Neuquén choca siempre contra la misma piedra

En medio de la declinación del poder K, la provincia busca sacar tajada de aumentos en los precios del gas y del petróleo.
Pero al mismo tiempo enfrenta una complica situación inmediata, que exige por ejemplo una nueva negociación con los gremios estatales. En este contexto, no desaparece un rumor: la posibilidad de transferir la caja de jubilaciones a Nación.

Pasó la mitad del año publicitado como el más difícil del último lustro, y todo hace prever que a pesar del tiempo transcurrido, y las acciones de gobierno realizadas, no es posible otorgar garantías de calma, y de previsibilidad, a la situación socio-económica neuquina.

Las faltriqueras del Estado, dicen, siguen estando flacas, y así permanecerán un tiempo más. ¿Cuánto durará ese tiempo? "No está en nosotros decidirlo", parece decir el gobierno de Jorge Sapag. Se analiza, con razón, que el concierto nacional hace imposible una rápida recuperación regional.

La declinación kirchnerista amenaza con llevarse "todo puesto", y mientras aumenta el déficit, se caen los superávits, se derrumba la producción y se advierte que no solo habrá que importar petróleo y gas sino también vacas y trigo, los partidos políticos aceleran su preparación para asumir el post-kirchnerismo y alumbrar una nueva realidad, que comenzará esta misma semana en el Congreso, con un seguro punto final para las facultades delegadas sin límite.

Las paradojas históricas argentinas hacen que Neuquén demande mayores aportes del Estado nacional justo cuando el Estado nacional está en baja y entra en una peligrosa situación de asfixia financiera: con el mercado internacional de crédito cerrado, Cristina Fernández y su esposo, por ahora recluido en las sombras de de la derrota, echan mano a la plata del ANSES, del Banco Nación, las reservas del Central y hasta la caja de jubilaciones de los militares.

Por supuesto, intentan no reducir en esta tremenda coyuntura los recursos; pero la eterna contradicción argentina entre economía y política, indica que así será, y las retenciones bajarán, y habrá que coparticipar más impuestos a las provincias, y los cargos tarifarios extraordinarios pueden ser anulados.

Paradoja clásica: cuando el Estado acumulaba, no repartía, sino que concentraba y despilfarraba para construir política; ahora que no acumula ni concentra, y que el poder se le escurre, debe repartir lo que ya no tiene.

Lo mismo, aunque parezca increíble, le pasa a Neuquén, que vuelve a chocar contra la misma piedra de siempre: un excesivo dispendio estatal que paga muy caro voluntades que extorsionan –gremios estatales, subsidiados corta-rutas, mafias clientelares- coincide con una retracción en los ingresos. Resultado: las cuentas públicas no cierran, y no basta con buscar aumentar recursos, sino que hay que aplicar ajustes, ahorros, recortes, en fin, todas esas malas palabras del siglo pasado.

En este contexto, se ha intentado potenciar políticamente dos hechos, importantes aunque no determinantes. Uno, es el aumento del gas en boca de pozo. Consiste en llegar a los 2,60 dólares el millón de BTU para fin de año, pero solo para el gas destinado a centrales térmicas (lo compra CAMMESA) e industrias. Paralelamente, el cargo tarifario aplicado por decreto nacional 2067 irá a las empresas petroleras, para que sigan trabajando en el mismo ritmo y por ende no despidan gente.

Este punto es fuertemente resistido y criticado, aun por el propio MPN, que pretende que se cobre pero no a los ciudadanos de las provincias productoras, con el argumento de que "ya dimos bastante, ahora tenemos que recibir".

No hay buen destino para este cargo tarifario. No solo porque la justicia ya lo ha frenado, sino fundamentalmente porque es un parche redireccionado y distorsionado, ya que en principio se había creado para pagar el gas más caro, que es el importado, tanto de Bolivia como el que se trae en barco, licuado para regasificar.

Esto lo sabe perfectamente el gobierno neuquino, y por eso ha salido de la modorra obsecuente al kirchnerismo, para avanzar en la misma dirección que había anticipado el radicalismo a nivel nacional: reclamar y hacer realidad por ley la facultad de las provincias para fijar precios a su producción. Hace años que se discute esto, y nunca hubo un argumento razonable para impedirlo, ya que los recursos naturales le pertenecen a los Estados provinciales.

Sin embargo, no es la lógica pura la que gobierna Argentina, sino la que se origina en los intereses coyunturales, intereses que poco miran la Constitución a la hora de hacerse valer.

Por eso siempre se le negó esta facultad a las provincias, con el argumento de que de esa manera la Nación pierde el control, y con esa descentralización, el equilibrio.

En fin, el equilibrio igual se ha perdido, y las provincias –también Neuquén y también Sapag- quieren precios que estén cerca de los precios del mercado, es decir, los precios internacionales. Concretamente, Neuquén quiere un gas a 4 dólares el millón de BTU. Este precio le aseguraría a la provincia retomar la exploración, aumentar la producción, y –en el mediano plazo- recomponer sus ingresos por regalías.

El otro hecho –más concreto- que el gobierno muestra como un logro, es constituido por las ofertas económicas de los cuatro grupos empresarios que se presentaron a la licitación para la construcción de la represa Chihuido I. De esos grupos, uno ofreció financiar 66% de la obra, y los otros promedian entre el 30 y el 50% de financiamiento propio. Igual, el aporte que debería hacer el Estado nacional es muy alto, ya que las empresas han calculado un costo superior al estimado inicialmente. De mil millones de dólares, se ha llegado a los 1.700 millones. Así, el Estado debería aportar más de 500 millones de dólares. No es poco en las actuales circunstancias. Además, debe tomarse en cuenta que por mucho menos (se reclamaban entonces 80 millones de dólares, cuando el dólar estaba uno a uno) no se hizo Chihuido II en los ’90.

Así las cosas, el gobierno de Sapag intentará contener otra vez a los insaciables gremios estatales. Hay que poner mucha atención en este punto, porque es de suma importancia para el destino social, económico y político de Neuquén. A tal punto que un mal paso puede tornar ingobernable la provincia.

En un contexto enrarecido desde lo político (la interna del MPN no ha terminado, y puede dar señales antes de fin de año), sigue muy fuerte el rumor de que en realidad se está estudiando seriamente transferir al Estado nacional la caja de jubilaciones de la provincia, que actualmente administra el ISSN.

El funcionario político del área es el actual administrador del Instituto, el contador Marcelo Berenguer, y ha negado terminantemente esta versión. Pero otras fuentes –desde el compromiso de no revelar la identidad- aseguran que la posibilidad de desprenderse de la caja de jubilaciones se evalúa, por la sencilla razón de que no tiene posibilidades de mejorar su situación financiera.

Como se sabe, durante la década del ’90 la mayoría de las provincias transfirió al Estado nacional sus jubilados, como contrapartida a la asunción de responsabilidades como la Educación, que se provincializó totalmente. Neuquén no transfirió su caja, ni privatizó su Banco, durante aquella ola coyuntural argentina.

La posibilidad de que ahora lo haga, no habría que descartarla. No solo es una forma concreta de achicar gastos. También puede ser una prenda de negociación con los gremios estatales, ya sea porque efectivamente se lo haga a cambio de otras ventajas, o porque se amenace con hacerlo y después no se lo concrete a cambio de poco.

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