María Julia Alsogaray fue condenada ayer a cuatro años de prisión, acusada de haber desviado millones de pesos de las arcas públicas cuando era secretaria de Recursos Naturales, durante el gobierno de Carlos Menem.

Es la segunda condena en su contra por delitos cometidos como funcionaria. La anterior fue en 2005, por enriquecimiento ilícito. En 2008, esa condena la confirmó la Corte Suprema y Alsogaray ya cumplió su pena.

Esta vez, la sentencia fue por "peculado", por haber desviado fondos a través de un sistema de pasantías suscripto con la Universidad de Lomas de Zamora. También fueron condenados José Roberto Merlino, que trabajaba en la universidad, y Pascual Antonio Romeo, ex funcionario.

Por el momento, Alsogaray no quedará detenida. Dentro de dos semanas se conocerán los fundamentos de la condena, que seguramente será recurrida por ella ante la Cámara de Casación, máximo tribunal penal. Mientras tanto, pesa sobre Alsogaray y los otros dos condenados una prohibición de salida del país.

El fallo fue dado a conocer ayer, a las 15.30, por el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panelo. Alsogaray, de 70 años, estuvo presente en la audiencia, que se celebró en una pequeña sala de la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. Escuchó su condena y se retiró en silencio. De acuerdo con la fiscalía, que llevó adelante la acusación, se detectaron decenas de recibos de sueldos falsos. Los nombres de los supuestos trabajadores no coincidían con sus números de documento y no se sabe con precisión cuánta gente prestó efectivamente servicios en este programa de pasantías.

Durante la investigación, declaró como testigo, por ejemplo, una abogada que era estudiante mientras el convenio estaba vigente y figuraba como una de las que cobraron, pero ella dijo que nunca había trabajado y que ninguno de los recibos llevaba su firma, explicó a LA NACION una fuente del tribunal, que afirmó que según los cálculos de la fiscalía el desvío habría sido como mínimo de 2.400.000 pesos, desde principios de 1993 hasta 1995.

Según los investigadores, no fue posible determinar con precisión el alcance del convenio, además, porque se extraviaron dos expedientes: uno en la Universidad de Lomas de Zamora y otro en la Secretaría de Recursos Naturales. Alsogaray fue acusada por la fiscalía por haber dictado una resolución administrativa que permitió la maniobra. El tribunal la condenó porque entendió que el desvío no hubiera sido posible sin su consentimiento..