En Neuquén no se cumple con la ley de cupo laboral

Según manifestaron las organizaciones que defienden sus derechos, es escasa la incorporación de personas con discapacidad en organismos públicos.
A pesar de la existencia de leyes de cupo laboral que establecen que aquellos ciudadanos con discapacidad tienen el derecho de incorporarse a la administración pública hasta alcanzar el 4 por ciento de su planta, en la práctica esto no se cumple o se cumple en forma parcial. El cupo de inclusión laboral es exigido por la Ley Nacional 22.431 que en su Artículo 17 indica que las instituciones nacionales, provinciales y municipales deben tener dentro de su personal de planta el mencionado porcentaje de personas con discapacidad.

«En materia de discapacidad, la Argentina se encuentra atrasada veinte años con respecto a los países desarrollados porque las leyes que imponen la obligatoriedad de dar puestos de trabajo no se cumplen», advirtió un grupo de organizaciones no gubernamentales que meses atrás envió al Ministerio de Trabajo de Nación un documento sobre la situación laboral de los discapacitados.

La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) establece que en el conjunto de la población, el 58 por ciento es económicamente activo (trabaja o busca trabajo). Sin embargo, y a diferencia de los datos que revelaron las ONG, esa tasa de actividad entre las personas con discapacidad llega al 29 por ciento.

En la provincia del Neuquén, el Artículo 8 de la Ley Provincial 1.634 establece que el Estado provincial, a través de sus organismos centralizados, descentralizados o autárquicos y las empresas, está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4 por ciento anual del ingreso.

De acuerdo con lo manifestado por diversas organizaciones que luchan por los derechos de los discapacitados en Neuquén esta ley no se cumple.

En el caso de la Municipalidad, desde la Dirección de Personal aseguraron el cumplimiento del cupo. Alberto Flores, a cargo del área, aseveró que la dirección de Recursos Humanos es la responsable de instrumentar los mecanismos administrativos para producir el ingreso de personas con discapacidad. «El Municipio ocupa el 4 por ciento del personal de planta permanente», señaló Flores quien, a pesar de no contar con datos precisos, estimó que entre 50 y 80 personas con discapacidad desarrollan tareas en las distintas áreas de la comuna. Si se tiene en cuenta que la cantidad de empleados de la Municipalidad alcanza aproximadamente los 2.500, el cupo no se estaría cumpliendo.

Sacarla de la mendicidad

El incumplimiento tanto a nivel de los organismos nacionales, municipales y provinciales viene siendo denunciado desde hace tiempo por distintas organizaciones de discapacitados.

«Neuquén es una de las provincias que menos discapacitados tiene en los organismos provinciales y municipales», aseveró Daniel Sáez, presidente de Awkinko, asociación neuquina de personas con discapacidad visual, familiares y amigos.

Así también lo manifestó la trabajadora social, Lucía Heredia, quien mencionó que hay discapacitados trabajando en estos organismos «pero son los menos». «Es fundamental sacar la discapacidad de la mendicidad. Los discapacitados tienen derecho a tener un trabajo y un salario digno. Son muchos los discapacitados que cobran una pensión y con eso ayudan a su familia, pero esto no es lo ideal», agregó.

Esperan y desesperan

Desde hace más de un año y medio, diecinueve personas con algún tipo de discapacidad aguardan el llamado del Municipio para ingresar a algunas de las áreas de la Comuna. Se anotaron a partir de que en noviembre de 2006 la ordenanza 10.598 establecía que el Ejecutivo Municipal implementaría una Bolsa de Trabajo para ellos. Fueron preseleccionadas, pasaron los correspondientes exámenes preocupacionales pero hasta el momento no han sido convocados para trabajar. «Es una contradicción porque tienen el preocupacional aprobado y están capacitadas para realizar tareas», subrayaron desde las organizaciones.

«Los discapacitados estamos desamparados», aseveró con una mezcla de bronca y resignación una de las personas del listado que padece de hipoacusia severa. Con 30 años de edad, un hijo al que tiene que mantener y estudios secundarios completos, hace tiempo que no trabaja y espera con ansiedad que lo convoquen. «Espero que en marzo me llamen, acaso no lo hicieron por algún problema presupuestario del municipio», añadió como justificando la falta de respuesta.

Grupo vulnerable y vulnerado

Para el abogado Daniel Muñoz, asesor de organizaciones y personas con discapacidad, los discapacitados conforman un grupo «absolutamente vulnerable y vulnerado» y enfatizó que «casi toda la normativa relacionada a la discapacidad en la Argentina no se cumple».

«No me consta que se haya hecho un relevamiento en la planta laboral del personal de las administraciones nacionales, provinciales y municipales de la provincia para saber cuántos discapacitados han ingresado para cubrir el cupo del 4 por ciento», comentó.

Muñoz remarcó «el daño moral» y «las expectativas frustradas» que ha causado este incumplimiento porque «para los discapacitados es fundamental sentirse útiles con una tarea remunerada en un espacio público».

