Nido de cuervos

Por: Manuel Garrido.

El ahogamiento de Marta Oyhanarte primero, hasta provocar su renuncia, el nombramiento de personas no idóneas y el vaciamiento posterior de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, evidencian la debilidad extrema de las políticas públicas de transparencia y anticorrupción en la Argentina.

La falta de compromiso y de voluntad política genuinos hace que todas las iniciativas sean provisorias, atadas exclusivamente al esfuerzo de determinadas personas, pero siempre al borde de la desaparición y al capricho del funcionario con poder de turno. El derecho humano a acceder a la información pública es un buen ejemplo de ese proceder y su vigencia precaria actualmente pende de un hilo.

La grave situación y retroceso al que asistimos es posible porque en todos estos años no se dictó una ley nacional de acceso a la información sino sólo el decreto 1.172/03 y una docena de normativas provinciales y otras municipales, y porque el organismo que se constituyó como autoridad de aplicación de la norma fue integrado por personal en condiciones provisorias, en contra de las reglas básicas que en general acompañan a políticas destinadas a perdurar. La reciente decisión de echar a los funcionarios encargados de aplicar la normativa de acceso a la información es aberrante y esteriliza años de experiencia y de formación, constituyendo una dilapidación de recursos públicos.

También se ha dilapidado, en gran medida, el dinero aportado por la comunidad internacional para apuntalar políticas que el Estado argentino no considera prioritarias y habitualmente no financia. Los reclamos por violaciones al derecho de acceso a la información serán resueltos a partir de hoy por el secretario nacional de La Cámpora, una agrupación ultrakirchnerista.

Es posible que esta película de terror convenza a los legisladores de la necesidad de dictar por fin una ley que contemple también los recursos necesarios para su efectividad. El ominoso silencio que ha acompañado la partida de Oyhanarte también pone sobre el tapete el compromiso de la sociedad civil para acompañar las políticas que promueve y defender a los funcionarios que las encarnan, más allá de diferencias coyunturales acerca de la orientación de esas políticas.

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