Neuquén puso decididamente freno al gasto salarial

Se confirma que hay un virtual “congelamiento” salarial hasta el año que viene. Hay necesidad de hacer “caja” con los mayores recursos antes de seguir incrementando salarios. Además, hay fuertes compromisos de obras inconclusas y deudas que pagar.

Desde Chorriaca, a donde concurrió para presidir la celebración del aniversario del pueblo, el gobernador Jorge Sapag se encargó de apuntar y reforzar la idea que el escenario no es el propicio para seguir otorgando aumentos salariales.

El mandatario provincial destacó que atender las nuevas demandas implicaría aumentar otros 1.200 millones de pesos la masa salarial. Y como para que quedara en claro la situación del Tesoro provincial, avisó a modo de advertencia que la realidad del momento es que “no hay plata para pagar los aguinaldos”.

En el mismo se había expedido el intendente de la capital neuquina, Martín Farizano, que hasta ahora ha demostrado tener una sintonía fina con el gobierno provincial en el tema. Farizano, en charla con periodistas de este diario, dijo que “no hay falta de sensibilidad o política antisindical. Es que simplemente no se puede pagar más salarios porque no hay recursos en el presupuesto. Ya estamos en el 52 por ciento del total en gasto salarial”.

El discurso de los dos funcionarios clave de la provincia –uno encabeza el gobierno de la provincia, el otro la administración del distrito municipal más grande- es a la vez un reflejo de las opiniones nacionales en un momento de alta volatilidad financiera, que todavía nadie puede arriesgar hasta cuánto perjudicará la economía del país.

De hecho, ha habido un mensaje coincidente del sector empresario (Unión Industrial Argentina) y del sindical (CGT): es un momento para cuidar el empleo, más que los ajustes salariales.

Sin embargo, no es la inestabilidad laboral algo que haga mella en el razonamiento de los gremios estatales. Es proverbial la estabilidad laboral estatal, un blindaje de dudosa calidad institucional pero efectivo en el sentido de asegurar puestos laborales: es más difícil despedir a un empleado público que hacer pasar un camello por el ojo de una aguja.

Más allá de estas realidades, todo conduce a concluir que –como se había anticipado- el trimestre final del año viene cargado de conflictos, y a la vez, de un endurecimiento de posiciones por parte del poder político en relación a las demandas sindicales.

Que esto se de en el momento en que comienzan a hacerse realidad las promesas de aumentar los recursos, es nada más que una cuestión anecdótica que hace a la historia y tradición de la provincia: la puja por la renta estatal se potencia, se hace más aguda, en la misma medida que haya más para repartir.

Farizano algo esbozó de esto, en una propuesta si se quiere peligrosa que se le hizo al gremio SITRAMUNE: atar la evolución del salario a los ingresos municipales. Es peligrosa porque habilita al poder sindical a reclamar para sí la coparticipación de todo aumento en ingresos que registre el gobierno. Y se supone que si el Estado consigue aumentar su caja, es para volcarlo en mejores servicios y en obras de infraestructura.

Sapag no necesita explicar demasiado lo que ocurre. No sólo resta terminar las obras iniciadas por el gobierno anterior, sino que hay una fuerte demanda por obras de infraestructura que se necesitan imperiosamente; y un crecimiento de la demanda social por fuera del Estado asimismo acuciante. Además, los problemas en Salud, Educación y Seguridad se han multiplicado. Y nada de esto parecería que fuera a mejorar concediendo incrementos salariales de manera incesante (RB).

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