Hasta el momento fueron vanas las peticiones efectuadas ante las autoridades por parte de los damnificados, señaló Muñoz. «Tenemos la presunción que el cupo no se cumple o si se cumplió no se respetaron los mecanismos que la ordenanza establece. Por eso la única vía idónea para reparar este derecho tangible es la judicialización de los reclamos», explicó. «Es evidente que faltan políticas públicas para dar respuestas integrales a los problemas de las personas con discapacidad», concluyó Muñoz.

Demostrar capacidades

Mauro Galeana, padece parálisis cerebral desde su nacimiento hace treinta y dos años, pero sobrellevó esta dificultad poniendo un enorme esfuerzo cuyo resultado fue que hace tres años se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional del Comahue. Desde hace algo más de un año trabaja en el Departamento Contable de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales de la provincia. Aunque no accedió al trabajo por la ley de cupo laboral sino por sus condiciones profesionales, Galeana no dejó de reflexionar sobre la problemática de la desocupación que sufren los discapacitados. «El problema es que se sigue tomando a la discapacidad desde una visión asistencialista cuando debería ser una política de Estado que abarque la salud, la educación, la capacitación y el trabajo. En la medida en que no haya una política que se base en estos pilares seguiremos teniendo discapacitados confinados a una pensión o a un subsidio. La cuestión asistencialista no es únicamente por culpa del Estado pero sería bueno que el Estado haga un esfuerzo para que los discapacitados tengamos la posibilidad de encontrar oportunidades y demostrar que estamos capacitados para trabajar».

No borrar la diferencia, atenderla

Beatriz Celada, quien trabajó con el tema de la discapacidad desde el ámbito universitario, señaló que «la capacitación de las personas con discapacidad es fundamental porque los aleja del esquema de asistencialismo y beneficencia lo que no implica que el Estado deje de atenderlos».

A cargo de la dirección de la Unidad de Gestión de Capacitación y Acompañamiento del Consejo Provincial de las Mujeres, Celada precisó que «hay que analizar la manera en que la sociedad se representa la discapacidad, porque muchas veces se la mira desde la imposibilidad o desde la incapacidad. Es decir, no es la persona sino su discapacidad la que oculta a la persona frente a la mirada de los otros, y esto condiciona las capacidades que tiene el discapacitado».

Desde su visión «las experiencias demuestran que las personas con discapacidad pueden recibir una educación y luego una formación profesional adecuada y ajustada a sus posibilidades que permiten que sean capaces de desempeñarse en un puesto de trabajo y puedan acceder al mercado laboral competitivo en igualdad de condiciones. Pero evidentemente ese puesto de trabajo tendrá que contar con las adaptaciones necesarias vinculadas al tipo de discapacidad. Siempre que esa diferencia no se borre, que sea atendida, lo que no significa que sea atendido al otro como diferente. Si borramos su diferencia y pretendemos que maneje una computadora en un escritorio convencional, por supuesto que no lo va a poder hacer, pero sí podrá mostrar su capacidad para el trabajo». (P. M.)

Opinión

Norma que intenta paliar una exclusión

Por Liliana Pantano (*)

El tema de los cupos intenta paliar la desempleabilidad de las personas con discapacidad. Podemos observar que la ley no se cumple. Por qué no se cumple y quién o quiénes tienen que hacerla cumplir, serían las preguntas que deberíamos hacernos. En realidad se está optando por un mecanismo difícil de cumplimentar porque, por un lado, no resuelve una cuestión de fondo que es, en muchos casos, la falta de preparación de muchas personas con discapacidad para el trabajo y, aún más, para la cultura del trabajo. Porque no es sólo cubrir un puesto sino también mantenerse, avanzar como trabajador y tener una disciplina laboral. Por otro lado, aunque en nuestro país se ha avanzado, en cierta forma, se debería trabajar con los empleadores mostrando realmente que las personas con discapacidad no son enfermas, que van a faltar o no van a cumplir con las tareas que les corresponda. Por último, también fallan los controles de los estados tanto municipales, como provinciales y nacionales. También existe un problema de fondo: si bien hay muchas personas con discapacidad ocupadas, hay muchas inactivas, es decir que no trabajan pero que no buscan empleo ya sea por sobreprotección familiar, por falta de preparación o porque faltan oportunidades atractivas.

Por lo tanto, el de los cupos es un tema emergente de un problema mucho más fuerte que es la discriminación general de que son objeto las personas con discapacidad, fundamentalmente por el desconocimiento que existe acerca de lo que es esta condición. Se desconoce que cualquier trabajador puede pasar a ser un trabajador con discapacidad ya sea por siniestro laboral, o de tránsito, etcétera.

La cuestión de los cupos es una muy buena intención de complejo cumplimiento porque no resuelve sino que está paliando una problemática de fondo que es la concientización de la sociedad en relación a las posibilidades reales de las personas con discapacidad, a la preparación, a la capacitación y a las oportunidades para la empleabilidad con que deberían contar las personas con discapacidad. Lo equitativo sería que la persona con discapacidad pudiera acceder a un empleo por su idoneidad y por oportunidades adecuadas. Y no sólo por una ley que intenta paliar una exclusión.

(*) Socióloga, Consultora nacional e internacional en aspectos sociales de la discapacidad y compiladora del libro «Enfoque social de la discapacidad».

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