Río Negro: Denunció Piccinini que "existe corrupción" en el gobierno provincial.

La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, afirmó hoy en el recinto legislativo que “existe corrupción en el gobierno de la Provincia de Río Negro”, subrayando que a esa conclusión “llegamos a través de un trabajo investigativo, serio y sin descanso, sostenido y refrendado por una importante cantidad de pruebas, brindadas a los jueces y fiscales competentes para analizar la materia penal, todas las constancias documentales que acreditan el mérito de nuestras denuncias”.
Fundamentó que “existen oscuros negocios que tienen que ver con el poder y que deben ser develados”, así como comportamientos “que se podrían asimilar al saqueo de las arcas públicas y que deben ser investigados e individualizados sus autores. Crecimientos patrimoniales desproporcionados y notorios que también deben ser individualizados y castigados con todo el peso de la ley”. Instó a “erradicar las prácticas corruptas ya instaladas en nuestra provincia”. Afirmó que hay que luchar además “para erradicar la impunidad”, porque hay funcionarios en el gobierno “que gozan de impunidad”. Agregó que: “Nadie los denuncia, nadie los investiga, nadie los juzga, son tan poderosos que hasta sus iguales en jerarquía les temen”. Dijo en dos oportunidades que: “Este gobierno debe lograr que la gente se sienta respaldada y a su vez, conformar una reserva de confianza desde los funcionarios hacia los ciudadanos”. Y agregó que “hoy no lo tienen”. Indicó además que "no tenemos ni precio ni miedo".

Denunció asimismo al inicio de su informe que varios funcionarios “han demostrado una actitud reticente y combativa hacia este organismo, negando informes, obstruyendo investigaciones, desconociendo facultades y formulando ataques personales hacia mi, mi familia y trabajadores de este organismo de control”.

Agregó que confuden “el ámbito público con lo privado” y que se tratan “cuestiones de Estado, como si fueran cuestiones de índole familiar o privada”.

Tras señalar que “se ataca a mi persona, y a mi familia, sin tener en consideración que cuando actúo no lo hago a título persona”, indicó que se trata de una afrenta injustificada “de considerable gravedad Institucional”.

Denunció asimismo que “son innumerables los pedidos de informe que jamás hasta la fecha fueron contestados por el Poder Ejecutivo”.

Al referirse a la situación del IPROSS mencionó los casos en que los afiliados han tenido que recurrir a la Justicia Provincial presentando recursos de amparo, y en este sentido respondió a dichos periodísticos del presidente de Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz, quien pidió “hacer un uso racional” de dichos amparos.

Dijo en este que “el ciudadano hace uso del Amparo para reestablecer el orden jurídico en lo que a la satisfacción de su derecho le corresponde” y apeló “a la presencia y al compromiso de los jueces para la solución de las inequidades y los incumplimientos”.

En cuanto al programa de acceso a los medicamentos oncológicos, dijo que “aún hoy no existe claridad y transparencia en lo que a la compra, selección de proveedores, cantidad de personas comprendidas por los programas y oportunidad de las prestaciones se refiere”.

Dudó que el laboratorio Gavazza, a pesar del retiro del registro de proveedores, sea actualmente exproveedora y expresó no conformarle que se le cancelara el contrato a un funcionario de Salud y del IPROSS ligado a dicho laboratorio.

Un capítulo que mereció muchas críticas es el referido a salud pública, enumerando las largas esperas por turno en los hospitales y abandono de los nosocomios –con enumeración de diversas falencias en los más importantes-. Dijo que como resultado de las recorridas “un 99%” de los responsables y trabajadores de los distintos servicios dijo desconocer a la actual ministra Cristina Uría “y a la anterior”. Calificó de “estado deplorable” de los hospitales y destacó “a los trabajadores de ATE” por su tarea.

Sobre el funcionamiento de los Centros de Asistencia Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (C.A.I.N.A.), de la ciudad de Sierra Grande, Viedma, Gral. Roca y Bariloche. También se visitó El Hogar Convivir en Bariloche, Hogar Pagano de Viedma, y P.U.E.T. (Pequeñas Unidades Especiales de Tratamiento) de Gral. Roca, que alojan a jóvenes en conflicto con la ley, dijo que hay “una alarmante situación en relación a las condiciones de habitabilidad de los centros, el acogimiento que se les brinda a los chicos, y del personal que los asiste”.

Indicó que ni el Ministerio de Familia ni el propio Gobernador brindaron respuestas a “las reiteradas notas”, enumeró falencias de infraestructura, abusos en los tratos, hechos de violencia, mal desempeño de funcionarios p{ublicos y traslados injustificados, y dijo esperar que el recientemente creado Consejo de los Derechos del Niño intervenga para brindar “una mayor contención a la situación de nuestros niños en situación de vulnerabilidad”.

