Aún no hay novedades sobre el desalojo de las viviendas tomadas

"Parece que la Justicia no se da cuenta de que pasan los días y cada vez es peor", aseveró el subsecretario de Gobierno, Fernando Gauna
El subsecretario de gobierno del municipio de General Pueyrredon, Fernando Gauna, confirmó ayer que todavía no hay novedades acerca del desalojo de las viviendas del plan dignidad, usurpadas desde mediados de enero.

Según indicó el funcionario, la Cámara todavía no resolvió la posibilidad del recurso que había presentado, por lo que no está firme la sentencia que dispone la desocupación de las casas, ubicadas en la calle 49, entre Pehuajó y Friulli, del barrio El Martillo.

"Esto quiere decir que la gente que está usurpando todavía tiene tiempo de quedarse en ese lugar", explicó Gauna, quien consideró que "esto se está haciendo eterno, parece que la Justicia no se da cuenta de que pasan los días y cada vez es peor".

"Creo que ya vamos a llegar lamentablemente a los tres meses -de ocupación de las viviendas- por ahora seguimos esperando", indicó.

El subsecretario reiteró que "entendemos los tiempos que pueda necesitar la Justicia para expedirse, los plazos legales, pero también que es una situación bastante grave, compleja y que afecta a muchísimas personas, a los trabajadores que no están trabajando, las casas que no se terminan, los adjudicatarios que tienen que ir que ven que sigue ya una demora de más de dos meses la construcción de sus viviendas".

Asimismo reconoció que "no sabemos en qué estado se van a encontrar" las mencionadas viviendas, asegurando que a medida que pasa el tiempo el tema y las circunstancias son "cada vez más complejas".

Son unas 50 las viviendas aún sin terminar que permanecen usurpadas por un grupo de vecinos del barrio General Pueyrredon, quienes fundamentan habitar en precarias condiciones al margen del arroyo Las Charcas y sufrir las inundaciones cada vez que este se desborda.

Estas familias aprovecharon que la construcción de estas casas del Plan Dignidad estaba frenada, dado que la empresa adjudicataria y responsable de su ejecución estaba aguardando una actualización de costos, debido a los incrementos de valores de los insumos.

En tanto, las viviendas en cuestión ya tenían asignados beneficiarios: gran parte de ese grupo de viviendas estaba destinado a recibir a vecinos de la Villa de Paso en el marco de la continuidad del programa de traslado, en tanto las restantes estaban adjudicadas a otras 10 familias de las más de 10 mil que en todo el partido están reclamando desde hace años, tener acceso a una vivienda digna.

Vale recordar que desde el principio los funcionarios municipales reconocieron el reclamo de vivienda de los ocupantes, pero condenaron el mecanismo que utilizaron para intentar resolver su necesidad.

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