del Grupo Plaza por parte de los hermanos Cirigliano no paran de crecer, y pone el acento en las maniobras sombrías hechas por Falbo en su recorrido judicial, con implicancias políticas en cada una de sus acciones y que la dejan al borde de rendir cuentas en la Justicia.

Acusaciones de larga data

- Está imputada por haber “blindado” al fiscal Julio César Novo, sospechado de avalar narcos.

- Pesa sobre ella una denuncia por no haber dado jamás cumplimiento a la Ley 12.659 de Violencia Familiar.

- Fue acusada por haber incurrido en el encubrimiento de evasión en 119 hechos en el sistema carcelario provincial.

- Se la incriminó por organizar persecuciones, sanciones y armado de causas contra fiscales que no le respondían.

- Se la inculpó del delito de tráfico de influencias para alivianar penas a determinados amigos del poder.

- Cercana a Aníbal “La Morsa” Fernández y al exlíder de Hinchadas Unidas Argentinas, Marcelo Mallo.

Conexiones y lazos imposibles de ocultar

Los hechos denunciados ayer en Tribunales, que involucran a la exprocuradora María del Carmen Falbo y a los exfuncionarios K Ricardo Jaime y Carlos Fernández, presentan relaciones que unen a los mismos con los hermanos Roque, Mario y Sergio Cirigliano.

Por ejemplo, el abogado que ejerció la defensa del Grupo Plaza en la acusación presentada en 2007 por los dueños originales del terreno apropiado por el emporio empresarial es el doctor Gonzalo Oliver Tezanos, quien actualmente ejerce la defensa de Jaime en los hechos de corrupción que se le imputan, como la compra a España y Portugal de trenes oxidados imposibles de usar en nuestro país.

Jaime mantuvo a lo largo de todos los años que estuvo al frente de la Secretaría de Transporte una relación personal con los Cirigliano, y dicho accionar se encuentra hoy investigado por la Justicia, poniendo el acento en los cientos de millones de pesos que se le dieron en forma indiscriminada y sin ninguna clase de control por parte del Estado al grupo empresarial.

A su vez, Fernández, que en esos tiempos se desempeñaba como ministro de Economía de la Provincia, pasó luego a ejercer el mismo cargo en nación bajo la primera presidencia de Cristina Kirchner, y el día en que asumió, uno de los presentes en la jura era el propio Mario Cirigliano, quien aplaudió la designación de una de las personas que considerada “cercana a su causa”.

Además, en un caso plagado de irregularidades, Falbo fue la persona que ejecutó en persona el apartamiento del fiscal de la investigación que afectaba a los dueños del Grupo Plaza, Oscar David Acevedo, relegando al funcionario judicial a una fiscalía de menor cuantía con delitos de menor complejidad y le inició una causa por supuesto “mal desempeño de sus funciones”.