Nuestro oscuro país

Por Santiago Kovadloff

Un vicepresidente que no se identifica con el gobierno al que representa.

Un gobernador e intendentes municipales que, sin renunciar a sus funciones, se postulan como candidatos a legisladores, lo que da a entender que, si llegaran a ser elegidos, tal vez no asumirían sus bancas.

Un ex presidente que, en los hechos, concentra poco menos que la suma del poder público, pero que advierte con énfasis profético sobre los males que destruirían la democracia si la oposición ganara más espacio parlamentario.

Una presidenta que ha delegado la médula de sus atribuciones en quien no fue elegido para encarnarlas y que, sin embargo, no vacila en acusar a sus adversarios de empeñarse en quebrantar el orden constitucional.

Fantasmagóricos ministros y secretarios de Estado que no tienen responsabilidad propia en el ejercicio de sus funciones.

Una política exterior que no parece conocer otro desvelo que el de afianzar sus vínculos con Venezuela.

Una política interior que ha hecho del federalismo un mercado de prebendas.

Un Gobierno que arrastra, desde hace ya más de un año, un conflicto con los productores del campo, sin dar muestras de querer solucionarlo.

Protestas agropecuarias que rebasan el cauce legal, como la muy reciente de Lobería, en la que algunos chacareros se comportaron como marginales ante un gobernador que, para probar su popularidad, se presentó en el lugar, custodiado por trescientos agentes de policía.

Una Argentina que, mientras se acerca a sus dos siglos de vida, acentúa, para celebrarlos, la posibilidad de terminar importando trigo y carne, en lugar de exportarlos.

Una Argentina, en suma, que habiendo sido ejemplar en el orden educativo, hoy cuenta con maestros maniatados por salarios indignos, mientras que se los priva de la indispensable capacitación. Y con maestras amenazadas y golpeadas por sus alumnos que, para poder enseñar, reclaman protección a la Justicia.

Tal es la trama de este laberinto de pesares que hacen del nuestro un oscuro país. A semejante decadencia han contribuido generaciones sucesivas de dirigentes que, a la luz de nuestras desgracias, parecen hermanados por una misma incultura republicana; ineptas, todas ellas, para dar sustento perdurable a un ideal de crecimiento y equidad social capaz de traducirse en políticas públicas de veras progresistas.

De este escenario de arbitrariedades, bajezas de toda laya y pobrezas discursivas con las que podría componerse una antología mayor del desatino, sólo se empezará a salir de la mano de quienes, desde un Parlamento razonablemente renovado, contribuyan a hacer de la ley un axioma no negociable.

La ley son esas columnas de Hércules que acotan la desmesura, las arbitrariedades de un poder que se quiere ilimitado. Y lo hacen mediante un señalamiento formulado en nombre de la prudencia que requiere el bien común: nec plus ultra ("no más allá"). Cuando se desconoce el límite que la ley fija a la intención despótica, se cae en la incivilidad, que es la configuración social que asume el desenfreno. Es el turno, entonces, de las conductas que degradan la convivencia y convierten lo político en obligado vasallaje a las imposiciones del transgresor más hábil y más fuerte.

Hacia ese horizonte sombrío de creciente ilegalidad se ha ido deslizando nuestro país. Allí lo tenemos hoy, chapoteando en su inoperancia, en su inconsistencia jurídica, en su descrédito internacional y en su desorientación interna.

No hay nada más lamentable en las gestiones desplegadas por los dos últimos gobiernos que el hecho de que se hayan sumado, con inocultable vehemencia, a las filas de quienes, antes que ellos, se convirtieron en sepultureros de la ley.

Pero, aun así, en este escenario convulsionado por las descalificaciones y los enconos en los que parece encontrar su deleite más intenso la dirigencia política, la gente de a pie, la ciudadanía, hace saber, invariablemente, a quien esté dispuesto a oírlo, que el ideal de una vida regida por la Constitución nacional está en el centro de sus aspiraciones cívicas.

Nadie en sus cabales adhiere ya, en esta aleccionada Argentina de comienzos del siglo XXI, a la arcaica expectativa de ver quebrantado el orden constitucional. Y por eso, las distorsiones que desde el poder se introducen en ese orden indispensable inquietan a un pueblo que sabe que no tiene porvenir innovador fuera de la ley.

En esta democracia, tan necesaria como desvaída y turbulenta, el cumplimiento íntegro de su mandato, por parte de la presidenta de la República, constituye una esperanza unánime de los argentinos y por él velamos todos, incluso, y ante todo, los que no coincidimos con el curso impreso a su gestión.

Mientras tanto, el Gobierno debe prepararse para aceptar la valla que, en el marco parlamentario, pueda imponer a sus pretensiones el espíritu de la ley. Tendrá que aprender la más ardua de las lecciones a las que podría verse enfrentada su natural propensión a la autosuficiencia y la soberbia: a escuchar, a debatir, a concertar.

Para el Parlamento, a su vez, ello podría significar el inicio de un ciclo de rehabilitación moral, no sólo operativa.

Muchos son aún los que sostienen que la Argentina debe tocar fondo para empezar a recuperarse. Desconfío de la fecundidad de los procesos históricos que demandan un apocalipsis para que se produzca luego un venturoso resurgimiento.

Esta creencia se inspira en una lógica vetusta y varias veces remozada por los sucesivos seudoprogresismos. Lejos de ello, de lo que se trata, a mi entender, es de evitar que el mal siga profundizándose. Y para que así ocurra lo requerido hoy, a lo que todo indica, es la rápida reconstrucción de los partidos políticos. De ellos, de lo que no supieron ser cuando tanta falta hacía que lo fueran, de su penosa descomposición ulterior, resulta, en gran medida, esta declinación dramática de los espacios participativos apropiados para contrarrestar la errancia social. Errancia que, con frecuencia, pasa de la protesta a la violencia para descubrir, más tarde o más temprano, que ella de nada sirve como cauce transformador de su disconformidad. La democracia directa, el disenso ejercido y manifestado con prescindencia de las mediaciones e investiduras correspondientes, culmina siempre en eso que tanto abunda hoy: la preeminencia del garrote sobre la palabra. Y es innegable que la fragilidad institucional de la Argentina alienta el descrédito de los mecanismos representativos. Por eso, lo que el país pide a sus gobernantes es que no sigan homologando su tarea al empecinamiento con que tratan de sostener sus ambiciones personales. Y se lo está pidiendo porque de ese reduccionismo, y no de otra parte, es de donde puede brotar la prenunciada catástrofe con la que el oficialismo amenaza en caso de perder la mayoría parlamentaria. Dígase, de paso, por si no se lo ha advertido, que identificar la salud del sistema democrático con la hegemonía siempre invicta de los criterios propios ya es estar fuera del sistema democrático.

Estamos, en fin, ante una Argentina que no deja de mostrarse a merced de las jaurías hambrientas que se disputan el monopolio de los recursos del Estado y los aportes privados. Para reorientarse, para refortalecerse, tendrá que optar por un marco institucional más sólido y sano. Sólo entonces nuestro país empezará a dejar de ser un celebrante del pasado, un devoto de la repetición y de la obsecuencia con el delito.

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