Noticiero oficial: de un megaplan de viviendas a la soja, sin escalas

Por: Alcadio Oña

Entre el miércoles y el jueves, el Gobierno saltó sin escalas de un plan de viviendas a anunciar que compartirá con las provincias parte de las retenciones a la soja. Una cosa ya es pública y, según varios indicios, la otra está próxima a salir de la cocina: noticiero de campaña administrado en metodología de Olivos.

El miércoles, hubo funcionarios apurados por conseguir listas de bancos afiliados a las cámaras que los representan: decían, incluso, que cumplían instrucciones de la Casa Rosada. Hablaban de "algo polentoso" que la Presidenta pensaba anunciar al día siguiente, a las 6 de la tarde. Exigían máxima reserva, pero a varios se les escaparon las palabras "plan de viviendas".

Poco después, el miércoles también, los mismos funcionarios daban marcha atrás con la consigna: "Eso que te pedí está suspendido, pero no cuentes nada", decían.

El hilo de las conversaciones conduce a un anuncio que se habría resuelto diferir, acaso con la idea de dosificar noticias o porque el programa no estaba armado del todo. Y la nómina de bancos lleva a la intención de invitar a las entidades a participar del megaplan: invitar es una manera elegante de decir "entren".

Lo que sigue son asociaciones más o menos certeras, pero no definitivas. Que el Estado va a tomar el control del Banco Hipotecario, valiéndose de que tiene la mayoría del paquete accionario. Que el financiamiento del plan de viviendas se hará con fondos de la ANSeS y que la tasa de interés de los créditos será sustancialmente más baja que la del mercado. Una más: que no se repetirá el fallido plan inquilinos de Guillermo Moreno.

El jueves a las 18 hubo, a cambio, lo que ya se conoce. La Presidenta anunció que las provincias recibirán el 30 % de la recaudación que generan las retenciones a la soja. No propiamente coparticipará, pues según la Ley de Coparticipación debiera corresponderles cerca del 50%.

En apariencias, un esfuerzo fiscal de la Nación, que hasta ahora se quedaba con el 100%. Raro, porque si hay algo que al Gobierno nacional no le sobra es dinero y porque la caja fiscal es un tesoro que Néstor Kirchner preserva celosamente.

Según el decreto, ese 30% deberá ser aplicado a obras de "infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial". Prohíbe expresamente usar los recursos en gastos corrientes; salarios, por ejemplo. E informa que el Poder Ejecutivo Nacional creará una estructura de control para evitar desvíos hacia otros destinos.

Si nadie viola la norma, ni se toleran violaciones, del texto sale una primera conclusión: las provincias y los municipios deberán afrontar obras que antes iba a financiar el Gobierno y seguirá pautando el Gobierno. Las anunciadas y las por venir. No hay nada en el decreto que induzca a pensar en una duplicación de las inversiones.

Dicho de otra manera, con la plata de las retenciones las provincias pondrán ahora lo que antes iba a poner el Gobierno. Así, para el Tesoro Nacional el costo fiscal sería cero: al fin, un enroque con objetivos políticos que preserva la caja manejada desde Olivos.

Luego viene el modo como serán distribuidos los fondos entre las provincias. Habrá plata para todas, según el reparto que establece la Ley de Coparticipación. Pero sin discriminar entre las que producen muchísima soja y contribuyen fuerte a la recaudación del impuesto y aquellas que producen poco y nada y generan poco y nada del recurso fiscal.

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires aportan, casi parejamente, un 83% a la producción de soja, pero les toca 40% por la coparticipación. Serían perdidosos solidarios, aunque en la torta Buenos Aires y el conurbano saldrán mejor parados que Córdoba, Santa Fe y sus intendentes: $ 1.000 millones contra $ 570 millones de cada una de las otras dos.

En ese modo de distribución asoma, pues, una fuente de reclamos entre los que ponen más de lo que reciben. Incluso, la posibilidad de que alguien pida que también se compartan los ingresos del impuesto a las exportaciones petroleras. Pero hoy el cantar es la soja.

Es obvio que el llamado Fondo Federal Solidario busca asociar a gobernadores, intendentes y políticos del interior en la batalla que el Gobierno libra por las retenciones. O limitar el campo de acción de los díscolos, propios y ajenos, con la idea de que si gritan dispararán contra los intereses de sus propias provincias. Al menos aquí, plata y política jugadas en plena campaña electoral: quizás ingenioso, pero nada que no se conozca.

Puede haber malabares con el Fondo Federal o afectar a otros fines recursos previstos para obras públicas. Pero si se cumple a rajatabla la letra del decreto, muchas provincias seguirán en estado de asfixia financiera.

Tan es así que apenas concluido el recuento de votos, puede saltar un problema que, como quiera que sea, salpicará al Gobierno. La dificultad para pagar el medio aguinaldo a los estatales provinciales; mayores según cuales sean los aumentos que se pacten en este tiempo electoral. Poco casual, en algunas gobernaciones empezó a menearse la vía de las cuasimonedas o la alternativa de emitir bonos.

Nadie hará cosas así antes del 28 de junio. Pero la cuenta fiscal no se detiene. Igual que tantas otras, se amontonará con la lista de facturas del después.

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