Una nueva cultura tributaria

Los objetivos que persigue el Gobierno con el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva más generosa de la historia. La estrategia de hacer de la necesidad virtud. La racionalidad económica y los reparos éticos. La recesión asoma en el horizonte. Los anuncios que faltan.

Por: Maximiliano Montenegro

En el Gobierno son conscientes de las medidas anunciadas esta semana –la supermoratoria impositiva, previsional y, en especial, el blanqueo de capitales de argentinos en el exterior– se alejan de cualquier definición progresista de política económica. Antes que los Kirchner las aplicaron, sin éxito, Alsogaray (con Frondizi jaqueado por los militares), Krieger Vasena (con Onganía) y Cavallo (con Menem), en 1992. Al margen de la discusión de los derechos de autor, son políticas típicamente regresivas: benefician a los sectores más acomodados. Siendo generosos, al 2 o 3% de los argentinos de mayores ingresos. Un selecto club que, precisamente, no se caracterizó por un comportamiento ejemplar.

El kirchnerismo justifica la necesidad de esas medidas en un supuesto beneficio social, que desplazaría los reparos éticos o morales. En sus fundamentos, el proyecto de ley ómnibus de blanqueo es elocuente respecto del “pragmatismo” que guía las decisiones del matrimonio presidencial.

Evasores cipayos. En la versión oficial, el comportamiento de quienes fugaron dinero en negro al exterior se entiende exclusivamente como una “conducta preventiva”. “La inestabilidad política, económica y regulatoria que caracterizó a nuestra economía en la última parte del siglo pasado explica, aunque no justifica, la conducta preventiva de quienes optaron por depositar sus ahorros en otro territorio”, dice el texto.

Salvo en los períodos en que rigieron controles de capitales, girar divisas al exterior no era delito. Pero antes de que los Kirchner reescribieran la historia, sí lo era transferir dinero que no fue declarado al fisco, es decir, proveniente de la evasión. Por supuesto, la inestabilidad macro fue siempre el gran incentivo a la fuga, pero en muchos casos predominó el interés por alejar del alcance de la DGI grandes sumas de dinero negro.

Luego se reconoce el fracaso del Estado argentino al momento de perseguir a los evasores con dinero en el extranjero. Y se concluye que “bajo un prisma positivo y pragmático que permita reencauzar una parte de los fondos argentinos en el exterior hacia el financiamiento de la inversión en nuestro país, será pertinente que el Estado decline las potenciales acciones fiscales… En definitiva, la iniciativa implica ganancias tanto para los actores involucrados como para la sociedad en su conjunto: quienes hayan girado ahorros al exterior podrán regularizar su situación, quienes tienen proyectos de inversión contarán con recursos financieros para materializarlos… finalmente la sociedad toda se beneficia con una mayor tasa de inversión y un proceso de desarrollo sostenido con inclusión social, con mayor eficiencia tributaria y equidad social (sic)”. Asociar el blanqueo con la equidad social ¿no será mucho?

A diferencia del período 2005-2007, cuando el Banco Central compraba divisas para evitar un derrumbe del tipo de cambio, hoy en Argentina faltan dólares. En el último año se fugaron más de u$s20 mil millones a cajas de seguridad y cuentas de empresas y particulares en el exterior. Semejante proceso de dolarización de carteras fue financiado en su totalidad con el superávit comercial. Pero si la oferta de dólares de las exportaciones se encoge por la caída de los precios internacionales de las commodities y la demanda continúa firme, la sangría acelerada de reservas será inevitable.

En el equipo económico argumentan que ante el cambio de escenario, cualquier oferta adicional de dólares es bienvenida. Creen que si el blanqueo lograra atraer un porción de los u$s132 mil millones que los argentinos atesoran fuera del circuito económico local, ese ingreso de capitales serviría para ganar tiempo hasta que se vislumbrara en el horizonte un nuevo ciclo alcista en los precios de las exportaciones.

A favor del blanqueo juega el hecho de que los bancos en el exterior que eran refugios seguros hoy corren el riesgo de derrumbarse como castillos de arena. Desde ese punto de vista, tal vez algunos evasores consideren que es mejor comprar una propiedad de lujo en Nordelta (pagando apenas 1% de impuesto) que tener un depósito en el Citigroup o el Crédit Suisse.

Pero hay una pregunta elemental que desalienta cualquier pronóstico: si en el último año empresas y particulares fugaron más de u$s20 mil millones por temor a una crisis, ¿por qué van a “repatriar” divisas por un perdón impositivo?

