Nocturnidad: Revés judicial para el titular de la Cámara de Boliches de Alem

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó "in limine" un amparo rechazado en primera instancia por el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, el cual fuera presentado por el titular del bar "Barnon" y referente de la Cámara de Restaurantes, Boliches y Afines (CARBA), Pablo Villar, luego de que detectara una "ampliación irregular" en el mencionado boliche ubicado en Alem al 3700.
El 19 de junio pasado, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Alberto Vidal, resolvió rechazar "in limine" una acción de amparo y medida cautelar promovidas por el titular del bar "Barnon", Pablo Guido Villar contra la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, luego de que la Subsecretaria de Control suspendiera el pedido de ampliación del uso de superficie del boliche.

Según se detalla en el fallo al que 0223.com.ar tuvo acceso, el peticionante –quien también preside la Cámara de Restaurantes, Boliches y Afines (CARBA)- manifestó que "vio afectados los principios de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, reserva, y los derecho de propiedad y a trabajar y ejercer industria lícita, como consecuencia del dictado por parte del órgano de control del auto que suspende el trámite de ampliación de superficie de rubros ya habilitados oportunamente al peticionante con fundamento en la Ordenanza Municipal N° 18.825".

Asimismo, agregó que "el plazo de suspensión de las habilitaciones que surge de la ordenanza está vencido, que la eventual decisión de extenderlo le corresponde al Concejo Deliberante y no al órgano de control, y que no se trata de una nueva habilitación sino de la ampliación de superficie de una habilitación ya concedida".

La resolución 133/08 dictada en la actuación n° 6508/07 de la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya copia presentó el propio Villar, y que también se reconoce es el antecedente de la Ordenanza Municipal n° ì18.825, da cuenta del reclamo de los vecinos del Barrio Playa Grande que como consecuencia del desarrollo de actividades nocturnas -como las que lleva adelante el peticionante- ven afectado su derecho a un ambiente sano tutelado por el art. 41 de la Constitución Nacional.

"Esto llevó al Defensor del Pueblo a exhortar a las distintas autoridades de la Municipalidad local y del Gobierno Provincial -sin perjuicio de la necesaria concurrencia de las nacionales- a llevar a cabo e intensificar la tarea de control de dichas actividades nocturnas hasta tanto se le de una solución definitiva al conflicto", argumentó el Magistrado.

Finalmente, el Magistrado reparó en que "el verdadero conflicto se está dando entre los comerciantes y sus vecinos. En tanto que el Estado -municipal, provincial o nacional- intenta articular políticas que permitan contemplar los derechos e intereses de todos los involucrados, y concluir en una solución que los contenga a todos -el supuesto traslado de la actividad a un predio que permita su desarrollo y no afecte a la vecindad-".

"Y así como el peticionante invoca los derechos de propiedad y a ejercer una industria lícita, de base constitucional, los vecinos invocaron su derecho a vivir en un ambiente sano, también de base constitucional", definió.

En tanto, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, compuesta por los jueces Riccitelli, Mora y Sardo, ratificaron hace pocas horas el rechazo "in límine" al recurso de apelación interpuesto por Villar, por considerar "razonable la medida adoptada por el Municipio de suspender el pedido de ampliación del uso de superficie del local del amparista".

En sus fundamentos, los Jueces sostuvieron que, por un lado, "aún se encontraba pendiente de resolución tanto el procedimiento vinculado a la causa contravencional N° 462.829 ante la Justicia Municipal de Faltas como el expediente administrativo N° 15.452-5-02", mientras que "el supuesto riesgo de clausura definitiva del comercio que invocaba como amenaza no aparecía siquiera mínimamente acreditado, más cuando el cierre preventivo se ordenó como consecuencia de su inasistencia a una audiencia en sede administrativa que luego había sido dejada sin efecto ante la mera presentación en las mentadas actuaciones".

"Aunque se hubiera acreditado en la especie el riesgo de sufrir consecuencias disvaliosas derivadas de la actividad de la Administración, el amparista contaba con los medios regulados en el ordenamiento procesal contencioso administrativo en cuyo marco bien pudo peticionar los remedios cautelares aptos para resguardar los derechos que supuestamente invoca como lesionados", advirtieron.

Y subrayaron que "tampoco se vislumbra en la especie la existencia de una conducta manifiestamente arbitraria e ilegítima de la Administración, en tanto, para analizar la legitimidad del acto que dispuso no dar continuidad al pedido de ampliación de la habilitación del comercio del actor, debe tomarse en consideración el marco fáctico en que la mentada decisión fue adoptada".

"Así, la Ordenanza N° 18.825 -que ordena la suspensión de las habilitaciones comerciales-, reconoce como antecedente a la Resolución N° 133/08 por la cual el Defensor del Pueblo de la Nación exhorta al Municipio de General Pueyrredon a adoptar las medidas necesarias para trasladar las actividades nocturnas incompatibles con el carácter residencial del Barrio Playa Grande a una zona apropiada", expresaron, al tiempo que acotaron que, bajo tal marco, es "razonable la medida adoptada por el Municipio de suspender el pedido de ampliación del uso de superficie del local del amparista".

"Por ello, y con sustento en precedentes jurisprudenciales, no surge en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria u ostensible la existencia de una conducta lesiva manifiestamente arbitraria e ilegítima por parte de la Comuna accionada", concluyeron.

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