Rio Negro: Productores rionegrinos reclamarán por ocupaciones ilegales y violentas de campos

Viedma (APP).- La Federación de Sociedades Rurales de Rio Negro formalizará un fuerte reclamo ante la Comisión Interpoderes que se reunirá el lunes 9 del corriente ante lo que calificaron "como el grave conflicto que está generando la ocupación ilegal, y generalmente violenta de campos dedicados a explotaciones ganaderas por integrantes de la comunidad mapuche". Los dirigentes adelantaron a APP "que este fenómeno se viene sucediendo con alarmante regularidad y tiende a complicarse en las distintas regiones de la provincia especialmente en la zonas andina y centro sur".

El ex titular de la Sociedad Rural de Bariloche y actual presidente de la federación, Edgardo Contín, indicó que "la invasión de los predios se realiza en establecimiento cuyos dueños tienen títulos de propiedad inobjetables, como también en aquellas tierras fiscales que están ocupadas por viejos pobladores con hasta más de 30, 40 o 50 años de permanente continuidad". Señaló que la entidad elevará un documento a la comisión interpoderes para peticionar ante el más alto nivel del estado, "la preservación de los derechos de los productores, de acuerdo al ordenamiento legal vigente y que se asegure la plena seguridad jurídica, así como rápida soluciones a las numerosas controversias planteadas, que se dilatan en el tiempo y aparecen como de lejana solución".

La entrega del documento tendrá lugar en la sede del parlamento rionegrino, el lunes, oportunidad en que la comisión interpoderes tratará los problemas que afectan la seguridad en San Carlos de Bariloche, entre ellos los casos de violaciones y ataques sexuales contra mujeres y otros hechos de alto impacto en la opinión pública.

La Comisión Interpoderes está integrada por el ministro de gobierno Diego Larreguy, el presidente del STJ Dr. Luis Alfredo Lutz, la procuradora general Dra. Liliana Piccinini, legisladores y funcionarios policiales.

Esta serie irresuelta de conflictos entre propietarios y ocupantes de campos (habitantes mapuches de las áreas en discusión) ha superado los límites jurisdiccionales del órgano específico que entiende en la "cuestión tierras" de la administración provincial transformándose en un tema de real preocupación para el gobierno provincial en su conjunto.

Según pudo constatar APP, en los últimos meses la cuestión ocupa ahora los primeros lugares de la agenda oficial en base a los informes que fueron elevando productores ganaderos, comisionados municipales, legisladores y otras fuentes.

Otro punto de referencia importante fue la sesión de trabajo realizada en Viedma que congregó a algunos ministros del poder ejecutivo y a los obispos de las diócesis rionegrinas, en cuyo transcurso las ocupaciones forzosas de tierras urbanas y rurales fue unos de los tópicos analizados con especial atención.

El mismo tema volvió a ser considerado después por los ministros de gobierno, Diego Larreguy, de quien depende el CODESI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) que es la autoridad de aplicación de la ley 2287 de defensa del aborígen; el Agr. Juan Accatino titular del ministerio de la producción donde funciona la subsecretaría de tierras y su responsable el Ing. Jorge Belacín y el jefe de la cartera de familia Alfredo Pega.

A los pocos días, en el transcurso de septiembre, los mismos funcionarios -a excepción del ministro Larreguy- quien fue reemplazado por su hermano Alvaro Larreguy, también abogado y director de asuntos jurídicos, recibieron en la Casa de Gobierno a representantes de la Federación de Sociedades Rurales de Rio Negro, de varias entidades agropecuarias, productores y algunos comisionados municipales de Los Menucos, Aguada de Guerra, Maquinchao e Ing. Jaccovacci y legisladores entre quienes se contaba Rodolfo Lauriente (UCR) ex titular del Ente para el Desarrollo de la Línea Sur.

Durante la entrevista que se prolongó por más de cuatro horas consecutivas se pasó prolija revista a todo el panorama que configura las tomas y ocupaciones de campos, habiendo coincidencia por parte de los productores perjudicados que "la situación tiende a agravarse, existiendo fundados temores que a la violencia de los ingresantes ilegales a los predios, se pueda contraponer eventualmente, la violencia de quienes están dispuestos a resisitir ese modos operandis para defender sus propiedades".

Los visitantes -segun confiaron a APP- fueron críticos al accionar de la justicia, considerándose "en un verdadero estado de indefensión". Informaron que la actuación de los fiscales por acción u omisión "consagran las vías de hecho que protagoniza quien ocupa las tierras irrumpiendo sorpresivamente, cortando alambrados, intimando y ejerciendo coacción física sobre los encargados de los establecimientos, impidiendo el ingreso a sus legítimos ocupantes, habiendo casos de quienes de esa manera fueron despojados de tierras y hacienda".

Los productores también cuestionaron algunas actitudes y procedimientos de integrantes del CODESI indicando que "la usurpación y posterior ocupación de tierras y la importancia de los derechos en disputa deben ser dirimidos en las instancias judiciales sin excepciones en el marco de la ley, y no en forma unilateral e indiscriminada, invocando para todos los casos los denominados derechos ancestrales de los pueblos originarios".

Finalmente relataron a APP "que el estado no puede seguir permitiendo el desalojo clandestino e ilegal de la propiedad legítima abonada con títulos perfectos o permanencias antiguas y comprobadas asentadas durante generaciones".

Tampoco estuvo al margen de las deliberaciones, lo que está sucediendo en la vecina provincia de Neuquén donde los entredichos adquirieron mayores proporciones, y el conflicto de antigua data que se exterioriza actualmente en Chile, donde el estado trasandino ha llegado inclusive a reprimir a los grupos ocupantes de campos, que alegan su pertenencia al pueblo mapuche. (APP)

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