Evasores patriotas. Es curioso, pero el Gobierno diferencia entre los evasores que se llevaron el dinero al exterior y los evasores patriotas, que vendrían a ser aquellas empresas a las que les interesa el país. En el capítulo dedicado a la moratoria, el proyecto de ley dice que “se intenta crear una posibilidad única y por tiempo limitado que permita la regularización fiscal de aquellos contribuyentes que, por no estar en condiciones o por no querer hacerlo (sic), mantuvieron sus capitales en el país, defendieron sus empresas, mantuvieron las fuentes de trabajo y en definitiva apostaron y se esforzaron para revertir la situación generada en el año 2001 y parte de 2002”.

Se supone que una moratoria tan amplia como la anunciada esta semana se justifica a la salida de una crisis o de un largo período recesivo, que puede golpear a las empresas –en especial, pymes– al punto de priorizar el pago de sueldos antes que los impuestos. Sin embargo, la actual moratoria se lanzará después de la etapa de mayor crecimiento de la historia, durante la cual gran parte del universo empresario embolsó ganancias extraordinarias.

Desde la AFIP, defienden el proyecto con el argumento de que “busca frenar el salto en la informalidad que sobrevendría con la recesión, sobre todo entre las pymes que tienen una pesada mochila fiscal”. “La evasión es fundamentalmente un problema de las pymes, lo mismo que el 40% de trabajo en negro”, explicó a este diario un alta fuente del organismo.

Sin embargo, es llamativo que el proyecto no diferencie por tamaño de empresa, sino que deja abierta la puerta a grandes y chicas por igual.

Otro de los puntos cuestionados de la moratoria se refiere a la extinción de las causas encuadradas en la ley penal tributaria (de enero de 1997), que prevé penas de hasta 9 años de prisión. El proyecto sólo exceptúa los casos de fraudes con regímenes promocionales y la retención de aportes personales de los trabajadores no depositados ante el fisco. ¿Y los casos de las facturas apócrifas? Las dos megacausas denunciadas por la AFIP involucran a casi todas las grandes empresas del país, que en general las usaron para inflar costos y abonar menos impuestos. Pero sirvieron también, como en Skanska, para ocultar el pago de coimas. En el organismo tributario dicen que los abogados todavía están estudiando los alcances de la prescripción.

Según el Gobierno, el objetivo principal de la moratoria es que las empresas que se anoten garanticen la estabilidad de los puestos de trabajo por dos años. Y a ese mismo objetivo apuntaría el plan de blanqueo de hasta 10 trabajadores por empresa, sin costos y con rebaja de aportes patronales en el primero y segundo año.

Preguntas: ¿qué chance hay de que una empresa que evadió durante los años de bonanza regularice su situación con la condición de mantener por dos años los puestos de trabajo a las puertas de una recesión? ¿O que una empresa blanquee trabajadores a cambio de una rebaja de aportes por dos años, con la condición de no despedirlos? La situación de aquellas compañías que ya fueron denunciadas por la AFIP es diferente. Para los imputados en 6.000 causas en los tribunales tributarios, el premio tal vez sea zafar de la cárcel.

Es difícil que la AFIP vuelva en el futuro a aleccionar a los contribuyentes con el concepto de “una nueva cultura tributaria”. Eso es seguro.

Luces rojas. De las medidas comunicadas por Cristina –salvo el anuncio de que el 15 de diciembre se hará público un plan de obras por 71.000 millones– ninguna tiene un impacto directo para revertir el proceso recesivo en ciernes. Se espera que en los próximos días la flamante ministra de la Producción, Débora Giorgi, apunte en esa dirección con un paquete de medidas para estimular las ventas de autos, ofrecer crédito barato a la industria y el campo, financiar parte de los sueldos de empresas en crisis, promover las exportaciones y restringir el ingreso de importaciones en el mercado doméstico, entre otras.

Más vale apurar esas iniciativas. Los números de octubre son un anticipo de la economía que se viene: la construcción se estancó (apenas 0,3% respecto de octubre de 2007); las exportaciones, en volumen, cayeron 7%; las ventas de autos, 4%; las compras de electrodomésticos, 6%; las cantidades vendidas en supermercados retrocedieron 4%, etc. Además, en el tercer trimestre (agosto-septiembre) la creación de empleos fue casi nula: 0,3% frente al 6,7% de principios del año pasado.

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