La demanda será presentada entre febrero y marzo de 2015 por la Fundación para la Promoción de Estudios Superiores en Tecnología (Fupest).

Será firmada por su presidenta, Lilia Armando, y los abogados Omar Gebruers y Ana Herren.

Explicaron que el reclamo es por medidas cautelares para que el Estado nacional intervenga para garantizar la integridad personal de Lilia Armando y su familia, así como de los integrantes de la Fupest y de los niños, niñas y adolescentes bajo la guarda del Estado provincial. Además, presentarán un hábeas corpus por los niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce.

Lilia Armando tiene un conflicto con el Estado. Desde hace tiempo la Fupest viene denunciando al Estado provincial por la "desidia" y el "abandono" de los menores de edad. Era una de las fundaciones que hasta el año pasado estaba recibiendo dinero estatal para atender los casos vinculados a la problemática adolescente. Pero la relación con el Estado se rompió.

Según el Gobierno, fue por desmanejos de la Fupest ya que no habían rendido algunos de los subsidios recibidos. Pero su presidenta, Lilia Armando,denunció públicamente que ese vínculo se rompió por las denuncias que no tenían respuestas oficiales y porque ella no estaba de acuerdo con las políticas con los menores.

El anuncio lo hicieron Gebruers, Herren y Armando, en conferencia de prensa. “El Ministerio de Bienestar Social, a través del órgano de aplicación de la Dirección de Niñez y Adolescencia, en vez de bregar por la protección del interés superior del niño, establecido por la convención y leyes internas vigentes, toma medidas arbitrarias y claramente contrarias a dicho interés superior del niño, profundizando su situación de vulnerabilidad y, en algunos casos, creando una vulnerabilidad inexistente”, dijeron.

Según explicaron, el MBS “toma medidas inconsultas y arbitrarias”, como “arrancar al niño de su grupo familiar” originario, determinando en muchas oportunidades la restricción de acercamiento y contacto con sus progenitores.

También, por alojar niños en los institutos del Estado inadecuados para determinados casos, someterlos a tratamientos con medicación innecesaria y entregarlos a familias sustitutas ocultando a los progenitores la identificación y localización del lugar de residencia.

Además, por mantenerlos alojados en familias sustitutas por lapsos de tiempo superiores a los máximos establecidos por la ley –generando vínculos que destruye nuevamente cuando asigna en adopción al niño a otra familia-.

A su vez, los denunciarán por "entregar a niños en guarda a los grupos menos adecuados" y porque "omite en general, el seguimiento de la evolución del niño a través de los equipos técnicos, ya sea por falta de recursos humanos y profesionales, como por mera desidia" de los funcionarios.

Incluso, sostuvieron, "en muchos casos de fuga" de menores de las instituciones, los funcionarios omiten implementar los mecanismos adecuados de búsqueda. Solo se remiten "a esperar" a que el niño aparezca.

Gebruers dijo que hay “una feroz persecución” contra Armando por parte de funcionarios. Lo ratificó la misma presidenta.

Entre otros, apuntaron contra el presidente del Tribunal de Cuentas, José Sappa, quien viene reclamando, con una serie de sentencia, por subsidios no rendidos por la fundación de Armando.

Por lo pronto, Armando ha presentado una demanda penal contra Sappa. Lo acusa, entre otros delitos, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También de calumnias.

Además, denunció que su pareja y su hijo “fueron agredidos” hace unos meses. Deslizó que tiene que ver con el conflicto con el Estado provincial.

Los abogados dijeron que se presentarán a principios de 2015 ante la OEA. Viajarán a Washington, sede del organismo, con tres adolescentes que están o estuvieron en guarda en la casa de Armando. Los chicos testimoniarían sobre sus casos.

Gebruers apuntó que, según el Gobierno, hay unos 240 chicos en guarda. “Me animo a decir que de la mayoría no saben el paradero”, lanzó.