Neuquén va derecho al ajuste

Volverá inexorablemente la maldita palabra, aunque nadie la quiera usar. No hay otra manera para enfrentar una crisis de las cuentas públicas que –más allá de las causas- es cada vez más preocupante. Los recursos pueden aumentar, pero en el mediano o largo plazo. Cómo pasar lo inmediato, es una vez más la principal preocupación del gobierno, que hasta ahora no ha podido salir del corto plazo.
Todo conduce en Neuquén hacia el ajuste en el Estado. Lo dice el presupuesto del año, prácticamente ejecutado: 400 millones de déficit proyectado por el gobierno, que son ampliados a 600 ó hasta 700 millones, en cálculos como el que hace por ejemplo el jefe de la oposición radical, el diputado electo Horacio Quiroga. Es un bache muy grande que necesita ser urgentemente tapado por el presupuesto del año próximo. Y no parece que vaya a ser por un aumento de los recursos, sino en todo caso por una combinación con la reducción de partidas.

La palabra ajuste ha sido jubilada por la actual clase política, que la reemplazó por otras: inclusión, diálogo, coordinación. La palabra ajuste fue satanizada por el abuso que de ella y sus significados hicieron quienes procuraron salir de la gran y primera crisis de la renovada democracia argentina, a fines de los ’80, con la hiperinflación durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Aquella coyuntura devino en la fiesta privatizadora de la década del ’90, un corto período de bienestar que duró hasta el ’95, y otra lenta caída en la crisis que explotó hacia 2001. En esos años, la palabra "ajuste" vinculada al Estado y las empresas colmó la paciencia de los ciudadanos argentinos, y los políticos prometieron no usarla más.

Pero el ajuste, redefinido y difuminado, a fines de esta primera década del tercer milenio, parece otra vez inexorable. No solo en Neuquén, obviamente, sino también en el país. Hay 15 provincias que acrecientan su déficit mes a mes y tendrán problemas para pagar salarios (Neuquén es una de ellas). El gobierno nacional se aferra a un mínimo superávit fiscal que sólo es posible por la aplicación de retenciones a las exportaciones, que a su vez son duramente combatidas porque han agotado la rentabilidad y anulado las inversiones necesarias para seguir creciendo.

En este contexto, el tardío empuje neuquino para aumentar el precio del gas, sometido innecesariamente a ser punta de lanza de un antipático incremento tarifario, parece destinado a dos posibilidades en el microcosmos K: o la dilación que se parece demasiado al fracaso, o una gradualidad tenue que no alcanzará para recomponer arcas estatales ni para aumentar la rentabilidad del sector empresario petrolero.

Neuquén no merecería quedar pegado a la idea de que hay un gobernador (Jorge Sapag) que en su afán de mantener las cuentas de su provincia fuera del rojo, aumenta el precio del gas a todos los argentinos. Porque lo que Neuquén necesita es cobrar un precio lógico por el gas que se extrae de sus yacimientos: esto no implica necesariamente que ese incremento deba ir atado a un incremento tarifario para el gas residencial, que es lo que el Estado nacional debería manejar aplicando exenciones impositivas y subsidios a los sectores de menores recursos.

Sin embargo, la laxa actitud política neuquina ha terminado por confundir a todos. Hoy aparece Sapag y un puñado de gobernadores exigiendo aumentar el gas para doña Rosa, mientras Cristina Fernández, su esposo, y el inefable Julio De Vido se muestran como los garantistas de que no se toque el bolsillo de los pobres.

Es una distorsión de los hechos tan potente como equivocada. Pero los medios periodísticos argentinos saben poco de energía, y además están muy ocupados con la ley de medios audiovisuales, que el pícaro Néstor ha sabido instalar como gran tema político del año, en desmedro de cuestiones más esenciales, como por ejemplo que hay una diferencia de 12 millones de pobres entre las mediciones del INDEC y las de las consultoras privadas o las mediciones hechas por la Universidad Católica Argentina.

Tampoco sirve de mucho la presión sindical ejercida por Guillermo Pereyra. No es este hombre ni este sindicato, que acarició la piel y los oídos del Kirchnerismo durante seis años, el más indicado para causar temor al lomo curtido del ex presidente y futuro aspirante a continuar el mandato que Cristina terminará inexorablemente en 2011.

La amenaza de dejar sin gas al país es tan enorme como improbable. Una situación planteada en esos términos obligaría a cualquier gobernante (también a Cristina) a usar la Gendarmería y el Ejército para resguardar los bienes del pueblo y de la Nación. ¿Qué no lo harían? Hay que mirar el ejemplo de lo sucedido en la fábrica Kraft Foods (ex Terrabusi) para entender que estamos en el planeta Tierra, y que no hay gobernantes que duden en usar la fuerza si es necesario para sostener sus propios gobiernos.

La usó Felipe Sapag en Neuquén, la usó Sobisch, la usó Menem, Alfonsín también lo hizo, y antes lo había hecho Isabelita, y antes Frondizzi, y antes Perón y todavía se recuerda aquella Patagonia Trágica durante el gobierno de Irigoyen. El que crea que la fuerza represiva del Estado ha sido usada sólo en gobiernos militares, está muy equivocado.

Pero volvamos a la cuestión económica. Sapag ya sabe que tiene que ajustar. Meterá tijera en Educación, como ya se anticipó, y para eso entre otras cosas nombró a Seguel en la secretaría que comandará el área. Intentará una reforma fiscal para aumentar los recursos propios: es un tema espinoso que lo puede enemistar más aun con los empresarios de la provincia, que ya lo miran con desconfianza. Achicará la planta política, que contribuyó al explosivo crecimiento de la masa salarial: esto lo enemista con su propio partido, ya que la planta política es básicamente del MPN. Por eso hubo ya gente enojada con la designación de Ricardo Rojas en la subsecretaría de Acción Social: después de todo, es un extrapartidario.

Lo demás es más de lo mismo: teléfonos, viáticos, alquileres, los bizcochitos del desayuno, los hectolitros de café, los transportes…hay una lista de gastos que se pueden achicar en este y en cualquier gobierno, pero no hacen al fondo de la cuestión.

Ese fondo tiene que ver con la contradicción principal que sustenta esta provincia, ahora más que nunca: un Estado empleador sobredimensionado, que agota ya más de 70 por ciento de sus recursos genuinos en salarios, en un contexto donde el poder sindical estatal es tan fuerte o más que los principales partidos políticos que representan a la ciudadanía.

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