Aún no notificaron que debe suspenderse la tala selectiva.

La provincia aún no notificó a los empresarios madereros y a los campesinos criollos y aborígenes que deben suspender la tala selectiva en los departamentos San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria, comprendidos en la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 29 de marzo.
Así lo informó ayer la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, al ser consultada por Nuevo Diario acerca del corte de la ruta 86, al este de Tartagal, que llevan a cabo desde el martes pasado integrantes de comunidades aborígenes de la zona que reclaman el cese de los aprovechamientos forestales.

"Todavía no se terminó de notificar de la suspensión de la Corte; se empezó con los desmontes, luego con los aprovechamientos", explicó la funcionaria. "Recién están saliendo las notificaciones a los aprovechamientos", añadió.

En la zona se realiza tala selectiva con permisos otorgados por la Secretaría; se creía que tras la orden de la Corte Suprema, emitida el 29 de marzo pasado, estas actividades habían quedado suspendidas, pero la secretaria de Política Ambiental sostuvo que "no es suficiente la publicación por los medios de comunicación" y "no es sencillo notificar" por las distancias y porque muchos desmontes y aprovechamientos se encuentran en lugares alejados.

El martes pasado miembros del pueblo wichi encabezados por Florentino Pérez (de la Comunidad Hoktei T`oi -Lapacho Mocho) y Eduardo Rivero, de la Comunidad Misión Chowayuk, iniciaron un corte en la ruta 86, a la altura del Kilómetro 16. Reclaman que cese la tala selectiva en una finca ubicada en las cercanías de la Comunidad Tonono y montes que están más adentro, y responsabilizan por estos hechos al intendente de Tartagal, Sergio Leavy (FPV), quien tiene un aserradero en aquella localidad. "Ellos (trabajadores provenientes de Tartagal) entran ahí, adonde ellos quieren entrar a cortar, entran y cortan, sin permiso ni nada", sostuvo Rivero.

Dijo que avisó a la Secretaría de Política Ambiental sobre esta situación: "Me he cansado avisándole. Muchas veces le he avisado, (para) que ellos vengan, para que no tengamos problemas con los vecinos, me han mentido que ya venían. (Les dije) que vengan para que vayamos con el fallo", afirmó. El cacique consideró insuficiente la explicación de la provincia, acerca de que las notificaciones se demoran porque deben hacerse a cada propietario y agregó que la gente de la zona opinó que era "mejor" que impidieran por sus propios medios el paso de los tractores que transportan la madera cortada.

"Gendarmería viene y dice que estamos cometiendo delito (con el corte), pero el intendente también está cometiendo delito", razonó Rivero antes de reiterar su pedido: que Política Ambiental inspeccione el lugar y haga cumplir la orden de la Corte Suprema.

Camardelli sostuvo que la tala se estaría llevando a cabo en el lote fiscal 4, donde tiene autorización para esta actividad el cacique Antonio Cabana, de Tonono. Y reiteró que el corte de madera puede continuar hasta que se lo notifique de la orden de suspensión.

Lo mismo dijo sobre el intendente Leavy, quien también cuenta con permiso.

La funcionaria añadió que existe una enemistad entre Cabana y Rivero y que esto motiva los enfrentamientos, más allá de la existencia de los aprovechamientos forestales. Dijo que hoy estará en Tartagal y tratará de reunirse con ambos caciques.

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