Funcionarios de la provincia y el municipio, quienes viven en las 12 hectáreas de barrio Cullen y los dueños de las tierras volverán a reunirse hoy en los Tribunales provinciales. La audiencia fue convocada por la jueza Stella Maris Bertune con el objetivo de acordar una alternativa para evitar el desalojo masivo de unas 400 familias que desde hace treinta años viven en el predio limitado por avenida Sorrento, Cullen y el arroyo Ludueña. Los vecinos presentarán una propuesta para crear un fideicomiso que avance en la urbanización de ese sector del noroeste de la ciudad. Desde la provincia señalan que la medida es “imposible de cumplir”.

  El de hoy, a las 9, será el segundo intento de crear un espacio de negociación antes del 15 de abril, fecha en que está librada la orden judicial para desocupar los terrenos. En la primera se acordó aplazar la fecha del desalojo, ahora deberían surgir propuestas concretas para poner fin a un conflicto que ya va a cumplir 17 años.

  

El secretario de Hábitat de la provincia, Diego Leone, señaló que presentarán una propuesta “para intentar una solución”, frente a una orden judicial “completamente inviable” por la cantidad de personas a las que afecta.

  

El funcionario recordó que hace unas dos semanas el gobernador se reunió con representantes de las familias que llevan más de 30 años en el lugar, “la intención del estado provincial es buscar y ayudar a buscar un acuerdo en este conflicto y una solución al problema”, sostuvo aunque evitó explayarse sobre la idea que presentarán a la jueza Bertune.

Urbanización popular. Las familias que crecieron en las 12 hectáreas en conflicto, volverán a presentar su intención de adquirir los terrenos, destinando para esto el 20 por ciento de sus ingresos mensuales. De mínima, la mayoría de las familias cobra la asignación universal por hijo.

  Junto a la organización social Causa y el Frente Social y Popular, acercarán ahora una propuesta integral de urbanización popular “que solucione definitivamente el conflicto por la titularidad de las tierras y avance además en la urbanización del barrio Cullen eternamente postergado”, señalaron en un comunicado.

  

La iniciativa consiste en la creación de un fideicomiso administrado por el Banco Municipal y auditado por el Plan Abre, organizaciones sociales y la empresa Compañía Santafesina de Tierras, dueña de los terrenos.

 

 El fondo se integrará con los aportes de provincia y municipio de los recursos para realizar la apertura y pavimentación de calles, tendido de servicios, forestación y espacios verdes; los vecinos sumarán una cuota mensual para abonar los lotes que la propietaria cederá en forma onerosa.

  

Una alternativa similar se desarrolló en el asentamiento conocido como Los Humitos, en el distrito oeste de la ciudad. Sin embargo, de prosperar, lo novedoso del proyecto sería su magnitud.

 

Una larga historia. La audiencia de hoy será un nuevo capítulo en un pleito que se inició en 1999 cuando la empresa Compañía de Tierras Santafesinas reclamó el desalojo del terreno que la firma adquirió en 1984. Por entonces ya vivían en ese lugar familias que se dedicaban al cirujeo y empezaron a construir casas humildes que, con el paso del tiempo, fueron mejorándose y agrandándose. La mayoría tiene servicio de luz eléctrica y agua potable.

  Los desarrolladores reclaman la devolución de la tierra o el pago mediante

expropiación estatal. Una medida que fue aprobada por el Concejo Municipal en 2009, pero no llegó a tratarse en la Legislatura provincial.

  Recién en diciembre pasado, el diputado Carlos del Frade presentó el

proyecto para que la provincia compre el terreno.

 

 Unas semanas antes, los vecinos habían empezado a ser notificados de la determinación que los obligaba a dejar sus casas. En la audiencia de hoy se propondrá otro camino.