Nocturnidad polémica La Plata: Denuncian a empleados de Control Urbano por "abuso de autoridad" en control de boliche

Como ocurre en muchos de los bares, pubs y boliches de la provincia de Buenos Aires a raíz del irregular comienzo de la vigencia de la ley de noctunidad recientemente aprobada en la Legislatura bonaerense, la disconformidad de muchos de los dueños de estos establecimientos comenzó a hacerse sentir en La Plata.
Desde hace unas semanas, uno de los lugares nocturnos más concurridos de la capital bonaerense, precisamente el bar Cortéz, ubicado en avenida 44 y 17, fue inhabilitado por las autoridades municipales de la gestión del intendente Pablo Bruera por incumplimientos con los permisos y habilitaciones otorgados por la dirección de Control Urbano.

Tiempo después, y según denuncian sus dueños "una vez regularizado el funcionamiento del bar y las documentaciones", solicitadas, al lugar continúan acudiendo agentes de esa dependencia municipal exigiendo condiciones que ya habían sido cumplidas.

Según argumenta en una presentación judicial a la que tuvo acceso Agencia NOVA, Mariano Chiraquián, uno de los socios de la firma Cortez SRL "el día 8 de noviembre aproximadamente a las 3: 15 horas de la madrugada se hicieron presentes en el local dos inspectores de Control Urbano el Sr. Julio Martinez Escobar y Graciela Susana Garay, ambos con legajo nº 709.682, y 709.625, con el apoyo de un patrulleros de la Policía Bonaerense, manifestando que no se respetaba el factor ocupacional del lugar por lo cual debían clausurar el mismo".

"A raíz de esto se requirió la presencia del notario Mariano Horacio Penas, ya que el factor ocupacional no se encontraba excedido y las manifestaciones de los inspectores de Control Urbano distaban de la realidad ya que no contaron la gente que se encontraba dentro del negocio. A lo que el notario Penas procedió a realizar un acta de constatación (que se acompaña) donde constato que se encontraban sesenta y dos (62) personas de las cuales 15 eran trabajadores", continuó el socio accionista de la firma, quien denunció el actuar "arbitrario" de los agentes municipales.

"Vierten manifestaciones falsas dentro de un instrumento publico ya que manifiestan en el acta "que no respeta el factor ocupacional exigido" cuando la realidad es que no se contó la gente que estaba dentro del mismo como a su vez no se requirió la presencia de testigos según el acta, esto en franca violación a los art. 292, 293 y 298 del Código Penal"

En virtud de esto se colige que el accionar de estos funcionarios públicos como del Sub-Secretario de Control Urbano, resulta ilegítimo y arbitrario, lesionando derechos constitucionales que nos asisten", sostiene en la presentación elevada a la Justicia local.

"Estos hechos podrían encuadrar en el delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario publico según nuestro código penal", termina el documento por el cual se solicita que se de inicio a "una investigación Penal" y se "determine la existencia de delito y en tal caso de los responsables".

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