En lo que hace a la trata de personas, dijo que la provincia “dejó de ser una provincia de tránsito para ubicarse en lugar de destino de las víctimas del delito” y resaltó “el trabajo llevado adelante por la Jueza Marisa Bosco, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 30 de Choele Choel, quien investiga este delito como así también la vinculación de jefes policiales con los propietarios de los locales nocturnos”. Explicitó que “la investigación la Dra. Bosco habría profundizado la extensión de esta vinculación a otros Jefes Policiales a cargo de otras comisarías radicadas en distintos lugares de la provincia”.

Recordó que en el informe anterior señaló que “existían protección por acción o por omisión de las autoridades civiles y policiales hacia los malos policías” y afirmó que las últimas noticias “confirman un año después la gravedad de la denuncia realizada por esta defensora”.

Dijo enfáticamente que “no existe subordinación de la fuerza a la autoridad civil” y que es hora de la “mani puliti” en la policía.

Sobre las políticas de Acción Social expresó que está “desarticulada, carente de objetivos claros, con alto grado de burocratización, con los presupuestos y cantidad de recursos humanos y físicos superiores a cualquier otra época, pero con resultados absolutamente negativos frente a las problemáticas que afectan a los distintos grupos etarios de nuestra sociedad”.

Afirmó que “si ese asistencialismo, además, se manipula con fines políticos o electorales estamos frente a una situación doblemente repudiable por el uso y abuso de los recursos y bienes del Estado en beneficio de otros intereses que no son los de la comunidad rionegrina”.

Sobre la situación de la policía, expresó que “es lamentable” y recordó que solicitó la desafectación preventiva del jefe de Policía, Víctor Cufré, por su vinculación con la supuesta salida irregular el 31/12/07 del imputado Juan Manuel Aguirre imputado detenido en la causa por el homicidio de Ana Zerdán.

Indicó que hay denuncias de corrupción policial y que las demandas en este sentido sólo merecieron “el silencio” de las autoridades, señalando no obstante que las informaciones e investigaciones administrativas en este “serán puestas a disposición del Fiscal de Turno a efectos de que se proceda a una investigación en sede judicial”.

Enumeró falencias de infraestructura y equipamiento policial e instó a una revisión de las practicas policiales y judiciales. Aseveró que al no desafectarse del servicio al Jefe de Policía como requirió “las irregularidades se profundizan y agravan”.

“Estamos ante una Policía conducida en forma personalista y absolutamente discrecional, tanto en lo que hace al accionar interno como externo de la fuerza”, puntualizó.

Dijo además que el Jefe de la Fuerza “no se referencia, es decir no responde a sus jefes constitucionales y legales”, no muestra “apego a las normas de nuestro estado de Derecho ni a los principios de ética y moral que rigen el desenvolvimiento de su accionar” y las cuestiones personales del Jefe de la Policía “se imponen sobre la corrección y el decoro que exige su investidura”.

Sobre los reclamos por el 82% móvil, advirtió “la grosera contradicción que significa negar a los rionegrinos el 82 % móvil de sus haberes provisionales, plasmados en la propia Constitución, alegando la existencia de un Convenio de rango inferior en la pirámide jurídica, en todo caso modificatorio de derechos constitucionales y que debería ser denunciado por los propios jueces, últimos intérpretes y guardianes de la constitución provincial”.

Insistió “en la contradicción de los mismos jueces que utilizan como argumento la imposibilidad de la provincia de legislar en materia previsional por imperio del Convenio, están promoviendo la sanción de una ley provincial que les permita acceder al 82 % móvil de sus haberes al jubilarse, en idéntico sentido que los jueces federales, sin tope. Ello a través de la ratificación legislativa de un Convenio celebrado entre la provincia y el Gobierno nacional”.

Explicitó que “esta defensora del Pueblo alienta el 82 % móvil para los jueces y funcionarios judiciales, pero con la misma fuerza y la misma convicción que para el resto de los trabajadores”.

En cuanto a la situación educativa indicó que en los reclamos vinculados a las problemáticas edilicias “las respuestas, en algunos casos, fueron adecuadas disponiéndose la ejecución de obras de mantenimiento”, pero “aún se encuentran pendientes de resolución aquellas demandas que requieren, por su envergadura, mayor asignación presupuestaria para su puesta en ejecución”.

Sobre mantenimiento, señaló que “siempre se trabaja sobre la coyuntura. Tanto las reparaciones como el funcionario que las ordena, no evidencian indicios de una acción programada”. Enumeró otras falencias y las demandas de los trabajadores, tanto docentes como de distintas áreas de servicio.

Indicó que el casi millar de edificios públicos de la provincia de Río Negro “requiere de una organización especial que permita tener un mapa actualizado de su estado edilicio y patrimonial y pueda planificarse su mantenimiento, refacción, ampliación y control de tareas, con la consecuente mejora en la eficiencia de los trabajos y ahorro en las inversiones”.

