El juez Marcelo Bailaque hizo lugar al requerimiento formulado por el fiscal de la mega causa Feced Gonzalo Stara, quien solicitó se forme una nueva causa que tenga como objeto la investigación de los delitos sufridos por los ex presos políticos que estuvieron detenidos en el penal de Coronda, cuyos casos integraron el juicio Díaz Bessone. El fiscal considera que todos ellos fueron víctimas de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y en el caso de Daniel Gorosito, también del delito de homicidio triplemente calificado.

El pedido del fiscal recibió el apoyo de la Asociación Civil EL Periscopio, que nuclea a los ex presos políticos de la provincia, convencidos de la necesidad de realizar una causa en Rosario sobre los delitos del Penal de Coronda, que impida el proceso de revictimización que significaría verse obligados a reiterar sus relatos del horror vivido ante otro tribunal, en el caso de realizarse solamente un único juicio en la ciudad capital.

Los ex presos acercaron una carta al fiscal manifestándole su apoyo al pedido y expresando su total coincidencia con la propuesta. Jorge Palombo, Luis Ortolani, Alfredo Vivono y Héctor Medina, en representación del Periscopio, se entrevistaron con el juez Bailaque con idéntico propósito.

Héctor Medina, secretario gremial de SITRATEL e integrante del Periscopio, manifestó que apoyaba decididamente la decisión judicial, considerando que la mayor parte de la prueba colectada está en Rosario, y celebró la decisión considerando que las cárceles de la dictadura formaban parte del plan sistemático de represión implementado, por lo cual los delitos cometidos deben investigarse en ese justo marco.

Alfredo Vivono, también integrante del Periscopio, manifestó el amplio apoyo a la investigación que todos los integrantes le brindarán a la fiscalía, con el objetivo de reconstruir los calvarios sufridos por todos los compañeros y avanzar en las responsabilidades correspondientes.

Stara manifestó que en principio incluyó entre las víctimas a aquellos cuyos casos integraron la base fáctica del juicio Díaz Bessone, pero que en lo inmediato ampliará el listado de casos en base a la amplísima prueba testimonial de la causa Feced y la activa colaboración de los ex presos.

Según manifestó Stara, conforme él mismo peticionara al momento de alegar en el juicio "Díaz Bessone", siguiendo las previsiones del art. 401 del CPPN, y atento que el tribunal oral 2 hiciera lugar al planteo, solicitó se ordene el llamado a prestar declaración indagatoria a Octavio Zirone, Juan Angel Domínguez y Adolfo Kushidonchi, por los hechos de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados que damnificaron a: Hermenegildo Acebal, José Aloisio, Osvaldo Daniel Bas y Mansilla, José Berra, Esteban Borgonovo; Juan Pablo Bustamante, Hugo Cheroni, Raúl Chiartano, Carlos Alberto Corbella, Marcelo De la Torre, Ernesto de los Santos Ifran, Adrián Héctor De Rosa, Benito Espinoza, José Américo Giusti, Daniel Gustavo Gollan, Gregorio Larrosa, Felix Manuel López, Mario Luraschi, Esteban R. Mariño, Gustavo R. Mechetti, Máximo Antonio Mur, Eduardo R. Nassini, Marcos Alcides Olivera, Marcelino Panicalli, Gustavo A. Piccolo, Generoso Ramos, Juan Carlos Ramos, Angel F. Ruani, Ernesto Jorge Rueda, Adrián Sánchez, Eduardo Jorge Seminara, Jorge Eduardo Ugolini y Alfredo Néstor Vivono, sumándole el delito de homicidio agravado en el caso de Daniel Gorosito.

Se consideran ilegales todas las detenciones en el penal de Coronda por las condiciones inhumanas de detención sufridas por éste grupo de víctimas, más allá de considerar también que durante el alojamiento en dicho penal, fueron sometidas a distintos métodos de tormentos.

Todos los detenidos políticos convivían con la certeza de que en algún momento iban a ser llevados a las celdas de castigo (chanchos), toda vez que se sabía que tarde o temprano, con causa o sin ella su destino sería ser sometido a la tortura que implicaban las celdas mencionadas.

Cabe recordar lo manifestado por el testigo Medina durante el debate: el plan sistemático se aplicó puertas para adentro de las cárceles.

Estas víctimas, todas las que han sido trasladadas a Coronda, atravesaron condiciones inhumanas de vida, en muchos casos similares a las que atravesaron en los CCD donde estuvieron privados de la libertad antes.

Pueden mencionarse algunas similitudes que como hemos dicho transforman en ilegal la detención conforme las condiciones en que fue cumplido el encierro.

1.- déficit casi total de la alimentación,

2.- el alojamiento en lugares insalubres,

3.- las escuchas de lamentos o ruidos durante las torturas de sus compañeros,

4.- la incertidumbre sobre cuál sería el desenlace y cuánto duraría la situación por la atravesaban

5.- la precariedad cuando no la ausencia de medios para satisfacer las necesidades fisiológicas,

6.- la falta de higiene y de atención médica,

7.- el desprecio y maltrato de los guardias,

8.- las amenazas de toda índole que se sucedían en lo cotidiano.

Como han referenciado algunas víctimas, los miembros de la patota concurrían al penal: Píccolo cuando era "visitado" por Feced; las entrevistas de Gonzalez Roulet, y por las cuales se le ha solicitado al mismo indagatoria (por De La Torre, Vivono, etc.)

Todo ello da cuenta del estado de indefensión en que se hallaban los detenidos, los que se encontraban, como hemos dicho, en una situación de total incertidumbre y de temor permanente.

A toda esa tortura psicológica se sumaban las agresiones físicas, traducidas en golpes, patadas en la cabeza, la práctica del "teléfono" (aplaudirle en los oídos con la zapatilla o con las manos), períodos prolongadísimos en celdas de aislamiento (recuérdese a Mechetti, Píccolo) y demás vejaciones de las que dan cuenta las propias víctimas en sus testimonios expuestos en el debate, cuyo audio se acompaña.

En ese sentido, las lesiones en la mente de quien ha sido humillado, desnudado, golpeado, son, sin duda, superiores y más durables que los eventuales hematomas que puedan haber producido los golpes.