Señaló que: “Seria muy provechosa la creación de una división de control y fiscalización de gestión del propio Ministerio, con la finalidad de constatar el cumplimiento de todas las directivas, salvo que ya esté funcionando, pero de ser así el resultado es marcadamente negativo”.

En cuanto a la publicidad oficial, indicó que “consideramos que no existe una real transparencia con respecto a los manejos de los fondos que tienen que ver con la publicidad oficial; de acuerdo al trabajo que estamos realizando podemos afirmar que existe por parte del gobierno un reparto de los fondos discrecional”.

Advirtió que “existen cuentas para publicidad oficial en las empresas públicas y me los ministerios, además de lo presupuestado para la Secretaría de Medios de Comunicación; abultados fondos y tanta dispersión nos llevan a profundizar la investigación”.

Al criticar el financiamiento de empresas públicas que no tienen actividad concreta, dijo que esto demuestra “que el dinero está, que el problema de déficit en las áreas vitales del Estado no está en el ingreso sino en su distribución. El Gobierno prefiere mantener a una empresa que no funciona (como Hiparsa o como Sapse) indefinidamente en liquidación, con dineros públicos que distrae en detrimento del cumplimiento de otros servicios públicos esenciales como la salud, la educación, la vivienda”.

También recordó que solicitó verificación de presunta infracción a la Ley de Etica Pública, por parte del Legislador Daniel Sartor, presentado en octubre de 2008 ante la Presidencia de la Legislatura Provincial.

“De la investigación llevada cabo por este organismo de control, documentación fehaciente, constataciones realizadas, surgió en principio la configuración de un incremento desproporcionado en el patrimonio del legislador Daniel Alberto Sartor y su grupo familiar”, afirmó.

Indicó que la denuncia derivó en una instrucción elevada a consideración y análisis de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y está la espera de los resultados, por eso no hizo todavía una denuncia penal.

En cuanto al manejo de pasajes oficiales por parte del Ministerio de la Familia advirtió “un gasto exagerado, desmedido e injustificado que no se correspondería con la realidad, ni con las necesidades del Estado ni de la población supuestamente asistida”.

Destacó que “entre los meses de Enero a Septiembre del año 2008; se contrataron empresas del rubro por una suma que supera el millón seiscientos mil pesos. Vale decir que, al valor de plaza de un pasaje Viedma – Buenos Aires, dicho Ministerio habría adquirido unos 9.600 pasajes; lo que equivale a decir que alrededor de 30 personas habrían viajado por día en dicho período”.

Sobre la causa Flavors y la provisión de alimentos preelaborados afirmó que es la “más importante de los últimos años en la provincia de Río Negro, la que comenzó con un pedido de investigación a la empresa proveedora y terminó con el convencimiento de esta Defensora de que existen funcionarios públicos de primer nivel involucrados en la maniobra de corrupción más despreciable de la historia de la provincia de Río Negro”.

Enfatizó que: “Se hicieron negocios con la comida de nuestros niños y de las familias más necesitadas, comprometiendo al extremo su salud dado que la pésima calidad de los alimentos está probada”.

Ratificó Piccinini las denuncias que llevaron a dar de baja del listado de proveedores a la empresa Flavors cuya planta funcionaba en General Conesa. Afirmó que están probados que Flavors es una empresa de dudosa solvencia moral, que la empresa ha realizado un sin número de irregularidades y declaraciones juradas falsas que podrían estar rayanas en hechos ilícitos; que tiene una una dudosa solvencia económica, atento el capital mínimo con el que está constituida y que ha entregado productos de certificada mala calidad por reconocidos institutos Privados y Públicos, los cuales en forma repetitiva, independiente y consonante, plasmaron su negativa respecto de la aptitud para el consumo humano.

Ratificó en el parlamento además que Río Negro no controla niveles nutricionales, que no se sabe aún la proveniencia de la materia prima que utilizaban en Flavors para elaborar / fraccionar productos, que los productos de la empresa no se hacen en San Luis, que los productos licitados tampoco se producen en General Conesa, que tampoco se producen en Mendoza, y que Flavors también falsifica en los rótulos de los productos que entrega la inscripción respecto del Número del R.N.P.A. Afirmó que las plantas del grupo al que pertenece Flavors en Mendoza están cerradas y en San Luis sólo producen caldos.

Indicó que en este caso le preocupa sobre todo “la ruta de los alimentos”, el origen de las materias primas, “y la ruta del dinero”.

Dijo que primero pensó que Flavors estafaba al Estado, pero con su investigación ahora tiene el convencimiento que hay funcionarios que “han encubierto y han cometido acciones que tienen que ver con esta defraudación”.

Destacó que lo más importante “es que logramos que los chicos vuelvan a comer sano” y que ahora, como tarea del doctor Pedro Funes, “es buscar a las responsables” de la defraudación y las irregularidades. Dijo que a pesar de estar cuestionado, espera que Funes “tenga las agallas” para avanzar y dar una resolución a la causa.

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